Una Corte Federal del Sur de Florida (EEUU) ha implicado a un sobrino de la esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la red de exfuncionarios y empresarios acusados blanquear en España unos 200 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA para los hijastros de Maduro mediante operaciones fraudulentas. Entre ellas, la compra de un hotel en Madrid por unos 15 millones de euros en marzo del año 2016, según documentos del caso a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Se trata de Carlos Erik Malpica Flores, conocido como el sobrino favorito de la primera dama venezolana, Cilia Flores. La Administración de Joe Biden le sacó recientemente de la lista de exfuncionarios venezolanos sancionados en EEUU por el saqueo de PDVSA, donde trabajó como vicepresidente y director interno de Finanzas entre 2014 y 2016. La Fiscalía estadounidense le señala como uno de los responsables del esquema de conversión de divisas que generó cientos de millones de dólares en ganancias a funcionarios venezolanos y sus socios, acusados en la Corte Federal del Sur de Florida de conspiración para blanquear hasta 1.200 millones de dólares obtenidos ilegítimamente, según ha revelado el diario El Nuevo Herald de Miami.
Los investigadores apuntan que Malpica Flores habría autorizado pagos a la red corrupta tras la salida de Rafael Ramírez de la presidencia de PDVSA, en 2014. Entre los acusados en la misma causa se encuentra José Vicente Amparan, alias ‘Chente’, uno de los accionistas y administradores de la mercantil Columbus One Properties SL, radicada en España, según un escrito de la Fiscalía de EEUU al que ha tenido acceso este diario. Se trata de la empresa utilizada por esta trama para blanquear dinero en España en favor de los hijastros de Maduro y el vehículo societario empleado para comprar el Hotel Torrelaguna en Madrid, según informes de la UDEF remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón en el marco del ‘caso PDVSA‘ en España.
Blanqueo, hoteles y un avión
El escrito de la Fiscalía de Estados Unidos detalla presuntas pruebas de que Amparan, junto a Hugo Gois, Carmelo Urdaneta y otros de los acusados, usaron testaferros con el objetivo de «ocultar dinero para los hijastros» de Nicolás Maduro: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. Los investigadores estadounidenses tienen en su poder la grabación de una reunión mantenida entre Amparan, Urdaneta y Gois en las oficinas de Colombus One Properties en Madrid, el 1 de marzo de 2017, en la que tramaban una operación para el «lavado» de dinero.
En otra reunión grabada, el 11 de diciembre de 2017, Gois explicaba que Colombus One Properties SL era el «frente principal de la operación de lavado» mediante la emisión de falsos bonos convertibles. El mismo esquema del que se hace responsable al sobrino de Cilia Flores y Maduro, Carlos Erik Malpica Flores. Además, el escrito de la Fiscalía de Estados Unidos apuntaba a una operación para realizar un pago de 300.000 euros en España por la compra de un avión que estaba siendo investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Antes de trabajar como vicepresidente y director de Finanzas de PDVSA, Malpica Flores ejerció como Tesorero de la Nación en Venezuela entre 2013 y 2016. Un cargo en el que sustituyó a Claudia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Hugo Chávez y recientemente extraditada por la Audiencia Nacional de España a Estados Unidos, donde está acusada de soborno y lavado de dinero.
EEUU le retiró las sanciones
Tras revelarse la presunta implicación de Malpica Flores en el saqueo a PDVSA, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio ha solicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le vuelva a incluir en la lista de exfuncionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano. Una lista negra en la que el sobrino de la esposa de Maduro estaba incluido desde 2017.
Como parte de las sanciones, tenía todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y se le prohibía efectuar transacciones financieras con EEUU. Sin embargo, Biden le excluyó de esa lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el pasado mes de junio, como parte de las medidas para intentar reactivar el diálogo entre Maduro y la oposición venezolana, y también para facilitar las negociaciones entre Chevron y PDVSA para permitir que la petrolera estadounidense obtuviese una licencia ampliada para poder operar en Venezuela.
