A punto de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el país caribeño vive sumido en un callejón sin salida de dimensiones desconocidas tras decenas de crisis. La oposición y parte de la comunidad internacional denuncian falta de transparencia e irregularidades en la controvertida victoria que otorgó el oficialismo a Nicolás Maduro. La iniciativa de la oposición de publicar actas para dar por ganador a Edmundo González comienza a diluirse ante la arremetida del régimen bajo la consigna de “furia bolivariana”. La andanada legal, política y represiva en las calles y en el sector de las comunicaciones ha logrado inhibir a la oposición.
El último capítulo de esta respuesta masiva de fuerza permanece activa. Este lunes, el candidato opositor no asistió a declarar ante la Fiscalía y recibió una nueva citación para el martes. González enfrenta una investigación por la publicación en la web de las copias de las actas electorales que prueban su triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El diplomático que sustituyó a María Corina Machado en las papeletas ya había criticado el domingo en un video publicado en sus redes sociales a la Fiscalía tras la citación. “El ministerio público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”, expresó en la grabación en la que cargó contra el fiscal Tarek William Saab, que el viernes había adelantado esa citación. “Se ha comportado reiteradamente como un acusador político”, dijo. “Condena por anticipado y ahora impulsa una situación sin garantías de independencia y del debido proceso”.
Tanto Edmundo González como María Corina Machado, la líder de la oposición que fue inhabilitada para ser candidata, están arrinconados ante una arremetida represiva que tiene estupefacta a la población. Desde hace días, de puerta para afuera mantienen una estrategia que se repite: han reivindicado de nuevo su victoria electoral, han agradecido las expresiones de apoyo y solidaridad de la comunidad internacional y han convocado a una nueva manifestación en las calles, este miércoles 28 de agosto, a un mes de los comicios. En el contexto actual, hasta el último momento se ha hecho público dónde se realizará la concentración, en el lugar de la última, en la antesala del barrio de Petare. Los dirigentes están a resguardo, la gente no quiere reunirse, nadie quiere declarar, muchos prefieren no salir a manifestarse. Aumentan la ansiedad y las especulaciones. Pero el llamamiento está hecho.
La “furia bolivariana”
La denominada “furia bolivariana” es un dispositivo de alerta social que activan los mandos revolucionarios cuando advierten una amenaza que los pueda sacar del poder. Decretada como una consigna por Maduro, emergió como una respuesta del chavismo especialmente a las sanciones del Gobierno de Estados Unidos en 2019, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino y en el marco del derrumbe económico del país y el agravamiento de su crisis política.
Empotrado con comodidad en todos los resquicios del Estado venezolano, el chavismo administra sus alertas con eficacia: aumenta la represión en la calle, se activa la sospecha general, se depuran los procedimientos policiales y judiciales y se fiscaliza con mayor rigor a la ciudadanía. Los colectivos armados, grupos de choque que tiene el chavismo, permanecen en guardia; la Guardia Nacional se planta frente a la gente con mucha menos paciencia.
Este despliegue de la “furia”, sin embargo, es el más amplio de todos por su intensidad. Los resultados electorales son agua pasada para el oficialismo. El domingo, los cuerpos de seguridad del Estado se llevaron detenida a la periodista Carmela Longo, vinculada a la información de espectáculos en el diario oficialista Últimas Noticias. No están claras las causas de su detención. Son ya 12 los periodistas llevados a prisión en poco más de un mes en Venezuela.
El Foro Penal Venezolano documenta la existencia de 1.674 presos políticos, “la cifra más alta en todo lo que va de siglo XXI en el país”, cuatro veces más grande de la que existía hace pocos meses.
La ONG de derechos humanos Provea ha emitido un duro comunicado en sus redes sociales, en el cual denuncia que, desde el anuncio de los resultados electorales, “2.400 personas han sido detenidas arbitrariamente en 16 días, con un promedio de 150 detenciones diarias, superando ampliamente registros de crisis políticas anteriores en este tiempo, como las de 2014, 2017 y 2018; el doble de los detenidos-desaparecidos diarios que hubo en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, y con un total de 24 personas muertas”.
Maduro y la cúpula del chavismo orquestan, mientras tanto, una agresiva estrategia de comunicación para justificar implícitamente sus procedimientos y hacer valer su verdad en este trance. La invocada “unión civico-militar-policial” luce galvanizada. El presidente se dirige a la audiencia varias veces a la semana, en mitines con sus simpatizantes, en sus programas televisados, en alocuciones especiales, en su propio podcast.
Los niveles de tolerancia de Maduro y el PSUV hacia las demandas de la oposición han desaparecido. “Ojalá este proceso sirva para que se organice en el país una nueva oposición”, ha declarado en un discurso ante la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen. “En esto no podemos continuar: aquí a cada perdón se sucede una nueva conspiración, y a cada conspiración, un nuevo perdón”.
Maduro no para de hablar, pero no tanto para celebrar su victoria, sino para denunciar la trama de un complot golpista en desarrollo. Hasta ahora, ha evidenciado un control muy claro de los resortes del poder del país. Esta vez, dice, “no habrá perdón”. Se habla mucho de temas como el ciberacoso fascista y se ha creado un Consejo Nacional de Ciberseguridad que puede penalizar contenidos en grupos de WhatsApp. El Gobierno chavista trabaja para crear un marco conceptual: el país está en lucha contra el fascismo. Es necesario proteger a Venezuela de la ultraderecha. El PSUV la identifica como una corriente violenta, entrenada internacionalmente, crónicamente inconforme con los resultados electorales, amiga del imperialismo estadounidense, promotora del descrédito a las instituciones del país, de la anarquía y el desgobierno.
El fiscal general, Tarek William Saab, reconoce la existencia de las muertes denunciadas en estos días, pero se las adjudica a la agitación “scista” en las calles, y agrega: “Hasta este momento, nadie ha presentado a este despacho ninguna acusación fundamentada de violaciones a los derechos humanos”.
