La violencia era un tema en la agenda electoral en Ecuador, pero el asesinato este miércoles del candidato Fernando Villavicencio marca un punto de inflexión y ahora tiñe toda la campaña presidencial hacia las elecciones del próximo 20 de agosto.
Villavicencio fue asesinado a tiros tras un mitin en Quito justo antes de meterse en su camioneta.
De todos los escenarios electorales posibles que pronosticaban los analistas, este no aparecía en las quinielas, a pesar del crecimiento exponencial de la violencia o del discurso del propio Villavicencio, que aseguraba que el país se había convertido en un “narcoestado” y decía públicamente haber recibido amenazas de muerte de “grupos criminales”.
“La frontalidad de Villavicencio pisaba los callos de muchos implicados con el crimen organizado y sus grandes negociados a través del Estado”, sostiene en diálogo con BBC Mundo Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador.
A su juicio, tiene una secuencia lógica en la escalada de la violencia. Si en 2021 la tasa de homicidios fue de 13 por cada 100.000 habitantes, en 2022 subió a 22,6 y por la tendencia que lleva el país se espera que en 2023 alcance los 40 por cada 100.000 habitantes.
Aunque el del miércoles no es un homicidio cualquiera, claro. Viene con mensaje.
“Este asesinato es un mensaje político de lo irregular, del miedo”, dice Pedro Donoso, analista político y director general de la consultora Icare Inteligencia Comunicacional.
Y para Córdova muestra “no solo la influencia del narcotráfico, sino de las economías criminales, mucho más diversas en el país”.
Pero aunque este mensaje ahora se ha escuchado alto y claro, no es la primera vez que suena.
“Los criminales no operan solos”
El de Villavicencio es el último de una serie de ataques contra políticos del país que, cuenta Donoso, empezaron en 2020 con el asesinato de Patricio Mendoza, candidato en las elecciones legislativas del año siguiente.
2023 está siendo más cruento. En mayo atacaron a Luis Chonillo, alcalde de Durán. Y hace solo unas semanas asesinaron a Agustín Intriago, alcalde de Manta, el político mejor valorado del país y, según los analistas, con una proyección política a futuro.
“Con el primer asesinato (de Mendoza) recuerdo pensar que el país se nos iba de las manos. Decíamos que nos íbamos a convertir en Venezuela y esto ya no entra, porque ya somos la Colombia de los 80 y los 90”, remarca Donoso.
El experto hace referencia al recurrente mensaje de miedo de algunos sectores políticos de que Ecuador podía a terminar en una crisis tan profunda como la que vive Venezuela desde hace años, algo que se ha repetido en campañas electorales de muchos otros países.
En cambio, según Donoso, la violencia actual se asemeja a grandes rasgos a la que vivió Colombia por el narco hace 40 años.
El país ahondó en la escalada violenta el 23 de julio pasado, cuando Intriago fue asesinado a tiros.
“No le dimos la importancia política que se merece al asesinato del alcalde de Manta. Es el asesinato de un representante del Estado. Eso nos debió haber dicho que habíamos perdido cualquier nivel, los papeles”.
Son los ecos más sonoros de un problema que se extiende por todo el país, con principal resonancia en la costa y un fuerte foco en Guayaquil, el principal puerto y con tentáculos en varias escalas.
“Los criminales no operan solos, lo hacen con la connivencia de los agentes de seguridad a todo nivel”, acusa Luis Córdova.
Para este analista experto en seguridad, el asesinato de Villavicencio es “producto de la torpe y necia guerra contra las drogas, en la que se sigue militarizando la seguridad pública, se tolera la infiltración del narco en las Fuerzas de seguridad del Estados, jueces, fiscales…”.
Los factores del narco
La creciente importancia de bandas criminales asociadas al narcotráfico en Ecuador se debe a varios factores.
Uno es el cambio en la “geopolítica de la cocaína” tras los acuerdos de paz de Colombia en 2016 que, junto a la falta de política conjunta con Ecuador en este aspecto, “hace que la guerrilla y las FARC penetren en Ecuador”, dice Córdova.
