El Consejo de Derechos Humanos aprobó este viernes, 7 de octubre, extender el mandato de la Misión de la ONU para continuar la investigación por crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
En ese sentido, la resolución se abrobó con (19) votos a favor, (5) en contra y (23) abstenciones.
Diversas ONG han abogado para que este mecanismo siga trabajando en el país por los próximos dos años.
Recientemente, la Misión dejó en evidencia la política que ha empleado el Estado venezolano para reprimir y torturar a la disidencia.
Los expertos aseguraron que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son los brazos ejecutores de tratos crueles contra presos políticos.
-CONTUNDENTE INFORME DE LA ONU
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela dio a conocer su último informe en una rueda de prensa en la que señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
En el informe, la Misión insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Según un comunicado de prensa de la Misión, el informe “ofrece un análisis detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.
La Misión asegura haber documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.
La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
Y añade que las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.
