España disparó en 2024 las compras de crudo a Venezuela a máximos no registrados en una década, con tres millones de toneladas, un 116% más que en 2023. La mayoría de esos barriles los importó Repsol. Por ello, la petrolera sería la empresa española más perjudicada si se hace efectiva la amenaza de Donald Trump de anular las licencias otorgadas por la Administración Biden a petroleras estadounidenses y europeas para operar en el país que preside Nicolás Maduro. En el caso de Repsol, son 1.100 millones los que se ven amenazados por el enésimo pulso proteccionista del líder republicano.
En su último informe anual, Repsol admite una exposición patrimonial a Venezuela de 504 millones, casi un 95% mayor a los 259 millones reconocidos un año antes. A esto habría que sumar la deuda histórica que la firma estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantiene con Repsol que, al cierre de 2024, todavía ascendía a 634 millones.
La citada línea de crédito responde a una suerte de relación de trueque que la petrolera española lleva años manteniendo con el Estado venezolano. Y es que la actividad principal de Repsol en este país no es el petróleo, sino la explotación de gas que Venezuela consume para alimentar su sistema eléctrico. Esta se realiza a través de la sociedad Cardón, que la empresa comparte al 50% con la italiana Eni.
Ambos socios llevan años recibiendo barriles de crudo como pago del Estado venezolano a cambio de ese gas. La reactivación de este intercambio se produjo a raíz de la licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU, que ha permitido a las energéticas europeas «recuperar la deuda pendiente y los dividendos de empresas conjuntas en Venezuela mediante el levantamiento de cargos de petróleo». Posteriormente, el 21 de mayo de 2024, la OFAC concedió a Repsol otra licencia específica para «desarrollar proyectos de petróleo y gas en Venezuela y ampliar su negocio».
Bajo el paraguas de la bula de Joe Biden, Repsol ha aprovechado para firmar varios acuerdos con PDVSA que han permitido incorporar nuevos yacimientos e incrementar la producción de Petroquiquire, sociedad conjunta en la que Repsol tiene el 40% y la firma estatal Petróleos de Venezuela, el resto. Todo ello, a fin de recuperar paulatinamente la deuda pendiente de cobro en forma de toneladas y toneladas de crudo. Precisamente son estas licencias las que Washington amenaza ahora con suspender. Si los permisos decaen, Repsol no podrá amortizar esa deuda.
Pese a la calma que el mandato de Biden supuso para sus operaciones en Venezuela, la petrolera lleva años contemplando el país entre los riesgos geopolíticos que afronta la compañía. En 2024, según el informe de gestión de la compañía, Repsol desarrolló sesiones formativas para los miembros de su Consejo de Administración sobre la situación del negocio venezolano. Dado el elevado grado de incertidumbre, Repsol ha ido provisionando el riesgo de Caracas en sus cuentas, es decir, ha ido reservando parte de sus ingresos para consolidar un colchón que, llegado el caso, amortiguaría el impacto. El alivio, no obstante, sería parcial y el golpe se dejaría sentir en el balance.
Trump no ha detallado medidas concretas ni plazos para la eventual suspensión de permisos en Venezuela a las energéticas europeas, pero su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró ayer en X que ya está dando instrucciones para «terminar todo respaldo» a las licencias aprobadas bajo la Administración Biden que «han servido para financiar de manera vergonzosa al régimen ilegítimo de Maduro».