Para el analista otro factor es la degradación institucional y policial, “la degradación del poder, la instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado y que esto facilitó las redes de extorsión para privilegiar ciertas organizaciones del narcotráfico a cambio de información”.
Entre 2013 y 2017 cobró fuerza una banda conocida como Los Choneros, pero el asesinato de su líder, Jorge Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”, hizo que hubiera una atomización de las bandas criminales, lo que influyó en la expansión de la violencia.
“Otra de las razones es la política de desinversión y desmantelamiento del Estado, donde se reduce el presupuesto para las cárceles, por ejemplo, y esto aumenta la violencia”, remarca Córdova.
“Estamos en un ecosistema homicida que facilita esta escalada de violencia criminal. No puede haber convivencia pacífica en la sociedad si no se usan recursos del Estados para la inclusión”.
Y por último, señala que actualmente hay “una absurda fórmula en la guerra contra las drogas y estas bandas, pero no se cortan los flujos de dinero sucio que mueve el narco. Y si no se corta esto, no se resuelve nada”.
Las consecuencias en la campaña
Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber en qué modo afectará a la campaña presidencial el asesinato de uno de los candidatos.
“Antes me preguntaban qué podía hacer que todo cambiara radicalmente y no tenía la capacidad de visualizar un evento como este. Pero sin duda es un punto de inflexión y las encuestas que había hasta ahora no sirven de nada. Esto trastoca absolutamente todo”, dice Donoso.
“La violencia es un gran elector que no está en la papeleta”, dice.
Hasta ahora las encuestas daban un alto grado de indecisos, 40 %, que pueden inclinarse a un lado u otro del espectro político en función de los últimos acontecimientos.
Según las encuestas hechas hasta ahora, a la cabeza se posicionaba la candidata del movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017), Luisa González (Movimiento Revolución Ciudadana), seguida de Otto Shoneholzner, quien fue vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno, el candidato indígena Yaku Pérez, el fallecido Villavicencio y Jan Topic, empresario.
“Un acto de violencia como este en Quito, donde antes no habían experimentado actos de violencia criminal a este nivel, puede provocar miedo en las clases medias y fortalecer propuestas bukelistas, porque puede posicionar en el electorado la idea de que es un candidato de mano dura el que debe ganar la presidencia”, opina Córdova.
Y hace alusión a Topic, un outsider de esta contienda que ha mantenido un discurso enfocado en la inseguridad al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
No tienen tan claro los analistas cómo podría beneficiar o perjudicar a González.
“Revolución Ciudadana puede hábilmente construir un framing (marco de mensaje en política) en el que digan que ‘esto [la violencia] con nosotros, el correísmo, no sucedía’”, observa Donoso.
Pero también remarca que hay otro escenario en que este evento puede perjudicarles: “Porque Fernando Villavicencio era el más radical del anticorreísmo”.
También habrá que esperar qué candidato se pone en reemplazo de Villavicencio, su discurso y a dónde apunta.
Un mensaje de miedo
Tras el asesinato de Villavicencio surgieron comparaciones con el del candidato presidencial Luis Carlos Galán en Colombia en 1989. En su funeral, se pidió el voto por César Gaviria, quien luego resultó ganador.
“Hay un paralelismo, sin duda. También ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón (México), cuando crecieron de modo estratosférico los asesinatos contra políticos. Y hay una lógica en este tipo de asesinato político: la de prevenir o provocar un cambio en la política, en los valores, en la percepción del electorado”, dice Córdova.
Para Donoso, hay un desafío claro con este “hecho nefasto”: el de comprender la multidimensionalidad de la violencia en Ecuador entendida como la degradación de la sociedad.
“El tejido social de Ecuador está quebrado y la violencia es el camino que toma, porque el Estado no administra las tensiones sociales. Ahí permea la violencia”.
El presidente Guillermo Lasso decretó 3 días de luto por el asesinato de Villavicencio, pero mantuvo la fecha del 20 de agosto para las elecciones.
Donoso aprueba que no se frene la campaña: “La respuesta del Estado no puede ser la paralización. Esto no puede cambiar el rumbo de la democracia. Hacerlo es darle la razón a los violentos”.
