Una serie de videos de zanahorias, tomates y cambures se ha hecho viral en Venezuela. Han desencadenado detenciones por parte de la policía y álgidas intervenciones en la Asamblea Nacional, donde hace unos días la diputada chavista Iris Varela justificó la actuación de las autoridades. “Bien detenidos están”, espetó al micrófono ante los parlamentarios. Se refería a dos agricultores de los Andes venezolanos, Ysnet Rodríguez y Jhonar Barazarte, quienes en forma de protesta, o por mera resignación, se grabaron desechando sus cosechas a punto de descomponerse sin haber llegado a los mercados. ¿La razón? La agudización de la escasez de combustible que no solo arrebata horas a los venezolanos en las filas en las gasolineras, sino que también paraliza el campo.
Llevar un tomate a un supermercado es una proeza en Venezuela. El episodio de los agricultores revela las dimensiones de la crisis del país sudamericano. Pero la arremetida judicial de la Fiscalía aliada del Gobierno contra los agricultores, exhibidos en sus fotografías de la reseña policial, ha puesto en evidencia que los años más duros de los controles sobre la economía que llevaron a la peor época de desabastecimiento no han terminado. La medida ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos y gremios que han señalado que la persecución de la justicia debe ir contra los responsables de la escasez de gasolina. La ONG Espacio Público ha alertado sobre violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en estos casos. Tras la presión pública, ambos fueron liberados luego de su comparecencia en tribunales.
El fiscal Tarek William Saab acusó a los agricultores del delito de boicot, contemplado en la Ley de Precios Justos, un instrumento con el que unilateralmente el Gobierno ha bajado precios y cerrados locales. Esta falta está tipificada para quienes “conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios”. Se sanciona con 12 a 15 años de prisión.
Los 17 estados de Venezuela que viven de la actividad agrícola están afectados por la escasez de combustible de la que solo se salva Caracas, la capital, en donde los despachos son regulares. Los gremios agropecuarios han pedido reunirse con William Saab para explicarles las condiciones de su trabajo y también algo de biología. “Los ciclos de los vegetales no esperan y, sobre todo, la producción hortícola es perecedera, se pudre y se daña si no la logran vender porque no pueden sacarla por gasolina”, dice a EL PAÍS Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, la organización que agrupa a los agricultores del país. “De 25.000 productores hortícolas vemos apenas 3 o 4 que han hecho estos videos por frustración y rabia, pero representan el sentir de todos. Esto no puede ser considerado un delito”.
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