El régimen de Nicolás Maduro ha impulsado de forma inusitada la construcción de nuevas plantas de cianuración en la amazonia venezolana, que -como hemos contado en reportajes anteriores- ha repartido a su antojo entre los jerarcas chavistas para beneficiarse de la minería ilegal, que ha promovido sin importarle las consecuencias medio ambientales ni la amenaza que supone para las comunidades indígenas.
Libertad Digital | Yésica Sánchez
SOS Orinoco ha investigado en profundidad el auge de este tipo de instalaciones, que a priori -todo apunta- se explicaría con la intención de sacar mayor rentabilidad a la extracción de oro y mantener el absoluto control del negocio. Así el material aurífero extraído tendría que pasar obligatoriamente por estas plantas. Pero -ya les adelantamos- la cuestión va más allá de lo que parece a simple vista, según fuentes de la ONG consultadas por LD, cuya identidad nos reservamos para preservar su seguridad.
Los expertos que colaboran con la organización trabajan en la sombra y bajo el anonimato desde que ésta dio sus primeros pasos. Venezuela es «un país totalitario» en el que «es muy difícil denunciar», como advirtió su fundadora, Cristina Burelli, en declaraciones a este periódico. «Es peligroso porque no sabes dónde puedes acabar», sentenció.
Debemos tener en cuenta que -desde 2018- SOS Orinoco investiga esta trama del ‘oro de sangre’ en la que está implicado el propio presidente del Gobierno, Nicolás Maduro, y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Un negocio con muchas ramificaciones, en el que las plantas cianuradoras tienen un papel relevante.
Les puso sobre la pista «la súbita inversión y la extensa propaganda alrededor de los proyectos de construcción», nos comenta uno de los investigadores de la ONG. La insistencia de Maduro por «lo que el Gobierno llama el cambio hacia una tecnología ecoamigable», les hizo sospechar. Son conocedores de los intereses espurios que mueven a al jede del Ejecutivo.
La excusa de la sostenibilidad
El Gobierno venezolano ratificó la prohibición del uso de mercurio en las actividades mineras en agosto de 2016 a través de un decreto que proscribe la tenencia, almacenamiento y transporte de mercurio, así como su uso para la obtención o tratamiento del oro y/o cualquier otro mineral metálico y no metálico.
La medida iría dirigida -supuestamente- a salvaguardar la salud de los ciudadanos y del medio ambiente. Pero lo cierto es que, aunque a la larga podría llegar a ser mejor usar cianuro que mercurio, esta práctica requiere realizar una serie de controles que, como ya habrán imaginado, no se están llevando a cabo.
Los investigadores de SOS Orinoco no han encontrado «evidencias tangibles» que indiquen que se estarían tomando «las medidas correspondientes, no solo en el manejo del cianuro dentro del proceso, sino principalmente en la impermeabilización de las lagunas de cola o depósitos donde van a parar los residuos», explica nuestra fuente.
Preocupan -nos dice- «algunas declaraciones oficiales que apuntan a la subestimación del manejo adecuado de estas lagunas y al ahorro que implica el uso de filtros en el proceso que, aunque contribuyen a disminuir el contenido de cianuro en las colas, en forma alguna lo eliminan».
Por otra parte, han podido constatar la «ausencia de programas o campañas de información relativas a los peligros y precauciones que deben tomar los trabajadores y la población cercana». Y esto, indicen, «constituye una falta grave en caso de que se produzca un accidente en las plantas que implique la salida descontrolada de residuos al entorno».
La extracción de oro con cianuro es un asunto controvertido y su uso debe ir acompañado de controles exhaustivos. Tanto es así que está prohibido en un gran número de países. Desde luego, llama la atención que la izquierda ‘verde’ europea, que reprueba y protesta contra esta práctica en el viejo continente, calla ante la extraña apuesta ‘ecosostenible’ del camarada Maduro.
Mayor rentabilidad y control del negocio
Todo apunta a que el cambio ‘ecoamigable’ del mercurio por el cianuro garantizaría al régimen de Maduro un mayor control, casi absoluto, del negocio. El tratamiento del material aurífero extraído en las minas tendría que realizarse -irremediablemente- en estas plantas procesadoras de obtención de oro por lixiviación con cianuro.
De otra manera, es difícil de entender el repentino interés del Gobierno venezolano en que el mercurio desaparezca. Lo que hizo en 2016 no fue más que ratificar una prohibición que existía desde hace más de 30 años en Venezuela. Así lo establecía el Decreto No. 1470 de 1991.
Por otra parte, es obvio que Maduro, Delcy y los jerarcas del chavismo que se benefician de esta trama de minería ilegal en la amazonia venezolana lograrían -con esta propuesta- sacar mayor rentabilidad a su negocio, ya que el uso de cianuro permite extraer mayor cantidad de oro que con otros métodos.
