El expresidente filipino Rodrigo Duterte comparecerá este viernes por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) como sospechoso de asesinato como crimen de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas en Filipinas entre 2011 y 2019, aunque la sesión se limitará a verificar su identidad y su conocimiento de los cargos y sus derechos.
La audiencia tendrá lugar en las dependencias de la CPI, a unos dos kilómetros del Centro de Detención, y comenzará a las 14.00 hora neerlandesa (13.00 GMT), sin un tiempo concreto de duración, aunque será “muy limitada”, confirman a Efe fuentes del tribunal.
En la sesión, se verificará la identidad del sospechoso y se confirmará el idioma en el que quiere seguir el juicio, y luego los jueces comprobarán si Duterte está al tanto de los cargos en su contra y de sus derechos en virtud del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
Se trata de una comparecencia en la que no se entrará en la defensa del acusado, ni en los detalles del caso o las pruebas disponibles, aunque el expresidente filipino sí podrá pronunciarse sobre la acusación en su contra, si así lo quiere.
Los jueces creen que “existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque “tanto generalizado como sistemático”.
“Hubo un ataque dirigido contra una población civil en cumplimiento de una política organizacional mientras Duterte era el líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS), y en cumplimiento de una política estatal durante su mandato como presidente de Filipinas”, añadió el tribunal, cuando aprobó la orden de arresto secreta el 7 de marzo.
En cifras, se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía.
La ONG Human Rights Watch (HRW) señaló este viernes que el proceso judicial contra Duterte “marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante la abusiva ‘guerra contra las drogas’” en Filipinas.
“La comparecencia de Duterte ante la CPI es un testimonio del coraje y la determinación de las víctimas, sus familias y los activistas y periodistas filipinos en su lucha por la justicia, sin importar cuánto tiempo tome”, dijo Bryony Lau, subdirectora para Asia de HRW.
Según estadísticas oficiales de la policía, más de 6.000 filipinos fueron asesinados en la “guerra contra las drogas”, en su mayoría personas empobrecidas en zonas urbanas. Grupos de derechos humanos en Filipinas sostienen que la cifra real supera las 30.000 víctimas, y muchos niños estuvieron entre los asesinados o sufrieron las graves consecuencias de la campaña de Duterte.
Cuando era presidente de Filipinas, Duterte retiró a Manila en marzo de 2019 del Estatuto de Roma, por temor a la rendición de cuentas, pero esa decisión no afectó la jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de esa fecha.
EFE
