Departamento de Estado de EEUU ofreció este jueves 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente cubana y uno de los hombres fuertes del chavismo.
Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.
Las acusaciones de los fiscales en Miami y Nueva York, que incluirán cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, serán anunciadas en una conferencia de prensa por el fiscal general de Estados Unidos William Barr el jueves, según los cuatro, quienes hablaron bajo condición de anonimato a discuta las acusaciones antes de su apertura.
La acusación de un jefe de Estado en funcionamiento es muy inusual y está destinada a aumentar las tensiones entre Washington y Caracas, ya que la propagación del coronavirus amenaza con colapsar un sistema de salud y una economía dependiente del petróleo que se hundió en el suelo por años de corrupción y de Estados Unidos.
Según la acusación dada a conocer en rueda de prensa por el fiscal general, William Barr, Maduro “ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico” en la región.
Barr ha afirmado que “bajo la dirección de Maduro sus oficiales negociaron tratos de drogas” con la extinta guerrilla de las FARC, “uno de los mayores productores de cocaína en todo el mundo”.
Además, ha acusado a Maduro y sus socios de “usar la cocaína como un arma” contra la potencia norteamericanos. “Ha inundado Estados Unidos de cocaína”, ha aseverado el jefe del Departamento de Justicia.
Así, Maduro, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y presidente de la Asamblea constituyente, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el ex director de Inteligencia militar Hugo Armando Carvajal han sido acusados de “narcoterrorismo”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, ha sido acusado de “blanqueo de capitales” a escala internacional y de “conspiración”.
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