El Salvador, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los ejemplos más extremos a nivel mundial de Gobiernos con tendencias autoritarias que se han profundizado en el último año, expuso un informe publicado este miércoles por la organización no gubernamental World Justice Project (WJP).
Según el índice anual del Estado de Derecho de WJP, que clasifica a 140 países de acuerdo con factores como la seguridad y el orden, la transparencia o el respeto a los derechos humanos, esos tres Gobiernos latinoamericanos han «empeorado considerablemente» en comparación con 2021.
En concreto, el documento señala que la «consolidación del poder ejecutivo y la erosión de los derechos humanos y las libertades» han contribuido al ascenso del autoritarismo en los tres países.
El índice concede una puntuación de 0 a 1 a los Gobiernos, según el nivel de «adhesión al Estado de Derecho», basada en entrevistas a hogares y expertos dentro de cada país.
Un total 22 de los 32 países de Latinoamérica y el Caribe incluidos en el informe han visto en el último año una reducción en el Estado de Derecho.
Hay tres factores principales, presentes en la mayoría de países de la región, que contribuyeron a este declive: Menores límites a los poderes gubernamentales, un deterioro de la Justicia Civil y la falta de protección de los derechos fundamentales, explicó la investigadora de WJP Natalia Rodríguez, en la rueda de prensa de presentación del informe.
Por su parte, la directora del Análisis de Datos de la organización, Ana María Montoya, dijo en la misma conferencia de prensa que Latinoamérica se une a una tendencia global, ya que «el Estado de Derecho continúa debilitándose en todo el mundo», en concreto en el 61 % de los países incluidos en el índice.
Y es que, además de constatar un declive en 2022 en comparación con 2021, la organización ha registrado un descenso por quinto año consecutivo en el Estado de Derecho en el mundo: «hay más países que están declinando en comparación con los que están mejorando», sentenció Rodríguez.
De las diez naciones que han mostrado un mayor debilitamiento a nivel global, tres están en Latinoamérica: Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última en el último puesto del índice con una calificación de 0,26.
Para obtener datos en Nicaragua, explicó Montoya, WJP se encontró con una serie de obstáculos, precisamente por el «incremento a las barreras de las libertades».
«Vemos con preocupación las tendencias autoritarias en Nicaragua, que están claramente definidas y se están agudizando», subrayó la investigadora.
Para elaborar el índice para este país, la organización no pudo incluir entrevistas a hogares por razones de seguridad y contaron solo con cuestionarios a expertos, detalló Tanya Primani, codirectora del índice de WJP.
Honduras, por su parte, fue uno de los pocos Estados de la región -junto con Ecuador, Belice y Argentina- que reportaron mejoras en el Estado de Derecho.
Primani afirmó que «hubo un gran cambio en los pesos y contrapesos» del poder en el país centroamericano después de las elecciones que dieron la victoria a la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, en enero de este año.
El Gobierno de Castro hizo que hubiera un «cambio en las percepciones de qué tan constreñidos están los poderes», acotó por su parte Montoya.
Por contra, Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los tres Ejecutivos de la región con mayor adhesión al Estado de Derecho, de acuerdo con el informe.