Pero, siendo todo esto cierto, hay datos que no cuadran. El volumen de oro que pasa por las plantas investigadas y la actividad de las mismas es menor de lo que esperaban los expertos de SOS Orinoco que han destapado -entre otras cosas- cómo el régimen de Maduro ha promovido la minería ilegal en la región para calmar las ansias del narcoestado chavista por encontrar nuevas fuentes de dinero.
Auge programado de las plantas
Según explica el último informe de SOS Orioco, uno de los elementos centrales de esta nueva estrategia para el control del oro en Venezuela es el «desarrollo de centros de acopio y procesamiento del material aurífero producido por los pequeños mineros (tanto los de oficio como los oportunistas) y los ‘molineros’ (que trituran el material, pero que no lo extraen directamente), quienes encuentran en la recolección y transporte de las arenas residuales de viejos procesos de explotación un material de fácil recolección y rápida ganancia, tanto para el minero como para las plantas de cianuración».
El Gobierno venezolano ha vendido la película como «el impulso de un cambio tecnológico que busca sustituir eficazmente el uso del mercurio por el cianuro en los procesos de recuperación de oro» a través de estas nuevas plantas, como se recoge en el ‘Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 2013- 2019)’ y se reitera en el ‘Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 2019-2025)’.
De esta manera, se explica en el documento, «estaría justificada la instalación de nuevas plantas». Los cambios se acometen «bajo la premisa de una mayor eficacia en relación con otros métodos de recuperación» y también de «asegurar la preservación de los ecosistemas, la integridad territorial y la soberanía» (MPP para Desarrollo Minero Ecológico, 2017).
El impacto de las nuevas cianuradoras
La investigación de SOS Orinoco ha permitido confirmar al menos 11 nuevas plantas. Es curioso el escaso impacto socioeconómico que su construcción ha tenido en las localidades en las que se han levantado. Parece que la excepción es la zona de los Guacamayos, en la localidad de la Planta La Sarrapia, donde sí ha generado nuevos puestos de trabajo.
«Estas plantas no pueden considerarse una contribución hacia el desarrollo de la minería como una industria productiva, ya que por su localización y funcionamiento no impulsan ni acompañan al resto de la cadena productiva de la industria», explica el informe. Los expertos están convencidos de que «no son lo que dicen ser». Ejemplo de ello es que se han cerrado algunas minas como la de Colombia, «que producía una gran cantidad de material que era tratado en la planta Caratal».
Tampoco parece que se explique desde el punto de vista medioambiental. Como ya avanzamos unos párrafos más arriba, no hay constancia de que se hayan realizado los estudios «que avalen la localización y construcción» de estas nuevas plantas. Pero hay algo que los colaboradores de la ONG sí han podido comprobar. Según relata nuestra fuente: «se han tomado previsiones para que el agua de los procesos no sea la misma que es utilizada por la población».
Una medida que -lejos de lo que cabría pensar- «no es para cuidar el adecuado suministro de su gente, sino para asegurar una buena calidad del proceso». Para el experto consultado, «la situación deja claro que para el Gobierno venezolano es más provechoso un mejor rendimiento de las plantas que satisfacer en calidad los servicios de sus poblaciones».
Qué hay detrás y a quién beneficia
Dada la «ausencia de una adecuada articulación de estas plantas dentro de la estructura de la actividad minera» los expertos de SOS Orinoco concluyen que «la construcción de estas plantas no responde, en manera alguna, a una dinamización de la actividad minera». «Ha sido pensada y ejecutada para la rápida recuperación del mineral existente en grandes depósitos de arenas de cola previamente tratadas y cuyo único coste es la recolección y el transporte», explica nuestra fuente.
En definitiva, el objetivo no era otro que el de «acceder a una cantidad de oro muy grande sin hacer grandes inversiones». Pero, añade, «tampoco debemos desdeñar, desafortunadamente, el negocio que ha podido representar además la propia construcción de las instalaciones». Para sus promotores, todo son ganancias.
Huelga decir que los beneficiarios son los mismos que se han enriquecido con la parcelación de la amazonia venezolana y la promoción de la minería irregular en esta región de incalculable valor medioambiental. «No hay forma de separar la política minera de poco aliento -propuesta por el Gobierno- del apetitoso dinero fresco que obtienen Maduro y sus jerarcas», señala el experto de SOS Orinoco.
Para el equipo que investiga el asunto, «la militarización de la actividad minera y el reparto de minas entre gobernadores son claros ejemplos de la conformación de un gran negocio para la nueva casta política chavista-madurista y de espaldas al país». El uso de estas plantas como instrumentos de control de la actividad minera -sentencia- «garantiza que la mayor parte de la producción sea canalizada y distribuida entre Maduro y sus jerarcas».
