Sin sorpresas. El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó este jueves la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio entre críticas ante la falta de independencia del órgano judicial, controlado por el chavismo y haciendo oídos sordos a todos los llamamientos de la comunidad internacional de que hubiese una verificación imparcial. La presidenta de la sala electoral, Caryslia Rodríguez, exconcejal del PSUV, el partido gobernante, aseguró ante los representantes de los poderes públicos y del cuerpo diplomático que la sentencia “cierra el caso”. La incertidumbre, sin embargo, no hace más que crecer en Venezuela ante el temor de que crezca la represión.
El País | Alonso Moleiro y Florantonia Singer
La sentencia consolida la narrativa que ha desarrollado el oficialismo desde la madrugada del 29 de julio, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, proclamó a Maduro, del que es amigo personal, ganador de las elecciones sin aportar pruebas. Mientras, la oposición recabó más del 80% de las actas que confrontaban la tesis oficial al mostrar un triunfo de Edmundo González con el 67% de los votos, por el 30% de Maduro. Pocos días después, el presidente venezolano acudió al TSJ para que fuese este órgano quien dirimiera la controversia, pese a la insistencia de la oposición de que fuese el CNE. La comunidad internacional pedía una verificación imparcial de los resultados.
La magistrada Rodríguez, en un acto en el que estaba presente Amoroso, admitió la tesis del “ataque cibernético al CNE” que, según la versión oficialista, ocurrió la noche electoral y que retrasó la transmisión de los resultados. Esta circunstancia, según explicó, hace posible “una solicitud de tutela judicial para certificar la voluntad popular”. Rodríguez argumentó que este tipo de diferendos pueden dirimirse con la decisión del máximo tribunal del país, y citó los casos recientes de Brasil, en 2014, y Estados Unidos, en 2000, para ejemplificarlo. Además, felicitó a los técnicos que comprobaron las actas entregadas por Maduro por su “profesionalismo y entrega” y anunció que el material electoral consignado “queda a resguardo de este tribunal”.
Más allá de convalidar el resultado del CNE y consolidar la narrativa oficialista, la sentencia ahonda en una serie de puntos que auguran que la crisis política, social e institucional de Venezuela se profundizará en los próximos días. El texto leído por la magistrada señala que Edmundo González “desacató irrespetuosamente el llamado de este tribunal” y agregó que enviará a la Fiscalía “pruebas de carácter penal sobre el proceso de fraude, promoción de la zozobra, forjamiento de documentos y usurpación de funciones”.
Este mismo jueves, antes de que el Supremo diera su veredicto, Edmundo González advirtió en un mensaje de sus redes sociales: “Señores del TSJ: ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”.
También antes del pronunciamiento del TSJ, la líder de la oposición, María Corina Machado, fue más directa y retó a los magistrados a atreverse a dictar una sentencia que convalide el fraude, sin mostrar las actas que ella afirma tener en sus manos: “TSJ: Échenle bola”, escribió en sus redes sociales, una expresión venezolana equivalente a “póngale huevos”.
Desconfianza
El procedimiento ante el Supremo ha generado desconfianza tanto en Venezuela como en la comunidad internacional, en vista del comprobado control que tiene Maduro sobre todo el aparato institucional y su falta de independencia. Naciones Unidas recordó el informe del panel de expertos que acudió a Venezuela durante la jornada electoral y que ha supuesto uno de los golpes más contundentes a la credibilidad de Maduro.
También se ha criticado la usurpación de funciones que ejerce el tribunal sobre las responsabilidades del Poder Electoral, instancia que, cerca de cumplirse un mes de los comicios, no ha presentado todavía resultados desagregados mesa por mesa ni ha dado información sobre las auditorías posteriores que correspondía hacer. El Poder Judicial revisó documentos entregados por el CNE y algunos partidos políticos. Por los medios oficiales se difundieron imágenes del proceso en las que un grupo de personas con guantes, tapabocas y gorras abrían las cajas de documentos electorales y transcribían la información contenida en ellos.
El “peritaje” lo realizaron integrantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, además de un grupo de técnicos y profesores de la Universidad Simón Bolívar, invitados por el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero. Todos actuaron bajo la supervisión de la magistrada Caryslia Rodríguez. El proceso incluyó la orden de comparecencia de los 10 candidatos presidenciales que compitieron el 28 de julio. González Urrutia, candidato opositor y sustituto de María Corina Machado tras su inhabilitación, no acudió. La citación coincidió con las amenazas de prisión que hizo el propio Maduro y la Fiscalía.
“La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada en circunstancia alguna para ejercer las funciones que está ejerciendo”, señalaron González, Machado y la Plataforma Unitaria en una declaración en la que se anticiparon a la decisión de este jueves. “De hacerlo, estaría violando el principio de la separación de los poderes públicos, como está claramente establecido de forma y fondo en la Constitución Nacional. Estaría el TSJ invadiendo un deber exclusivo del Poder Electoral y pisoteando la decisión del pueblo”.
Otro de los candidatos, Enrique Márquez, de sectores de la oposición moderados y que incluyen a un chavismo disistente, solicitó a la Sala Electoral que ordenara el conteo voto por voto de las elecciones del 28 de julio y que se declarara nulo el proceso iniciado con Maduro. También solicitó la recusación de Caryslia Rodríguez por su confesa vinculación política con el oficialista PSUV y con Maduro.
Los informes de las misiones de observación internacional del Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU también han cubierto de sombras los resultados. Ambos organismos han asegurado que las elecciones no fueron democráticas, no tuvieron medidas básicas de integridad y transparencia y pusieron en duda los resultados del CNE.
La oposición, así como gran parte de la comunidad internacional, ha insistido en que es el CNE el que debe dar respuestas sobre lo ocurrido. Brasil y Colombia han intentado mediar en la crisis pidiendo una verificación internacional e imparcial de las actas. También se propuso una repetición de las elecciones, una idea rechazada por el chavismo y la oposición. Atascados en gestiones sin éxito, recientemente, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Brasi, Luiz Inácio Lula da Silva, dijeron que esperarían a los resultados de la revisión que estaba haciendo el Supremo.
