Tras la cooperación del Gobierno español en la salida forzada de Edmundo González de Venezuela, Estados Unidos solicita ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez que refuerce las sanciones contra el régimen de Maduro, con especial énfasis en la restricción de viajes y la congelación de activos de los altos cargos. Estas medidas de presión son consideradas clave para avanzar hacia una transición democrática. Asimismo, Washington solicita que España utilice su influencia para fomentar un diálogo entre el régimen y la oposición, apoyar la liberación de presos políticos y continuar brindando asistencia humanitaria a los venezolanos tanto dentro como fuera del país.
Según el subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols: «Es fundamental que se implementen medidas de presión como la restricción de viajes a los miembros del régimen y la congelación de activos, para garantizar que se respeten los derechos humanos y se avance hacia un proceso electoral transparente. Además, utilizar su influencia para fomentar el diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición democrática es importante, así como alentar la liberación de presos políticos y apoyar a las comunidades venezolanas desplazadas. La coordinación internacional es clave para lograr una transición democrática en Venezuela».
Desde el punto de vista de la diplomacia estadounidense, España puede hacer más en lo que respecta a las restricciones de viajes. El Gobierno español permitió en 2020 el aterrizaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Madrid, a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea que prohibían su entrada al espacio Schengen. Este episodio subraya para EE.UU. la necesidad de que España aplique de manera más estricta las sanciones existentes y mantenga una postura firme ante el régimen de Maduro, en línea con los esfuerzos internacionales para promover un cambio democrático en Venezuela.EE.UU. ha congelado activos venezolanos en España e invita a este país a hacer lo mismo. Por ejemplo, Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma, acordó con la fiscalía de Estados Unidos entregar un bloque de edificios cerca de la Plaza de España en Madrid como parte de una restitución por su participación en una trama de lavado de dinero relacionada con Pdvsa. Además, Vuteff deberá pagar 4 millones de dólares. El caso es parte de una investigación más amplia sobre empresarios venezolanos que utilizaron España como centro para blanquear fondos a través de propiedades e instituciones financieras.
Nichols, el diplomático norteamericano, se reunió en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. Según Nichols, discutieron sobre la necesidad de que Maduro haga públicas las actas de las elecciones del 28 de julio de 2024, que Estados Unidos y otros países han calificado como fraudulentas. En esas elecciones, el gobierno de Maduro declaró su victoria, pero según EE.UU., Edmundo González ganó con una clara mayoría de votos. González fue posteriormente obligado a abandonar Venezuela bajo coacciones de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. En dicha reunión entre los líderes de la dictadura y González, estuvo presente el embajador español en Venezuela, Ramón Santos.
EE.UU., dijo Nichols, está evaluando más opciones en cuanto a sanciones individuales y la revocación de licencias relacionadas con sanciones sectoriales para Venezuela. Estas medidas, señaló, se están considerando en colaboración con aliados internacionales, buscando actuar de manera prudente. El objetivo, añadió, es ejercer presión de manera efectiva para fomentar el diálogo entre las partes en Venezuela y garantizar que se respeten los resultados de las elecciones. Hasta el momento, desde las elecciones fraudulentas, solo se han aplicado sanciones individuales, mientras que las petroleras internacionales continúan operando en Venezuela sin restricciones significativas.
