La crisis que afronta Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha vuelto a poner los reflectores sobre las políticas migratorias en Colombia, el principal destino de los venezolanos presionados a abandonar su país. Según datos oficiales, el número de migrantes de esa nacionalidad asentados en Colombia ha aumentado de 1,8 millones en agosto de 2021 a cerca de 3 millones a mediados de este año, un crecimiento que contrasta con la falta de medidas para mejorar la regularización de quienes ya suman alrededor del 5,7% de los habitantes en suelo colombiano.
La estrategia más reciente para hacer frente a un fenómeno migratorio en efervescencia —y en riesgo de seguir aumentando ante la incertidumbre política, social y económica en el vecino país— fue la creación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos del Gobierno de Iván Duque, en el año 2021, dos años después de que Maduro rompiera relaciones con Colombia por el apoyo que ofreció Duque a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El estatuto reemplazó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que habilitó el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2017, por el Permiso de Protección Temporal (PPT), un mecanismo que otorga estatus regular por 10 años a quienes lo obtienen, lo que les permite trabajar y acceder a servicios de salud y educación mientras logran una visa de residentes. Sin embargo, solo pueden aplicar los migrantes venezolanos que se encontraban irregularmente en Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Los que han llegado después están en el limbo.
“Hoy se estima que unos 500.000 migrantes de origen venezolano están en Colombia sin que su situación esté regularizada, sin contabilizar lo que pueda desencadenar esta nueva crisis. La regularización de los migrantes es clave para que el Estado identifique quiénes son, dónde están y pueda diseñar programas de inclusión”, señala Miguel Suárez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Si en los próximos días o meses una nueva ola empieza a cruzar la frontera, el Estado colombiano no tiene herramientas para manejar una situación de esas proporciones”, agrega.
De los 7,7 millones de personas que han huido de Venezuela en los últimos años, cerca del 40% están radicadas en la vecina Colombia. De ellas, casi el 27% son menores de 18 años. Como una medida complementaria a las gestadas en anteriores Gobiernos, el de Gustavo Petro busca habilitar el Permiso Especial de Permanencia para Tutores (PEP Tutor) para regularizar a los cuidadores de más de 270.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos. Ese nuevo permiso, que todavía está por reglamentarse, sólo cobija a quienes se encontraban en Colombia antes del 12 de agosto de 2022, fecha del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. “Nace con limitaciones de cobertura porque la migración continúa y continuará”, advierte María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios de Venezuela.
El lugar central que ha ocupado la normalización de las relaciones con Caracas en la agenda internacional del Gobierno Petro difiere de la poca relevancia que se le ha dado a la realidad migratoria, a juicio de algunos expertos. “Colombia venía jugando un papel fundamental en un abordaje integral, pero ha perdido capacidades. No tenemos una diplomacia para la migración. Le hemos bajado el perfil para evitar tensiones con el régimen venezolano. Si bien no se ha generado una ruptura frente a las políticas anteriores, ni un cambio de discurso hacia la contención migratoria, esa pérdida de importancia desconoce un problema que está ahí”, asegura Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Una de las dependencias que desapareció con la reestructuración de la Presidencia de la República tras la llegada del presidente Petro al poder fue la oficina para la integración socioeconómica de la población migrante, también conocida como gerencia de fronteras, que tenía a un encargado del asunto de alto nivel y en el corazón del Ejecutivo.
Robayo opina que es necesario asegurar una mejor respuesta humanitaria e integrar a los migrantes a las oportunidades de desarrollo del país. “Los colombianos estamos más preparados que hace 10 años, pero menos que hace dos. Hace una década no teníamos políticas migratorias, no teníamos experiencia en la recepción de migración. A pesar de la curva de aprendizaje, hemos visto una reducción importante de los recursos de cooperación internacional”, subraya.
Suárez, el investigador de la FIP, considera que la falta de integración de los migrantes ignora las oportunidades que traen a Colombia, un país en el que declina la población en edad productiva. “En 2022 las personas venezolanas de origen migrante — no los grandes capitales, sino las personas naturales —, generaron ingresos por 529 millones de dólares, un aporte tangible. ¿Cuánto le cuesta al Estado colombiano atender a esta población? Unos 400 millones de dólares aproximadamente. Hay un saldo de 100 millones que podría aumentar si se materializa la regularización total de estas personas”, indica.
Según datos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, al menos siete de cada diez venezolanos en Colombia subsisten en la informalidad, principalmente en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta. “Buena parte de esta población está en condiciones de vulnerabilidad. Mientras la población venezolana no tenga acceso a crédito, por ejemplo, va a ser muy difícil apalancarse para crear su proyecto de vida en Colombia”, explica Rodríguez.
Los vacíos en la regularización se traducen, especialmente, en riesgos más altos para una población ya vulnerable. Además de quienes están atrapados en la informalidad, cientos de miles de migrantes exponen su vida intentando atravesar la peligrosa selva del Darién, el paso terrestre por la frontera entre Colombia y Panamá hacia Norteamérica.
De los más de 520.000 migrantes que cruzaron por esa ruta en 2023, 328.000 eran de origen venezolano. “La población venezolana que fracasa en su proceso de integración se convierte en una presa fácil para las organizaciones de trata y tráfico de migrantes, que venden el sueño americano como una opción en la que se vuelve mejor arriesgar la vida por la selva del Darién o por rutas como San Andrés. Eso demuestra que algo está fallando en el proceso de integración, pues termina siendo más atractiva una incertidumbre hacia Estados Unidos que la construcción de un proyecto de vida en Colombia”, apunta Rodríguez, el director del Observatorio.
Alejandra Vera, directora ejecutiva de la Corporación mujer, denuncia y muévete, una ONG defensora de los derechos humanos de las mujeres en contexto de conflicto armado y migración, también teme el aumento de la población en riesgo. “Nos preocupan las niñas y mujeres porque ya hemos evidenciado el tema de la explotación, trata y violencia sexual de las migrantes. En materia de salud mental hay mucha angustia, ansiedad y estrés postraumático. Mujeres sin trabajo que pasan por situaciones muy complejas porque están con sus hijos mientras algunos esposos se fueron a votar y no han podido regresar”, narra desde Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.
La integración de los migrantes es más efectiva que la contención, coinciden los analistas. “No se puede abandonar la idea de seguir generando procesos de regularización con enfoque de protección internacional y de derechos humanos”, puntualiza Robayo.
