Recientemente fuimos testigos de un gran logro histórico a favor de mi patria: la Corte Penal Internacional abrió finalmente una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, decisión que le fue notificada a Nicolás Maduro personalmente por el propio fiscal Karim Khan, quedando plasmada en un memorándum de entendimiento al que el autócrata no le quedó más opción que firmar, debido a que el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, condición que no puede soslayar ante un requerimiento de esta magnitud.
En este evento hay que destacar la valentía del fiscal Karim Khan, que, además de tener el coraje de reunirse con la cúpula en Miraflores, no vaciló en decirles en su propio terreno, en su presencia, que tiene en sus manos elementos suficientes para presumir la violación sistemática y generalizada de derechos humanos.
Era evidente que la CPI tomaría esa decisión debido a las denuncias hechas en esa instancia por particulares y ONG defensoras de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentran las más de 2.000 pruebas que presenté entre 2017 y 2018 ante esa instancia, que son irrefutables y no dejan lugar a dudas sobre el talante criminal de quienes mantienen subyugada a Venezuela actualmente.
Entregué evidencias sobre las ejecuciones extrajudiciales contra miles de venezolanos a manos de los organismos de seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017, con sus respectivos protocolos de autopsia, y de los asesinatos del concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Acosta Arévalo; la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros; así como pruebas de torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Y también sobre irregularidades como la militarización de la seguridad ciudadana, las cuales las vienen ejecutando como política de Estado.
Aunque es un acontecimiento histórico que nos llena de esperanzas, el trabajo continúa, porque en esta fase surge la verdadera tarea de indagación para determinar la verdad de los hechos, por lo que el fiscal puede recolectar todo tipo de evidencias, examinar pruebas y hacer comparecer e interrogar a víctimas, testigos, expertos y cualquier otra persona que pueda aportar elementos fiables a la investigación; así como puede presentar cargos contra personas o solicitar la detención u orden de captura internacional a los responsables de estos crímenes.
De esta manera llegamos al escenario de lucha jurídica al que aspiramos desde febrero de 2018, por lo que seguiremos colaborando con la Corte para que avance y desarrolle todo el trabajo necesario y hacer justicia, porque consideramos que, hasta la fecha, las autoridades venezolanas solo han interpuesto obstáculos a la investigación.
Recordemos el asesinato del joven estudiante Juan Pernalete en abril de 2017, impactado por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional. En ese momento, cuando el Ministerio P[ublico a mi cargo investigó y determinó la verdad de los hechos, cuyos resultados científicos anuncié públicamente, el gobierno de inmediato se empeñó en negarla, tergiversarla y obstaculizar la investigación. Con el fin de encubrir al responsable, llevaron adelante una campaña mediática para desacreditar el trabajo de fiscales y expertos. Se atrevieron a señalar, sin pruebas, que una pistola de perno disparada por un compañero de la víctima había sido la causante de su muerte. De hecho, llegaron tan lejos que se apresuraron a calificarlo como “terrorista”.
Luego, en mayo de este año 2021, cuando se percatan de que es inexorable el inicio de la investigación por parte de la Corte Penal, movido por el miedo de un corrupto, quien actúa ahora como fiscal de la autocracia, admite que era cierto lo que había revelado sobre el asesinato de Pernalete. Pero admitir que fue un crimen cometido por un funcionario no es algo que hacen porque tengan legítimo interés en hacer justicia, sino porque quieren salvar su responsabilidad en un eventual proceso penal. Un nuevo acto de cobardía. Un nuevo encubrimiento.
Es por ello que de ahora en adelante debemos estar más alertas que nunca, para que nada ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; y, sobre todo, impedir que se sigan cometiendo crímenes contra la población civil, que se siente indefensa ante tantas atrocidades.
Confiamos en que el fiscal Karim Khan tomará en consideración estos elementos porque en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Esa conducta criminal continúa porque es el único camino que les queda para seguir atornillados ilegítimamente al poder.
Desde el comienzo, he tomado esta causa como un objetivo de vida, como un compromiso que he asumido con mi país. No descansaré hasta lograr que Maduro y su entorno paguen por todos sus crímenes. Habrá justicia para los venezolanos. Veremos a esos bandidos enjuiciados y condenados, porque ese es el destino que merecen todos los que cometen asesinatos o, quienes son de hecho, sus autores intelectuales.
Luisa Ortega Díaz
