Durante años, los fiscales federales en Miami han acusado a docenas de funcionarios venezolanos, empresarios amigos y otros supuestos cleptócratas de robar miles de millones de dólares de la otrora rica nación petrolera y desviar inmensas fortunas a los bancos y el mercado inmobiliario del sur de la Florida.
Por ANTONIO MARÍA DELGADO – EL NUEVO HERALD
Con la excepción de los fugitivos que aún están prófugos, todos los acusados venezolanos han llegado a acuerdos de culpabilidad para evitar largas sentencias de prisión en Estados Unidos, incluyendo al extesorero nacional Alejandro Andrade, quien se desempeñó bajo el difunto presidente socialista Hugo Chávez.
Andrade, al igual que otros, se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en el sur de la Florida hace cinco años. Para los fiscales, ganar ha sido bastante fácil, en parte porque nunca han tenido que demostrar sus casos en los tribunales.
Pero un caso que comenzará el lunes 21 de noviembre se perfila como un nuevo reto para los fiscales federales que concentran sus esfuerzos en encarcelar a funcionarios extranjeros acusados de corrupción.
La sucesora de Andrade como tesorera, Claudia Díaz Guillén, irá a juicio junto con su esposo para convertirse en la primera exfuncionaria venezolana en enfrentar cargos penales estadounidenses ante un jurado federal en el sur de Florida.
Díaz y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, están acusados de aceptar al menos $65 millones en sobornos de Raúl Gorrín, un rico empresario caraqueño cercano al gobernante Nicolás Maduro que según los fiscales usó sus conexiones políticas para obtener acceso al enormemente lucrativo régimen cambiario oficial.
Gorrín, quien fue acusado formalmente por la fiscalía federal del Sur de la Florida en el 2018, no estará en la sala del tribunal federal de Fort Lauderdale con la pareja porque permanece en Venezuela y es considerado como un fugitivo por las autoridades estadounidenses.
Pero ha estado tuiteando sobre el caso para consternación de los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia, según muestran los registros judiciales.
Díaz, una ex oficial naval y ex enfermera de Chávez de 49 años, se desempeñó como tesorera nacional de Venezuela entre el 2011 y el 2013. Su esposo, Velásquez, de 43 años, fue un ex guardia de seguridad presidencial. Ambos fueron extraditados desde España para ser juzgados en el sur de la Florida y están recluidos sin derecho a fianza en el Centro Federal de Detención de Miami.
LA ESTRATEGIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
“Este juicio sigue el manual del Departamento de Justicia de presentar cargos de lavado de dinero contra ciudadanos extranjeros que presuntamente reciben sobornos en su país de origen y luego presuntamente usan el dinero de los sobornos obtenidos en el sur de Florida”, dijo el abogado miamense Marcos Jiménez, ex fiscal federal en el sur de Florida durante la presidencia de George W. Bush.
Probar el caso será un desafío para los fiscales del sur de la Florida, principalmente porque nunca han tenido que hacerlo en una sala del tribunal ante los jurados. Basándose en testigos clave como Andrade, correspondencia por correo electrónico y transferencias bancarias, los fiscales tratarán de convencer a los miembros del jurado de que los pagos de sobornos de hace una década supuestamente transferidos por Gorrín desde Suiza a Miami para Díaz y su esposo equivalen a un delito en Estados Unidos.
Defender a Díaz y a su esposo también será un desafío para los abogados Marissel Descalzo y Andrew Feldman, quienes ya intentaron sin éxito que se desestimara el caso, argumentando que los cargos son antiguos y que el plazo de prescripción ya venció.
Los abogados también están luchando contra el plan de la fiscalía de usar a Andrade como testigo. Para empezar, hay una historia bien documentada de corrupción asociada con el régimen anterior de Chávez y la compañía petrolera estatal, PDVSA.
La petrolera tradicionalmente ha sido el principal motor económico del afligido país sudamericano, pero también como la supuesta alcancía de los altos funcionarios de Venezuela y cleptócratas conectados, varios de los cuales han sido condenados en acuerdos de culpabilidad en Miami. Como resultado, el juicio de dos semanas ante el juez federal de distrito William Dimitrouleas promete estar lleno de incertidumbre tanto para la acusación como para la defensa.
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