Estados Unidos seguirá con su política de duras sanciones al régimen de Venezuela mientras el dictador Nicolás Maduro no ponga en marcha acciones concretas de cambios hacia una democracia verdadera, adelantó este miércoles el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia norteamericana tuvieron lugar a menos de dos semanas de que Venezuela excarcelara a siete presos estadounidenses a cambio de que Washington liberara a dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, que permanecieron detenidos dos años por condenas de narcotráfico.
El intercambio de presos representó un inusual retroceso en las hostilidades entre ambos países, después de meses de negociaciones diplomáticas.
La administración del presidente Joe Biden continuó con la política implementada por el anterior gobierno del mandatario republicano Donald Trump, sancionando al sector petrolero de Venezuela y a funcionarios relacionados con Maduro.
Tras el intercambio de presos, algunos analistas pensaron que se podría crear espacio para que las sanciones fueran relajadas, pero Blinken dijo que una revisión de la política sólo será posible si Maduro avanza en un diálogo con la oposición política venezolana para convocar a elecciones libres y transparentes.
“Nuestra política no ha cambiado y continuaremos implementándola”, expresó el secretario de Estado norteamericano en una mesa redonda con un puñado de periodistas hispanos. “Lo que estamos buscando es que el régimen (de Maduro) vuelva de manera genuina a dialogar y, en última instancia, a negociar” en México con la oposición para “acordar elecciones libres y justas en 2024″, dijo.
Explicó también que las sanciones podrían ser revisadas y si fuera necesario recalibradas si se ve más represión, en lugar de progreso.
Estados Unidos señaló la semana pasada que la decisión de liberar a dos sobrinos de la esposa del dictador venezolano a cambio de siete estadounidenses fue “difícil” y “dolorosa” tras un proceso de negociación “duro” entre las partes para lograr la excarcelación de sus nacionales.
“Es nuestro deber garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, por lo que seguiremos trabajando incansablemente para traer a casa a otros estadounidenses tomados como rehenes y detenidos injustamente en el extranjero”, declaró un alto funcionario estadounidense en rueda de prensa.
Cinco de estos estadounidenses son antiguos directivos de la petrolera Citgo Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Pereira, quienes fueron detenidos en noviembre de 2017. Citgo, filial de la estatal PDVSA, está controlada por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, el dirigente opositor Juan Guaidó.
También fue liberado Matthew Heath, un antiguo marine de Tennessee detenido en 2020 en Venezuela por supuestos delitos relacionados con armas, mientras que Osman Khan, originario de Florida, fue detenido en enero por entrar ilegalmente en el país desde Colombia.
Los dos excarcelados por Washington, en unas negociaciones “directas” entre ambos países, son Franqui Flores y Efraín Antonio Campo Flores, condenados a 18 años de cárcel en Estados Unidos, de los cuales han cumplido siete.
Por su parte, la semana pasada el diario The Wall Street Journal informó que el gobierno norteamericano está preparando un ajuste en las sanciones impuestas al régimen de Maduro, con la intención de permitir a Chevron Corp reanudar sus operaciones en el país caribeño.
Según indicó ese medio, la medida podría allanar el camino para una posible reapertura de los mercados de EEUU y Europa a las exportaciones de petróleo venezolano.
El medio señala que “a cambio del importante alivio de las sanciones”, el dictador de Caracas reanudará las conversaciones suspendidas el año pasado con la oposición venezolana en las que se discutían las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas en 2024.
“Estados Unidos, el gobierno de Venezuela y algunas figuras de la oposición venezolana también han llegado a un acuerdo que liberaría cientos de millones de dólares en fondos estatales venezolanos congelados en bancos estadounidenses para pagar las importaciones de alimentos, medicinas y equipos para la maltrecha red eléctrica del país y sistemas de agua municipales”, señala el texto.
