Renovar el pasaporte, sacar la visa para el cónyuge extranjero, conseguir el certificado de defunción de los padres, obtener certificados para cobrar las pensiones. Esos son apenas algunos de los trámites que los migrantes venezolanos estarán impedidos de realizar, por la inexistencia de relaciones diplomáticas y consulares con sus países de residencia.
Hoy en día, esas preocupaciones se multiplican en países como Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana, los que, con el posterior apoyo de Chile, exigieron la publicación de las actas electorales y se negaron a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, según el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En respuesta, la cancillería venezolana decidió retirar el personal diplomático en estos países, y exigió a esos gobiernos hacer lo mismo con sus representantes en territorio venezolano.
Aunque la medida solo significa una “interrupción temporal” de relaciones diplomáticas y consulares, este quiebre deja a miles de venezolanos migrantes en incertidumbre y desprotección jurídica.
Este escenario adquiere relevancia de cara a la posibilidad de una nueva ola migratoria que podría aumentar la cifra de desplazados en el mundo a 10 millones. Además, tiene un gran impacto para quienes ya están en el exterior.
Algunos países han implementado procesos masivos de regularización para garantizar que los migrantes tengan los documentos necesarios y puedan ejercer sus derechos. Pero estos esfuerzos requieren un respaldo financiero sólido, asegura Acnur.
Un licenciado en estudios liberales que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad –como varios de los expertos consultados en Venezuela tras la ola represiva poselectoral– explicó que la crisis migratoria ha llegado a un punto crítico. “Cualquier persona venezolana que salga de forma ilegal y tenga pasaporte facilita algunas cosas, pero ahora va a haber una ola de migración sin pasaporte. No todos los que migran pueden pagar los 200 dólares que cuesta, lo que deja a muchos sin esta documentación básica”, dijo.
El experto señaló que todo venezolano que salga de esta manera se considera una persona con necesidad de protección internacional, ya que carece de documentos que demuestren su identidad. Además, muchos salen por razones que podrían justificar una condición de refugiado y así se convierten en un problema inmediato para los países de acogida.
“Ahí entran mecanismos, ya sea a través de las Naciones Unidas o muchas otras, para tratar de regularizar a los migrantes a través del Estado. Pero esa es la verdadera crisis migratoria que tienen los países con Venezuela desde hace tantos años. El sistema no da abasto para la cantidad de solicitudes de apoyo consular o migratorio que reciben. Estos apoyos pueden ir desde ser reconocidos como ciudadanos hasta simplemente entender que no tienen pasaporte, pero sí su cédula y otros papeles. Cada caso es tan particular que el Estado receptor muchas veces no tiene la capacidad de apoyarlos adecuadamente”, comentó.
¿Cuál es el impacto?
Un internacionalista y experto en migración y refugiados, que prefirió resguardar su identidad, indicó que, a largo plazo, “las relaciones consulares nunca son lineales y están sujetas a cambios constantes según los condicionantes sociopolíticos del momento. Para los ciudadanos puede ser engorroso, pero estas fluctuaciones generan movimientos constantes en el estatus de las relaciones”.
En cuanto a los trámites de ciudadanía, residencia o asistencia legal, señaló que, si bien es posible que persistan dificultades administrativas, existe un marco internacional que puede servir para facilitar ciertos trámites.
Si bien podrían mantenerse obstáculos en términos de eficiencia administrativa, es probable que, en paralelo con las tensiones políticas y diplomáticas, se desarrollen mecanismos de flexibilización que permitan a los ciudadanos acceder a trámites consulares aun en contextos adversos, concluyó.
Sin embargo, desde Venezuela, los trámites se hacen más complejos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció el 25 de septiembre que “los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados podrán dirigirse a nuestra sede principal en Caracas para retirar el documento”.
Pero dos días después, el Gobierno venezolano envió una notificación oficial a las aerolíneas en la que especifica que “los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente en el momento del viaje, y en caso contrario deberán solicitar un “Documento de Viaje” ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque».
La medida implica que no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aun estando vigente, y que aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad deben presentar de igual manera el pasaporte venezolano vigente. Si el pasaporte está vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo el pasaporte de su otra nacionalidad vigente, a pesar de que se trata de una decisión contraria al artículo 50 de la Constitución: “Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna”.
¿Qué se puede hacer?
Una cosa es la ruptura diplomática entre los países, que tiene consecuencias de carácter general, y otra, la consular, que afecta directamente la vida de las personas que viven en el extranjero. El internacionalista señaló que “una ruptura de relaciones diplomáticas es un cese en los vínculos políticos entre dos Estados. Pero, dado que, generalmente, las oficinas consulares operan dentro de las sedes diplomáticas o en coordinación con ellas, una ruptura de relaciones diplomáticas puede dejar a los connacionales sin un marco de protección adecuado”, indicó.
