El gremio periodístico boliviano exigió al vicepresidente David Choquehuanca que retire el párrafo III del Artículo 281 del Proyecto de Ley 305/2023.
En medio de la polémica por un proyecto de ley que ha sido criticado por coartar la libertad de prensa, el Gobierno del presidente boliviano Luis Arce mostró su disposición por explicar los alcances de la normativa y afirmó que la libertad de expresión en el país está “garantizada”.
“El gobierno siempre ha garantizado la libertad de expresión, somos respetuosos de nuestra Constitución, de la Ley de Imprenta vigente y no estamos proponiendo ninguna normativa o artículo que vaya en contra”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, tras las críticas al anteproyecto que fue catalogado como “ley mordaza” por el gremio periodístico.
El domingo, la funcionaria dijo que está abierta a “cualquier reunión y al diálogo” para explicar los alcances del proyecto que será tratado en el Congreso, el cual, a su juicio, de ningún modo vulnera el derecho a la información.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) se declararon este lunes en “estado de emergencia a nivel nacional” y exigieron al vicepresidente David Choquehuanca que retire el párrafo III del Artículo 281 del Proyecto de Ley 305/2023, de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
Dicho artículo penaliza la difusión e incitación al racismo o a la discriminación, y establece que «cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».
Para la ANPB, se trata de «otro intento para imponer una ley mordaza, con la intención de coartar la libertad de prensa y amedrentar a los y las periodistas».
Los gremios de prensa piden que se excluya a los periodistas de esa figura penal. Sin embargo, Alcón señaló que el contenido del artículo está vigente desde el año 2010 en la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Según la viceministra, el Gobierno de Luis Arce buscaría mejorar su redacción y cumplir con los compromisos internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos.
