En la oposición venezolana todo el mundo parece consciente del impacto que produjo en la opinión nacional e internacional la publicación, ante la falta de transparencia del oficialismo, de las actas de votación de las elecciones presidenciales desde el comando de campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y está muy extendida la convicción de haber concretado una aplastante derrota electoral al chavismo (67% para el candidato opositor frente al 30% de Nicolás Maduro), en unas condiciones especialmente desiguales y atípicas.
Pero más allá de las conclusiones, la sensación que se impone es el miedo. Los políticos están herméticos. Las entrevistas quedan canceladas. Las personas del entorno de los líderes cambian de teléfonos. Hay una enorme reserva en los grupos de WhatsApp; escasean las conversaciones por Zoom. La policía acosa a ciudadanos buscando datos en sus teléfonos móviles. Testigos y miembros de mesa son acosados judicialmente. Al menos dos activistas civiles han sido retenidos, por ocho horas y más, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Son muchos, demasiados, los analistas y observadores que prefieren dejar sus opiniones para otro momento.
La represión del chavismo en la semana poselectoral ha hecho que tanto González como Machado se dirigiesen este lunes a las Fuerzas Armadas en un comunicado conjunto. Un texto en el que él firma como “presidente electo de Venezuela” y ella como líder de las “fuerzas democráticas de Venezuela”. “No repriman al pueblo, acompáñenlo”, reclaman en el comunicado, en el que insisten en la victoria “abrumadora” del candidato opositor y critican “la brutal ofensiva” de Nicolás Maduro contra “dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común”. La misiva incluye un llamado “a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo” y abandonen al Gobierno de Maduro.
Por su parte, el líder chavista tiene los argumentos en contra, pero controla objetivamente los resortes del poder. El presidente venezolano ha anunciado que 2.000 presos irán a cárceles de máxima seguridad por protestar, y afirma que habrá más detenciones: “Ya basta de impunidad, se acabó el fascismo, no se negocia con los fascistas. El pueblo ya habló, y quiere paz”, ha declarado. Maduro tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, y acaba de pedir un amparo a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, instancia frente a la cual ha prometido consignar las actas de la elección, que aún no han sido publicadas, con el objeto de esclarecer su proclamada victoria electoral. Se espera que el Supremo, controlado por el oficialismo, dicte sentencia a su favor.
Cunde, por tanto, una extraña sensación de parálisis en Venezuela. Poca gente, nadie en realidad, atina a figurarse lo que se pueda aproximar. Maduro está a toda hora presente en la televisión, irritado, amenazante, dispuesto a hacer valer su versión de los hechos. De las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que fueron apenas la semana pasada, parece que hicieran seis meses.
“Para el movimiento democrático venezolano, el objetivo es uno: que Edmundo González Urrutia sea proclamado presidente de la república el 10 de enero del año que viene”, afirma Carlos Blanco, economista y analista político, estratega del comando, asesor cercano a María Corina Machado.
Un proceso que, opina, apenas empieza, y que tendrá múltiples sobresaltos, en un eventual espacio de negociación en el cual medie la comunidad internacional. Blanco descarta que un acuerdo de transición saque del cuadro a María Corina Machado, como pretende la negociación impulsada por México, Colombia y Brasil, tal como adelantó EL PAÍS. “María Corina y Edmundo son un binomio, ella es el motor popular, él es el candidato. No hay posibilidades de que ambos actúen separados, y menos ahora. La idea de negociar solo con Edmundo, sin que esté presente María Corina, es un absurdo, son maniobras destinadas a crear problemas que la oposición ya resolvió en el pasado”.
Blanco no considera procedente esperar que las instituciones del Estado venezolano diriman este problema, “puesto que la elección ya se produjo. La victoria se concretó, y no la quieren reconocer. Aquí hay que movilizarse; es muy importante mantener este enorme apoyo de la comunidad internacional para ejercer la presión necesaria”.
Para Carmen Beatriz Fernández, consultora electoral y analista política, Venezuela se adentra en un terreno desconocido. “Hay muchas esperanzas puestas en lo que puedan hacer Lula, Gustavo Petro y López Obrador, demasiadas quizás”. Fernández opina que la percepción internacional de la victoria de la oposición es clara, pero distingue entre aquellas naciones que desconocen, en los actuales términos, la reelección de Maduro, como algunos países europeos, y las que han reconocido expresamente la victoria de González Urrutia, como ha sido el caso de Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas.
“La diferencia no es trivial”, prosigue. Marca caminos diferentes en las negociaciones de un problema que ya es latinoamericano. Aquellas naciones que se limitan a cuestionar la elección, sin admitir la victoria de González, podría abonar en un terreno para invalidar una elección, procurar un acuerdo para repetirla, no para hacer respetar el resultado, un camino que es más cómodo para Maduro”, afirma.
Tulio Hernández, sociólogo y analista, considera que la consecuencia del desenlace electoral no ofrece lecturas alternas: Venezuela ha entrado en una dictadura, y quizás ya no es momento para discutir estrategias políticas. “Dejamos atrás el marco autoritario hegemónico, y hemos arribado a la zona del totalitarismo. Un proceso inédito en estas dimensiones”, sostiene. “Casi no quedan medios libres; el poder rompe relaciones diplomáticas con Latinoamérica; se profundiza el aislamiento, se expulsan periodistas; los policías que le piden el teléfono a los ciudadanos buscando información política. Es el momento más peligroso, más grave, más triste de estos 25 años. Aquí el oficialismo ha renunciado a cualquier antifaz democrático. La presión internacional ayuda, visibiliza el problema, pero, lo hemos comprobado, no lo resuelve. Lo único que queda es resistir”.
“Comenzaría con estas cinco palabras, para poner contexto: no hay estado de derecho. No es fácil hablar de lo que se puede hacer. El poder político en Venezuela está haciendo lo que quiere. El masivo apoyo popular que tiene González Urrutia es fundamental, pero no suficiente”, afirma el sociólogo, académico e investigador Ramón Piñango, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.
El profesor Piñango sostiene, sin embargo, que el Gobierno de Maduro no ofrece muestras de salud, “y no es retórica afirmar esto. Los chavistas no se imaginaban que iban a quedar tan mal. Muchos de ellos tienen dudas sobre el resultado. No es sencillo asimilar esta realidad para la gente. Lo que ha pasado en el país afecta todo lo que uno hace. Las consecuencias serán graves, y eso lo tienen claro muchos en el poder. Vamos poco a poco. Aquí es necesario no precipitarse.”
