El miedo y el estrés postraumático se “adueñaron” de los residentes de Caracas luego de las miles de detenciones que siguieron a las protestas antigubernamentales tras la cuestionada elección presidencial de julio pasado en Venezuela, reveló la oenegé Mi Convive.
Por Voz de América
De las 117 personas que respondieron a las consultas todas presentan síntomas asociados a estrés postraumático, de acuerdo con el estudio de la organización, que promueve la participación ciudadana en comunidades vulnerables.
Según el sondeo “¿Cómo estás Caracas? Informe urbano de vivencia y percepción en el contexto postelectoral”, los venezolanos que se oponen al chavismo gobernante evitan conversaciones de temas políticos e incluso salir de casa por temor a represión o a persecución por parte de los cuerpos de seguridad.
Unas 2.400 personas fueron arrestadas y acusadas de terrorismo horas después de las manifestaciones que siguieron a los polémicos comicios del 28 de julio, en los que tanto el gobernante Nicolás Maduro como el líder opositor Edmundo González se adjudican la victoria.
Seis meses después y a pesar de la insistencia de parte de la comunidad internacional que pidió resultados transparentes y verificables, el Poder Electoral no ha divulgado datos disgregados, mientras que la oposición publicó actas que conservaron sus testigos de mesa. Varios países no reconocen a Maduro como presidente legítimo.
Las detenciones postelectorales incluyeron a adolescentes y los arrestos, en su mayoría, ocurrieron sin órdenes de captura. Al menos tres de los detenidos murieron en custodia. En prisión hubo torturas, según relataron entonces familiares.
Maduro y varios altos cargos de su gobierno han insistido en calificar a la oposición y los manifestantes como «terroristas» que buscan desestabilizar al país, algo que los activistas y líderes opositores rechazan.
Aunque a la fecha suman 1.896 las personas excarceladas por el gobierno venezolano, la mayoría debe presentarse periódicamente ante la justicia.
Posterior al 28 de julio, -según el informe- “los encuestados admiten que aumentaron las medidas de seguridad”.
“En promedio, la población caraqueña usa VPN 21 días al mes, borran conversaciones 18 días al mes, eliminan fotos y videos por temor 17 días al mes, se evitan conversaciones de tópicos políticos 16 veces al mes y se evita salir del hogar debido al miedo un promedio de 9 veces al mes”, detalló la oenegé.
En entrevistas a pie de calle con la Voz de América, gran parte de los entrevistados piden omitir su nombre en entrevistas o tapar su rostro, al momento de fijar públicamente una posición respecto a temas políticos o sociales del país. En estos casos alegan sentirse vulnerables a represalias del gobierno.
Incluso analistas, economistas y defensores de derechos humanos han pedido no ser citados en reportes
Incertidumbre y desconfianza
Para el estudio, Mi Convive realizó 350 encuestas, de las que solo 117 personas contestaron: 2 de cada 3 personas se abstuvieron.
“El 94% considera que Venezuela no es una democracia y el 81,2 % opina que sus derechos no están protegidos en lo absoluto”.
En sus conclusiones, el informe se señala que “las condiciones de incertidumbre y desconfianza que persisten actualmente en la población de Caracas no solo afectan la calidad de vida de las personas sino que también evidencian una reducción de libertades y derechos fundamentales”.
Operación “Tun-Tun”
El lunes, el gobernador oficialista del estado Trujillo (oeste), Gerardo Márquez, amenazó con revivir la operación Tun-Tun contra aquellos que -a su juicio- generen “contenidos de odio” en las redes sociales.
La “operación Tun Tun” fue una estrategia gubernamental para arrestos masivos a manifestantes y opositores tras las presidenciales de julio, que conllevó también allanamientos de viviendas.
“Todo aquel que a partir de ahora genere por sus redes sociales contenidos de odio, de instigación al odio, debe ir privado de libertad. Se acabó aquello de los que nos llamaban y nos ofendían, y escribían y nos ofendían”, dijo Márquez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un programa de radio.
Además, pidió a sus seguidores que envíen capturas de pantalla de publicaciones que consideren incitadoras al odio.
“Terrorismo de Estado”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció, la semana pasada, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la imposición de un “terrorismo de Estado” antes, durante y después de las elecciones en Venezuela.
También, el pasado 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo que estaba considerando investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela tras las presidenciales, que podrían ser incluidas en su investigación, de acuerdo al informe 2024 de la oficina del fiscal, Karim Khan.
En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”.