Sin embargo, la situación de Venezuela con los países que no reconocen la victoria de Maduro ha llegado a un nivel sin precedentes. De hecho, la ruptura consular solo suele ocurrir en situaciones extremas, como un conflicto bélico entre los países. Al no haber una comunicación oficial que la indique, se presume que, en términos técnicos, “solo han sido modificadas en el contexto de las tensiones poselectorales”, detalló el experto.
Existen también mecanismos internacionales e instituciones que pueden intervenir para ofrecer protección a los ciudadanos. Se trata de fórmulas en las que terceros Estados asumen la responsabilidad de proteger locales diplomáticos, facilitar trámites consulares y garantizar el mecanismo de concurrencia.
“La concurrencia significa que, aunque no exista un consulado venezolano en el país donde se reside, los venezolanos pueden acudir a un consulado en un país vecino que asuma esas funciones. Esto asegura que puedan seguir ejerciendo sus derechos como ciudadanos”, comentó el internacionalista.
Sin embargo, el especialista consultado manifestó que cuando otro país asume funciones consulares en representación de Venezuela, lo hace mediante un acuerdo entre ambos Estados. Pero esos acuerdos por ahora no han terminado de establecerse.
Además, resaltó que el Estado venezolano sigue siendo el encargado de definir qué servicios se ofrecerán y dónde. De hecho, puede ampliar las competencias o el rango jurisdiccional de otros consulados y debe indicar qué país asumirá algunas de las funciones y protecciones. Esta decisión debería ser comunicada por la Cancillería al Estado receptor y a la comunidad venezolana. Pero, en la mayoría de los casos, nada de eso ha sucedido.
Un ejemplo de cómo se estaba manejando la situación es el caso de Argentina. El 1.º de agosto, la cancillería de ese país anunció que Brasil asumiría la protección de los locales de la embajada argentina en Caracas, así como la custodia de sus bienes, archivos e intereses, en concordancia con las normas internacionales. De esa manera, Brasil también se encargaría de proteger a los asilados en la embajada, incluyendo a seis miembros de la campaña de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.
Pero, el 7 de septiembre, el Gobierno de Caracas revocó ese reconocimiento a Brasil, incluidas la administración de la embajada y la residencia. Argumentó que las personas refugiadas estaban involucradas en actos de terrorismo e intento de magnicidio contra Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió que Venezuela debe autorizar un país de reemplazo para revocar la autorización y que, mientras tanto, seguirán asumiendo esa responsabilidad.
Un abogado experto en migración que prefirió mantenerse en el anonimato advirtió que el “limbo consular” que enfrentan los venezolanos en varios países ya ocurrió, por ejemplo, durante la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia durante el gobierno de Iván Duque. En ese entonces Colombia tuvo que encontrar soluciones para regularizar el estatus migratorio de los venezolanos.
“Ese caso es un ejemplo claro, ya que Bogotá adoptó una forma de protección temporal para los migrantes venezolanos. Es probable que países con relaciones diplomáticas rotas con Venezuela adopten soluciones similares”, explicó el abogado. Añadió que Chile, por ejemplo, ha delegado su representación diplomática a otro país, lo que puede servir como modelo para otras naciones.
La politóloga Miroslava Colán añadió que de aquí al 10 de enero (fecha de la toma de posesión del presidente) “la ruptura consular entre naciones podría robustecerse”, ya que, a su parecer, “la presión diplomática está presente, pero no está siendo tan contundente” como para que Maduro modifique su postura. Aunque algunos países han adoptado medidas flexibles para regularizar la situación de los venezolanos con pasaportes vencidos, este proceso no es uniforme y afecta a su vez el acceso a servicios esenciales.
Entonces, la responsabilidad de garantizar los derechos humanos queda en manos del Estado receptor, pero estos países también deben atender a sus propios ciudadanos, lo que incrementa la carga y dificulta la atención adecuada a los venezolanos. Al no contar con representación diplomática, los migrantes quedan expuestos a violaciones de sus derechos sin la posibilidad de recurrir a su embajada en busca de protección.
Según el análisis de la politóloga, la relación del régimen venezolano con países como China, Rusia, Irán y Cuba se mantendrá, ya que son sus principales aliados internacionales. Sin embargo, Colán señala que ninguno de esos países es un destino para los migrantes venezolanos. En este sentido, el futuro para ellos sigue siendo incierto, porque dependen de la voluntad de los países receptores. Lo cual quiere decir que los migrantes venezolanos tendrán que revestirse de paciencia mientras las aguas de la política internacional del país siguen atravesando tempestades.
