Para el politólogo Sergio Graffe el documento aprobado por el Grupo de Lima representa la advertencia más contundente que haya recibido el presidente Maduro desde que asumió el poder en el año 2013.
Asegura que el texto implica no sólo el diagnóstico sobre la grave crisis general por la que atraviesa Venezuela sino que es una “hoja de ruta” con acciones concretas a la que se pudiera sumar Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de miembros de la OEA y la ONU y con lo cual aumentaría el aislamiento internacional de Venezuela en un año que se pronostica con mayor hiperinflación y altos niveles de ingobernabilidad.
Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía dieron un «ultimátum internacional al presidente Maduro si el 10 de enero persiste en su intención de tomar juramento para el período 2019-2025; pero también es una ruta viable para evitar la formalización de la dictadura en Venezuela cuya consecuencia automática sería el recrudecimiento, a lo interno, de la represión contra la disidencia y fuertes enfrentamientos de calle a partir de esta fecha».
Graffe asegura que los aspectos más relevantes de este pronunciamiento son que en primer lugar reiteran que el proceso electoral presidencial del 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad; segundo, desconocen la legalidad del nuevo periodo presidencial; tercero, ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional; como cuarto punto instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019, a que respete las atribuciones de la AN y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas; quinto, reafirman su firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país.
En el documento también expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; al igual que hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela; así como condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región y ante lo cual hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos; reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro; y exhortan al régimen a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en el país y de sus efectos transnacionales.
«El mayor impacto de esta declaración conjunta radica en que está acompañada por siete medidas que involucran aspectos políticos, económicos y diplomáticos porque plantean (1) reevaluar el estado de sus relaciones diplomáticas con Venezuela; (2) impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos; (3) evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte» reseña.
Además, (4) suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria; (5) intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país; (6) acompañar la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela; y (7) urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra Maduro en pro del restablecimiento de la democracia.
Graffe agrega que según voceros del gobierno venezolano, Maduro se juramentaría ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional con lo cual estaría incurriendo en otra violación de la Constitución y es una clara señal de que no tomarán en cuenta el acuerdo del Grupo de Lima; pero sería la propia confesión de que no existe la intención de retomar la ruta democrática en un momento en que la solución a la crisis no está en el gobierno sino en otros factores, internos y externos.
Daniel Murolo
