A 12 horas de que expire el Título 42, hito que marcará a partir de este viernes una nueva era en la política migratoria de Estados Unidos, miles de personas aguardaban este jueves por la mañana en campamentos improvisados a lo largo de la frontera el mejor momento para tratar de cruzarla.
Sus planes se dividen entre quienes piensan entregarse a las autoridades o pasar de manera irregular por alguno de los huecos que dejan las altas vallas de hasta ocho metros que separan los California, Nuevo México, Arizona y Texas con México. En uno de los puntos más calientes, en la divisoria entre Ciudad Juárez y El Paso se produjeron a la altura de la Puerta 40 centenares de detenciones. Los migrantes fueron conducidos a un centro de procesamiento y el acceso quedó cerrado. A los que no pudieron entregarse se les invitó a que probaran un poco más al Este, en la puerta 42.
Lejos de esos polvorientos campamentos, una batalla política sin cuartel se libra en Washington y en los Capitolios estatales de la frontera en uno de los temas que definirán la campaña presidencial de 2024. Es una bronca que amenaza con definir la campaña presidencial de 2024. También se trata de asunto de muy difícil resolución que atizan temerariamente los halcones del ala más dura del Partido Republicano. Pintan un panorama apocalíptico de “fronteras abiertas”, que invitan a una “invasión”.
Sobre el terreno, en las ciudades de Ciudad Juárez y El Paso la realidad, aunque dramática, es muy distinta. Está dominada por la incertidumbre sobre lo que se avecina. Consecuentemente, las comunidades a ambos lados contienen la respiración ante lo que puede suceder a partir del viernes. La inminencia del final del Título 42 ya ha tenido sus consecuencias: de las 6.000 personas que diariamente eran interceptadas hace una semana en toda la frontera se pasó a 8.000 en los últimos días. Este miércoles, 10.400 personas lo intentaron antes de que sea demasiado tarde. Las autoridades estadounidenses calculan que hay unas 150.000 personas en México aguardando a cruzar.
Este jueves, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas trató de sonar contundente en una conferencia de prensa en Washington. “Quiero ser claro: nuestras fronteras no están abiertas. Quienes crucen ilegalmente y carezcan de base para permanecer en nuestro territorio serán deportados inmediatamente. Los llegados después de la medianoche se presumirá que no son elegibles para asilo y estarán sujeto a consecuencias severas por su ingreso ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años para volver a ingresar y un posible proceso penal”.
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