El Gobierno de Gustavo Petro busca soluciones políticas y financieras para adquirir Monómeros y evitar así que la empresa pública de fertilizantes pase a manos privadas, como pretende el chavismo. “Es un asunto muy complejo y requiere mucho trabajo”, cuentan desde el entorno del presidente colombiano, que en su campaña prometió hacerse con la mayoría accionarial de esta compañía clave para el sector alimentario del país. El Estado venezolano mantiene la totalidad de su propiedad desde que fuera adquirida la participación de Colombia en 2006 por Hugo Chávez.
Petro, nada más aterrizar en el poder, restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas por el enfrentamiento entre Nicolás Maduro y el anterior presidente colombiano, Iván Duque. Envió a Caracas a su número dos en campaña, Armando Benedetti, el operador político que fue clave en que ganase las elecciones presidenciales en 2022. Benedetti tenía como primera misión convencer al chavismo de que, para reflotar la compañía con sede en Barranquilla, era necesario permitir que Colombia tuviera el control con un 51% de las acciones. Ni Maduro ni sus ministros dieron respuesta alguna, una táctica de desgaste que suele utilizar el chavismo en procesos de negociación.
Ahora, por fuentes del mundo financiero, Petro se ha enterado de que el recién nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, el colombiano Álex Saab, trata de vender Monómeros al mejor postor. De hecho, Saab ha sido designado en el cargo principalmente para acometer la operación ―el anterior ministro, Pedro Tellechea, fue detenido y encarcelado por supuesta traición―. En Casa de Nariño, la residencia presidencial, creen que se trata de una represalia contra su Gobierno por haber condicionado el reconocimiento de Maduro como presidente en enero de 2025 a que presente las actas que demuestren que ganó las elecciones presidenciales. La negativa del chavismo a mostrar los datos electorales desglosados parece indicar que la victoria recayó en la oposición.
Distintos analistas coinciden en que Maduro pretende vender Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela, antes de que se recrudezcan las sanciones con la toma de posesión de Donald Trump, el 20 de enero. Monómeros estaba suspendida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), pero obtuvo una licencia para reanudar operaciones comerciales hace poco. La designación de Marco Rubio como secretario de Estado, alguien que tiene un enfoque de no negociación con regímenes autoritarios, da a entender que las sanciones se van a incrementar.
El control de Monómeros estuvo desde 2019 en manos del Gobierno interino de Juan Guaidó, un Estado paralelo al chavista que impulsó la Casa Blanca para erosionar la legitimidad de Maduro ―el experimento diplomático no dio resultados a la larga―. La petroquímica pasó a ser controlada por dos facciones de la oposición venezolana debido a que Duque reconocía a Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela y dejó en su poder la gestión de la filial de Pdvsa. Maduro desató una vigorosa campaña denunciando “el robo imperialista” de esta y otras empresas a Venezuela.
En su arranque, la Administración ad hoc de Guaidó tuvo que afrontar, además de las dificultades derivadas de las sanciones, que obstaculizaban el acceso a los créditos, los problemas con el pago de la materia prima y algunos pasivos en deudas, todos ellos agravados con la llegada de la pandemia. A pesar de que el bache financiero pudo ser remontado y la compañía comenzó a generar ingresos superavitarios, dentro de la junta directiva de Monómeros comenzaron a aflorar diferencias gerenciales, políticas, estratégicas, e incluso personales, en su Junta Directiva, en la cual tenían presencia Acción Democrática (AD, con dos votos) Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, los cuatro partidos fundamentales de la oposición.
El enfrentamiento entre los partidos opositores fue silencioso, pero muy agresivo. Comenzó a generar tensiones que pusieron a circular versiones alarmantes sobre corrupción en el interior de la compañía. Guaidó prometió revisar con detalle los procesos y procuró rendir cuentas sobre las decisiones de Monómeros. Su capacidad de maniobra para tomar correctivos, sin embargo, estaba limitada, en virtud de las condiciones del acuerdo parlamentario de los partidos opositores que sostenían al propio Gobierno interino.
En enfrentamiento entre un ala “técnico-petrolera”, defendida por el partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, y otra “política”, respaldada sobre todo por Acción Democrática, terminó produciendo quebrantos internos que se tradujeron en el fracaso político del control de Monómeros. En Voluntad Popular acusaban al director de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, de pretender firmar un contrato millonario, sin ser consultado con nadie, con un proveedor de servicios y materia prima que consistía en una empresa de maletín, Lyon Street, en perjuicio de los intereses de la compañía, aprovechándose de los dos votos de AD en la directiva.
Rodríguez Laprea y otros parlamentarios respondieron acusando a Voluntad Popular y a López de procurar “pánico financiero” con estas denuncias, buscando la quiebra de Monómeros para que fuera adquirida por una toma hostil en beneficio de la multinacional Nitron (acusación que la propia empresa Nitron ha negado). La pelea de Monómeros produjo un grave daño político y reputacional a la oposición venezolana, en virtud del pobre desempeño político evidenciado detrás de este reto gerencial en el cual se debía mostrar al país que hay un equipo político capaz de hacer las cosas diferentes al chavismo.
Petro devolvió al Gobierno chavista el control de la compañía, en un momento en el que arrojaba balances positivos. Lo hizo con la intención de comprársela de vuelta a Maduro, ya que Monómeros pertenece a Pequiven, que satisface el 40% de la demanda colombiana de fertilizantes para la agroindustria. Además, la empresa genera más de 1.700 empleos, de ellos cerca de 600 directos, en Barranquilla. Para el presidente, era un elemento fundamental para desarrollar la agricultura del país. Ahora se encuentra con que Maduro, a través de Saab, quiere vendérsela al mejor postor. En Casa de Nariño hacen cuentas y plantean estrategias políticas para evitarlo a toda costa.
