Economistas advierten que además de que la indexación del salario al dólar, en realidad, no tiene la capacidad de mejorar o estabilizar el poder de compra de las personas, no es viable en contextos de economía inflacionaria y tipo de cambio inestable, como ocurre en Venezuela.
2023 ha sido un año marcado por protestas laborales en las que los trabajadores del sector público han exigido al gobierno nacional un aumento del salario mínimo, ante la pulverización del poder adquisitivo propia de una economía inflacionaria.
Algunas fracciones sindicales y especialistas han propuesto – y solicitado – la indexación del salario al dólar como una alternativa para sobrellevar el avance de la inflación y mejorar la capacidad de compra de los trabajadores.
Representantes del oficialismo también han puesto esta alternativa sobre mesas de negociación como el Foro de Diálogo Social donde también participan Fedecámaras, Gobierno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero economistas advierten que además de que la indexación del salario al dólar, en realidad, no tiene la capacidad de mejorar o estabilizar el poder de compra de las personas, no es viable en contextos de economía inflacionaria y tipo de cambio inestable, como ocurre en Venezuela.
Por el contrario, de aplicarse en el contexto económico actual del país, podría ser la puerta de regreso a la hiperinflación.
¿Qué es la indexación del salario al tipo de cambio?
En principio, la indexación salarial consiste en ajustar los salarios en función del porcentaje de inflación real, o esperado. Por ejemplo: si en tres meses hubo una inflación del 10%, habrá un aumento salarial de 10% a partir del cuarto mes.
Otro ejemplo: Si el dólar está a 20 bolívares al tipo de cambio oficial, pero pasa a 22 bolívares (un aumento del 10%), en lugar de pagar 130 bolívares de salario, el Gobierno debería pagar 133 bolívares, que es el 10%.
Este no es un incremento salarial en sí, y el Estado tendría que establecer la periodicidad de esa indexación: mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.
“La indexación del salario al dólar no sirve para incrementar las remuneraciones, pero podría ayudar a recuperar el poder adquisitivo que se pierde en contextos de inflación baja, que no es el caso de Venezuela. Cuando hay inflación baja en países donde hay contratos colectivos obreros, en el cual se estipula que haya aumentos de acuerdo con la variación del porcentaje de inflación, se recupera parte del poder adquisitivo perdido”, explicó Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).
“Aunque es viable, posible, y otros países hayan hecho algo similar, la indexación es una mala idea en contextos de alta inflación, y donde el Estado no tiene límites para la emisión de dinero sin respaldo”, puntualizó.
El dinero emitido perderá todo su valor porque no hay una producción nacional que sustente el gasto público y generará una pirámide inflacionaria.
“No importa si el gobierno indexa los salarios quincenalmente, aun así hará trampa y habrá ilusión monetaria, el poder adquisitivo no lo vas a recuperar. Te doy más ceros en el salario nominal, pero eso no se traduce en poder de compra”, manifestó Sutherland.
Estabilidad cambiaria en lugar de indexación
Por su parte, el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica «Andrés Bello», Ronald Balza, manifiesta que lo que el Gobierno debe procurar es la estabilidad cambiaria en lugar de la indexación del salario.
“Hay que pensar que la causa de que el salario se diluya es la devaluación y la indexación no es la solución. En los países donde hay estabilidad cambiaria, si se indexara el salario al tipo de cambio, los salarios no podrían subir hasta que hubiese una devaluación, y si suben es para garantizar el mismo poder de compra, y no más”, explicó.
Para el economista César Aristimuño, director general de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, es importante que se introduzcan en el debate de si se indexa o no el salario, temas como la necesidad, por ejemplo, de una reforma integral de la Administración Pública.
Igualmente, se debe considerar un programa de privatizaciones de empresas hecho con transparencia y eficiencia, revisar la estructura organizativa del Gobierno y generar programas de capacitación con miras a promover la transferencia de mano de obra a la empresa privada y la promoción del emprendimiento como opción de empleo, como alternativas al empleo público, enumera el economista.
Fijar escalas salariales o indexar el salario sin tomar en cuenta la situación real del aparato económico nacional es prolongar y, posiblemente, profundizar la precarización salarial, señala Aristimuño.
En opinión de César Aristimuño, es importante que los salarios aumenten en función de la dinámica del crecimiento de la economía, lo que no significa que no existan políticas compensatorias eficaces para enfrentar el drama social de los menos favorecidos. Nadie niega que es esencial que las remuneraciones mejoren en un contexto económico como el que tenemos actualmente.
Sin embargo, lo que preocupa es que el debate se vuelve a centrar en el monto del salario mínimo y no en cómo lograr que sea sostenible. «Un ajuste salarial, principalmente en el sector público, debe cuidar que no afecte o incida en una mayor presión inflacionaria y en un aumento en el tipo de cambio, recordemos que la mayor incidencia en estos dos indicadores es de carácter monetario», apunta.
“La indexación no logra la justicia social”
Los especialistas resaltan que, antes de proponer una indexación del salario al dólar, es importante estudiar las experiencias de otros países.
Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, sostiene que la indexación del salario debería ser, a lo sumo, un mecanismo transitorio. Pero, concuerda en que cuando se aplica en economías vulnerables e inestables, se corre el riesgo de desatar una espiral de costos y precios.
“Hay que sentarse a estudiarlo para saber si se aplicaría con respecto a la inflación pasada, la inflación esperada, con qué frecuencia y qué implicaciones tiene para la economía, sea sus costos, o proceso de reanimación, porque se corre el riesgo de entrar en recesión, con lo cual se debilita la capacidad empleadora, y si ya de por sí el marco legal laboral es poco flexible y poco propiciador de la productividad, pues tanto mayor, tiene muchísimas exigencias la indexación”, argumentó Herrera.
Venezuela lleva al menos 10 años en inflación, y el Estado ha empleado el control artificial del tipo de cambio y el financiamiento del déficit fiscal casi como estrategia única para enfrentarlo toda vez que el problema de fondo es la falta de producción, falta de productividad, la emisión de dinero sin respaldo, y los gastos excesivos del Gobierno, que son mucho más altos que sus ingresos.
Desde hace una década los especialistas proponen la misma receta para superar la crisis económica, que el Estado se empeña en ignorar: estimular la producción y productividad y disminuir los gastos inútiles o improductivos del Gobierno.
“Algunos defienden la indexación como si fuera un mecanismo capaz de traer justicia social pero no lo es, va en detrimento de la sostenibilidad de un proceso de recuperación o de un proceso de estabilidad misma. Es riesgoso y no debería ser ensayado”, concluyó la economista.
