Las dudas sobre el procedimiento que sacó de Venezuela al grupo de antichavistas que estuvo asilado por más de un año en la residencia de la Embajada argentina persisten este jueves, con versiones que van desde una operación de rescate que presuntamente burló a las autoridades del país caribeño, hasta una negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien se mofó de que Estados Unidos dijera que fue el resultado de una «precisa operación», aseguró que solo cuatro personas estaban en la sede diplomática en Caracas, mientras que la oposición insiste en que eran cinco, quienes, según Washington, se encuentran «ahora a salvo» en el país norteamericano.
Entretanto, durante esta jornada hubo más pronunciamientos internacionales, entre ellos, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que saludó la salida de los opositores, quienes estuvieron refugiados en la embajada desde el 20 de marzo de 2024, y que hoy «se encuentran en un lugar seguro fuera del país» caribeño.
Los asilados eran Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos -todos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por la reconocida exdiputada María Corina Machado- y Omar González, a quienes el Ministerio Público (MP, Fiscalía) acusó de supuesta conspiración y traición a la patria.
Versiones dispares
Desde noviembre del año pasado, la residencia argentina en la capital venezolana estuvo permanentemente asediada por agentes policiales, según denunciaban de manera constante los asilados, quienes también alertaban del corte en el suministro de energía eléctrica y de problemas con el servicio de agua potable, así como algunos impedimentos para el ingreso de productos.
El exgobernador opositor Andrés Velásquez expresó este jueves que, a pesar del «cerco policial», los refugiados «se les fueron» a las autoridades venezolanas, a quienes acusó de haber tenido un «empeño en martirizar» a esas personas durante más de un año, «negando salvoconductos».
Según el Comando Con Vzla -un grupo que forma parte del sector mayoritario de la oposición-, su salida fue el fruto de una «operación de rescate internacional» que calificó de «histórica» y que -asegura- tomó por «sorpresa» al «régimen» de Maduro, que «se negó hasta el último instante a otorgar los salvoconductos solicitados desde marzo de 2024».
El Gobierno de Javier Milei asegura que la «extracción» de los cinco fue el resultado de meses de trabajo, desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia estadounidense, en enero de este año, y Washington dice que fue un «exitoso rescate» el de «todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro».
Por otra parte, en la acera de enfrente, Cabello se burla de estas declaraciones y compara la versión del antichavismo, EE.UU. y Argentina con un guion de la saga ‘Misión imposible’.
En cambio, el ministro señala que fue una negociación en la que Machado priorizó la salida del país caribeño de su madre, Corina Parisca de Machado, el pasado 5 de mayo en un vuelo desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, hacia Bogotá (Colombia).
Además, dijo que el 20 de agosto del año pasado Claudia Macero salió «por su cuenta» de la residencia, custodiada desde ese mes por Brasil, luego de la expulsión de los funcionarios argentinos por decisión de Caracas.
Magallí Meda respondió que Cabello «miente» y denunció la noche del miércoles un allanamiento de su vivienda en Caracas por parte del «brazo represor» del titular de Interior.
Reacción internacional
Este jueves también se pronunció el Gobierno de Paraguay, que celebró «la liberación» de los opositores y expresó su «reconocimiento» a los países involucrados en lo que consideró un «esfuerzo humanitario».
En un comunicado de prensa, la Cancillería de Asunción valoró «la operación internacional que garantizó la integridad y el traslado seguro» de los cinco antichavistas.
Por su parte, la CIDH, además, instó al Estado venezolano a liberar «inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente y por motivos políticos», un número que asciende a unos 900 ciudadanos, la gran mayoría detenidos en el contexto de crisis tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, según el cómputo de organizaciones no gubernamentales.
EFE
