quí hay que esperar cuál es el canto del gallo: si gritos o tiros”, dice la señora Ana, una vecina de La Vega que ha visto cómo su parroquia degeneró por la conformación de una banda que reclutó seguidores en el propio barrio y que aprovechó la crisis para surgir y hacerse poderosa.
Por elpitazo.net
En laCota 905, una comunidad de la ciudad de Caracas, los propios vecinos han hecho un frente para combatir la violencia con encuentro y unión. Aunque son acciones silenciosas y escasas, ocurren y se concretan cuando se vence el miedo y se hacen actividades recreativas, de alerta temprana, sobre la violencia y de control de espacios para hacerlos más seguros y amables.
El 9 de julio de 2021 se realizó una intervención policial en la Cota 905 para desmantelar la agrupación criminal liderada por el “Koki”, “Garbis” y “Vampi”, la cual ameritó la participación de al menos 1.000 funcionarios de diferentes fuerzas de seguridad del Estado. La irrupción se hizo al tercer día de un tiroteo que paralizó el centro de Caracas y dejó 37 muertos.
La organización Insight Crime alertó en sus investigaciones que hasta 2020 los cabecillas de esta organización reunieron al menos 300 integrantes que les dieron el título de megabanda. Con estos seguidores se consolidaron en sectores como La Vega, El Cementerio y El Valle.
La megabanda financiaba su acción criminal mediante el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Para ello, se valieron de la construcción de bunkers en lo alto de la Cota 905 donde permanecían retenidas las personas que eran secuestradas mientras negociaban con sus familiares.
El Pitazo obtuvo el testimonio de un habitante de la Cota 905, quien aseguró que muchos de los vecinos de esta comunidad permanecían aterrorizados con la presencia de Carlos Luis Revette, alias «el Koki»; Garbis Ochoa, «el Garbis», y Carlos Calderón, «el Vampi». Por cada uno de ellos el Gobierno venezolano está dispuesto a pagar una recompensa de 500 mil dólares.
En el Área Metropolitana de Caracas, otra zona marcada por la delincuencia y la violencia es el municipio Sucre del estado Miranda. Sobre todo el barrio José Félix Ribas, conformado por 10 zonas y una de las barriadas más grandes entre las más de 2.000 que componen Petare.
En José Félix Ribas y en todo Petare manda “Wilexis”, el apodo con el que se conoce a Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, un hombre que raya los 30 años y que gobierna el extremo este de la Gran Caracas desde 2014. El dominio de “Wilexi” en Petare está marcado por sangre, y no solo de la que se ha derramado en enfrentamientos o ajustes de cuenta, sino de quienes han caído por balas perdidas, robos, equivocaciones y operativos policiales.
María, nombre cambiado para proteger a la fuente, lo sabe bien y lo vive desde la distancia, luego de residir 10 años en José Félix Ribas. La guerra que se generó en mayo de 2020, durante un operativo para capturar a “Wilexis” y a su banda, la obligó a salir de su casa en la Zona 9 del barrio y alquilar un ranchito en una comunidad de Catia donde encontró algo de paz.
Luego de tener que pasar una noche entera bajo la cama, junto a su hijo de 6 años, y de encontrar huellas de proyectiles en su puerta al día siguiente, María decidió que era tiempo de dejar atrás esa comunidad donde “a veces gana la gente mala”, tal como ella define la decisión de salir de Petare.
Sin embargo, del otro lado están también los que conviven con la delincuencia y se sienten más seguros rodeados por la banda del “Wilexi” que por cualquier funcionario policial. “Aquí uno puede sacar su teléfono. Andar tranquilo, caminar, llegar a la hora que sea y hasta tomar en las calles con la seguridad de que, si no te metes con esa gente, ellos no se meterán contigo”, apunta Jesi Berrío, un joven de 22 años de edad que ha vivido toda su vida en José Félix Ribas.
El hampa ahuyentó el turismo
A 70 kilómetros de Petare está la subregión mirandina Barlovento, con una superficie de 4.647 kilómetros cuadrados, rodeada de playas, atractiva naturaleza y haciendas cacaoteras, pero sumergida hoy en el abandono debido a la recesión económica y el hampa.
Florangel Villareal vive en Santa Teresa del Tuy, otra ciudad marcada por esta mafia. A sus 52 años recuerda que tres décadas atrás Higuerote, en Barlovento, era el sitio de encuentro familiar para vacacionar. Su papá tenía una casa que se vieron obligados a abandonar.
“Venían mis tíos de Valencia y Maracay y nos reuníamos allí en Carnaval, Semana Santa y agosto. Para nosotros era fácil llegar porque tomábamos la vía de Guatopo-Los Alpes-Caucagua, pero ahora esa zona está tomada por delincuentes, al igual que las vías de Barlovento. Ahora nos da miedo viajar por esa carretera y visitar esas playas que, además, están descuidadas”, señaló.
Así como Villareal, muchas familias venezolanas ya no visitan esta zona mirandina. Es así como el turismo dejó de ser la principal fuente económica de pescadores, lancheros y comerciantes, entre otros. Muchos se fueron y otros intentan sobrevivir con la esperanza de que Barlovento vuelva a ser un paraíso.
Dos bandas y un cartel en el radar de las autoridades
Al igual que en Miranda y Caracas, en el centro-occidente de Venezuela los delincuentes imponen su ley. En esta zona existen al menos cuatro mega bandas y un cartel. Los grupos son liderados por Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, con presencia en los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua; y “Wilmer Bachiller”, en Yaracuy; mientras que en Falcón, Carabobo y otras entidades opera el Cartel de Paraguaná.
Alias “Santanita” está implicado en al menos siete asesinatos perpetrados en Lara entre 2017 y 2020 y es investigado por homicidio, robo, secuestro y extorsión, según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Tiene alerta roja de Interpol y figura en la lista de los más buscados del Ministerio de Interior y Justicia desde 2019.
A “Santanita” se le vincula con el pran de la cárcel de Tocorón y líder de la mega banda Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. En 2020, el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, indicó que Santana Peña se ocultaba en la cárcel de Tocorón y lo declaró como un objetivo nacional para los cuerpos de seguridad.
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