Donald Trump ha dicho más de una vez que la única forma de emigrar a Estados Unidos y evitar la deportación es hacerlo por la vía legal. Pero ni siquiera eso es un freno para él. Este martes, 532.000 venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que entraron legalmente al país durante la Administración de Joe Biden se convertirán en indocumentados. El Gobierno de Estados Unidos suprimirá el estatus legal conocido como parole humanitario y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les dan unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Desde que Trump llegó al poder hacer dos meses, ningún migrante puede estar tranquilo. El parole humanitario -previsto para países en situación de conflicto o crisis social, político o económica- comenzó en 2022 y blindaba a los beneficiados de la deportación. La mayoría podía tramitar una extensión del permiso cuando vencía o solicitar otro tipo de estatus o asilo para permanecer en Estados Unidos. Hasta el 22 de enero, se le había concedido a medio millón de personas a los que ahora el presidente considera “inadmisibles”.
Detrás de los número están la vida de familias y personas que lo dejaron todo atrás para llegar a un país que les abrió la puerta y ahora los considera indignos de seguir en él. Unos planean irse para evitar el riesgo de una detención, otros pretenden esconderse, algunos se encomiendan a los jueces para que frenen este nuevo atropello contra la migración y los hay que ni se plantean la idea de regresar a su país.
“El mundo se nos ha vuelto pequeño a los venezolanos”
Venezolano, 39 años
La historia de Carlos (que prefiere no decir su nombre real) es la de un inmigrante venezolano con dos países de llegada. El primero fue Chile, hace siete años, al que emigró con su esposa y su primer hijo. Allí trataron de echar raíces. Tuvieron una niña y llevaban “una buena vida” en Santiago de Chile, pero la xenofobia que se desató contra los venezolanos, terminó por expulsarlos. “El día que escuché a un chileno decirle a su hijo que no jugara con el mío mientras despotricaba de mi gentilicio, me dije, ‘esto no es el lugar en el que quiero que mis hijos crezcan’”, revela.
Fue así como un familiar de su esposa activó el parole humanitario para todo el grupo familiar, y tras el papeleo y la aprobación del trámite, aterrizaron en Nashville (Tennessee) en diciembre de 2023. “Nos vinimos a Estados Unidos buscando un país más amable con los venezolanos, y ahora llega Trump y resulta que nos odia”, se lamenta. La pareja, que ya logró establecerse en Estados Unidos y comenzó a hacer planes de futuro, ahora se siente en la cuerda floja. “Acabamos de firmar un segundo contrato de arrendamiento, compramos un carro, tenemos a los niños en el colegio, dos trabajos, una rutina, y resulta que ahora nos tenemos que ir. No lo puedo creer”, agrega. El principal temor de Carlos es permanecer de forma ilegal y quedarse en riesgo de deportación. “Me podrían expulsar a mí o a mi esposa por separado, lo que implicaría la separación familiar. Además, la crueldad con la que deportaron a los venezolanos a El Salvador, aterra. Nos fuimos de Venezuela porque es un país sin Estado de derecho, y ahora resulta que el Gobierno de Trump no respeta los derechos humanos, y arresta y deporta a inmigrantes sin antecedentes criminales. Esto comienza a parecerse más a nuestro país de lo que nos gustaría”, cuestiona.
La pareja ahora explora otras opciones para tratar de no perder la residencia legal y el permiso de trabajo que viene con ella. “Lo más duro es que tenemos que resistir porque ya no podemos emigrar por tercera vez. El mundo se nos ha vuelto pequeño a los venezolanos”, dice.
“Esta es otra política cruel y racista, que busca la separación de las familias”
Venezolana, 50 años
Para esta historia se va a llamar Corina, porque esta venezolana de 50 años tiene miedo de decir el suyo propio. Lleva año y medio viviendo en Miami tras resistirse durante varios años a emigrar. En Barquisimeto, su ciudad natal, vio partir primero a su hermana, quien se fue a Florida con su esposo e hijos hace ocho años; y luego a su hijo mayor, que partió a Argentina para matricularse en la universidad. Ella se quedó al cuidado de su madre anciana, con diagnóstico de alzhéimer. “La situación de Venezuela estos últimos años ha sido difícil, y con una madre en estas condiciones, todo se vuelve insostenible”, cuenta.
Su hermana fue la patrocinadora de su trámite, y ella y su madre recibieron un parole humanitario. “Por mi situación familiar, este tiempo siempre me resultó insuficiente, pero llegas con la esperanza de quedarte. Siempre me sentí bienvenida, hasta ahora”, aclara. Estos 18 meses le han permitido a Corina darle la mejor atención médica a la abuela y trabajar en el negocio familiar, pero ahora está las puertas de quedarse sin residencia legal y en riesgo de ser deportada.
“Para mí es impensable partir en este momento. Cómo regreso a Venezuela con mi madre en sillas de ruedas, necesitando cuidados permanentes, y expuesta a la represión del régimen. No entiendo bajo qué argumento dejan a medio millón de inmigrantes en la ilegalidad. Esta es otra política cruel, racista, que lo único que busca es la separación de las familias. Estoy esperanzada de que una venidera decisión judicial pueda devolvernos nuestra protección”, dice.
