Chile debe figurar en el libro de récords de Guinness como el país con el proceso constitucional más extenso, que tuvo como punto de partida un amplio acuerdo político el 15 de noviembre de 2019 y cuya conclusión es cada vez más incierta, pese a que el próximo 17 de diciembre tendrá lugar un segundo llamado “plebiscito de salida”.
Puede ser una salida bloqueada o hacia ninguna parte, de acuerdo con los sondeos de opinión que dibujan un amplio rechazo al proyecto elaborado por un Consejo Constitucional de 50 miembros, con un vasto predominio de la oposición al gobierno izquierdista del presidente Gabriel Boric. El Partido Republicano, de extrema derecha, tiene 44 % de los consejeros, y Chile Seguro, coalición de tres partidos derechistas, 22 %.
Entre 60 y 70 % del electorado votaría en contra de la “propuesta republicana”, como se la denomina popularmente, según diversas encuestas, en lo que sería una vuelta de mano con relación al plebiscito del 22 de septiembre de 2022, cuando fue rechazado el primer proyecto de nueva constitución de un audaz perfil progresista, antítesis del que se propondrá ahora.
Y es que los vaivenes de los votantes chilenos configuran otro fenómeno excepcional, que parece coquetear con la esquizofrenia, aún dentro del siempre cambiante panorama latinoamericano. Aunque en rigor han sido cinco años de disputas políticas y sociales, mediadas por campañas comunicacionales y protagonismos diversos y a veces imprevistos.
La coincidencia de la incierta fase definitiva del proceso constitucional con el aniversario número 50 del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 simboliza un trayecto histórico donde los ajustes de cuentas con el pasado dictatorial tienen lecturas polarizadas que a su vez influyen en antagónicos proyectos sobre el futuro de este país.
El régimen de 17 años del general Augusto Pinochet suspendió la Constitución de 1925 y gobernó mediante decretos leyes mientras una comisión especial de juristas afines a la dictadura redactaba la carta fundamental que el dictador promulgó en 1980, como catálogo de una democracia protegida y autoritaria, declaradamente anticomunista y neoliberal, con un Estado subsidiario.
Este 5 de octubre se marcó otro aniversario: los 35 años de la derrota de Pinochet en el plebiscito presidencial de 1988, que abrió cauce a la restauración del sistema constitucional dos años después y que en su primera década se desenvolvió bajo el paraguas de la vigilancia castrense, con reformas menores a la Constitución de 1980.
El estallido social contra la herencia pinochetista
El año 2005, bajo el gobierno del socialdemócrata Ricardo Lagos (2000-2006) se negociaron con la derecha las más profundas modificaciones, que incluyeron la derogación de enclaves autoritarios, como la existencia de senadores designados y la inamovilidad de los jefes militares, aunque se mantuvo la esencia del modelo económico de predominio y protección de la empresa privada.
El estallido social del 18 de octubre de 2019, bajo el segundo gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), puso en ascuas a esta nación de 19,5 millones de habitantes, que se consideraba la más estable de América Latina, y evidenció a través de masivas protestas y movilizaciones callejeras el rechazo a la herencia económica y social de la dictadura cívico-militar.
Fue así como casi todos los partidos políticos suscribieron el 15 de noviembre de ese año el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que tuvo como primera convocatoria electoral el plebiscito del 25 de octubre de 2020, donde 78 % de los votantes se pronunció por la derogación de la Constitución de 1980 y la elaboración de una nueva carta fundamental a través de una Convención Constitucional, con paridad de género y representación de los pueblos originarios.
En mayo de 2021 se eligieron los 155 convencionales, con una amplia presencia de candidatos independientes y de organizaciones de base. Su trabajo finalizó en julio de 2022 con la presentación de un extenso texto que según analistas internacionales contenía propuestas muy avanzadas en derechos de la mujer y de los pueblos originarios, la defensa de los recursos naturales y la descentralización del sistema político-institucional.
El proyecto sustituía el Estado subsidiario de la dictadura por un Estado democrático de derechos sociales, capaz de garantizar el acceso a la salud, la educación y la vivienda, además de terminar con la administración privada de los ahorros previsionales.
En el plebiscito del 4 de septiembre 66 % del electorado rechazó esta propuesta, como corolario de una hábil campaña propagandística y comunicacional de la oposición de derecha, que apeló al individualismo, a los prejuicios raciales y que incluso calificó de abortista la consagración constitucional de los derechos reproductivos de la mujer.
Boric, en el gobierno desde marzo de 2022, tuvo que abrir paso a un nuevo proceso constituyente que se estructuró a partir del 12 de diciembre, con un Consejo Constitucional electo de 50 miembros y una Comisión de Expertos de 24 integrantes designados proporcionalmente por los partidos políticos de acuerdo con su representación parlamentaria.
El sello del Opus Dei
El Partido Republicano, liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, se alzó como gran triunfador en las elecciones del Consejo Constitucional del 7 de mayo de este año. Su candidato más votado fue Luis Silva Irarrázaval, miembro numerario del Opus Dei, que ha impuesto su sello a muchos de los artículos del nuevo proyecto.
Un compromiso político previo a la elección fijó “bordes” para la propuesta constitucional, entre los cuales el más importante preservaba la definición del Estado chileno como democrático y de derechos sociales. Sin embargo, los consejeros republicanos han desconocido esa definición y mantienen el Estado subsidiario de la dictadura.
No es el único punto de polémica. También introducen un artículo sobre “la defensa de la vida del que está por nacer”, que podría terminar con la ley que estableció el derecho al aborto bajo las causales de violación, inviabilidad del feto y peligro para la vida de la madre.
Otros artículos “republicanos” posibilitarían la excarcelación de criminales de lesa humanidad de la dictadura, la expulsión inmediata sin fórmula de juicio de inmigrantes ilegales, la ampliación de atribuciones de la justicia militar, la apropiación de derechos de agua para fines empresariales y la consagración constitucional de la existencia de las administradoras privadas de fondos de pensiones y servicios de salud.
Siempre con su impronta neoliberal, la mayoría derechista del Consejo propone eliminar los impuestos a la “primera vivienda familiar”. La exención ya existe para las pequeñas viviendas sociales, pero su generalización favorecerá sobre todo a los sectores de altos ingresos y restará recursos a los municipios que perciben estos tributos.
Así como se acusó en el primer intento constitucional a la izquierda de imponer sus puntos de vista sin buscar consensos, hoy el Partido Republicano y sus aliados aparecen “pasando la aplanadora” para imponer sus concepciones y propiciar una carta fundamental calificada de regresiva, especialmente por las organizaciones de mujeres.
El Consejo ya culminó la elaboración de su proyecto, que ahora será analizada en conjunto con la Comisión de Expertos, que carece de derecho a voto y puede proponer cambios a las disposiciones o su rechazo, para lo cual requerirían de la aceptación de los dos tercios de los constituyentes.
Kast, el líder de la extrema derecha chilena, declaró que se jugará por la aprobación el 17 de diciembre de la propuesta “republicana” y que considera imposible un acuerdo con la izquierda para generar un proyecto constitucional consensuado.
Su intransigencia está provocando fisuras en el universo derechista y le hace perder terreno como candidato presidencial para las elecciones de fines de 2025. Por lo pronto, ya ha sido desplazado en las encuestas por Evelyn Matthei, alcaldesa del municipio santiaguino de Providencia, que se perfila como candidata de una derecha moderada.
ED: EG
