Maickel David Villegas Rodríguez, uno de los sospechosos del crimen del exmilitar y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda Moreno, ocurrido en febrero en Santiago, ha enfrentado a la justicia chilena después de ser extraditado el martes por autoridades de Costa Rica. Este miércoles, el Tercer juzgado de garantía de Santiago ha dictaminado que deberá permanecer en prisión preventiva durante la investigación del caso debido a que representa un peligro para la seguridad de la sociedad y también para evitar su posible fuga.
El País | Maolis Castro
Aunque la investigación del asesinato del disidente todavía se encuentra reservada, la audiencia de formalización de cargos en contra de Villegas, el segundo detenido por el caso, ha sido separada y se ha permitido por primera vez el acceso al público. El imputado, de 28 años y nacionalidad venezolana, se encuentra en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), la principal cárcel de máxima seguridad en el país sudamericano, desde donde se conectó por la plataforma Zoom para escuchar su formalización por los delitos de secuestro con homicidio.
El secuestro y asesinato del exmilitar conmocionó a Chile, y también generó tensión por varios meses a los gobiernos de Gabriel Boric y de Maduro, luego que el fiscal Héctor Barros, que investiga el caso, señalara que el móvil del crimen de Ojeda fue político. Este miércoles, Barros ha relatado en la audiencia algunos de los hechos que involucran al sospechoso. Fue el 20 de febrero, aproximadamente a las 23:00 horas, cuando Villegas se instaló, junto con un adolescente de 17 años —también venezolano—, en las afueras de un edificio donde vivía Ojeda, en el municipio de Independencia, en Santiago, para esperar en un automóvil perteneciente a su cuñado, marca Chevrolet Sail, durante varias horas a que salieran los secuestradores del disidente, que iban disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI). Ya el 21, cerca de las 3:11 horas de la madrugada, vio a Ojeda con cuatro de sus captores salir de su domicilio. Lo primero que hizo fue sacar su teléfono IPhone para grabarlo: parado en una vereda, vestido solo con su ropa interior y tomado a la fuerza.
Los secuestradores situaron al exteniente en una posición que permitió realizar el video a Villegas, quien luego lo envió a un destinatario, a la vez que intercambiaría mensajes, según la versión de su acompañante dada, anteriormente, al Ministerio Público. El mismo adolescente, el primer detenido y condenado a cinco años de reclusión en un régimen mixto por el caso, aseguró que le preguntó a Villegas por qué grababa, a lo que él respondió: “¡Son policías!”.
Luego, ambos emprendieron un recorrido en el automóvil Chevrolet Sail, donde ofrecerían apoyo a los otros involucrados en el secuestro que, inicialmente, se trasladaron en un vehículo Nissan Versa, color gris, con baliza azul (parecido a los de la PDI). Este último auto se “descompuso”, según la Fiscalía, por lo que debió ser abandonado —dejando huellas— y los involucrados en el delito se distribuyeron entre el automóvil conducido por Villegas (tres de los otros implicados suben con él), cuyo copiloto es el adolescente, y en uno más, de marca Hyundai I.
Para el fiscal Héctor Barros, las señales apuntan a que el secuestro de Ojeda fue coordinado desde Caracas, al igual que la orden de su asesinato debido al perfil de la víctima, la organización del delito y que no se ha pedido rescate. Según la autopsia, el exmilitar pudo morir entre las 24 y 72 horas después del plagio. Su cuerpo fue encontrado el 1 de marzo, en una maleta, cubierto con cal y enterrado bajo 1,4 metros de profundidad, en un asentamiento precario en el municipio de Maipú, en la zona occidente de Santiago.
Los Piratas del Tren de Aragua
Villegas fue asistido por una abogada privada en su audiencia, quien argumentó que, supuestamente, el imputado fue amenazado con un arma de fuego por el adolescente que le acompañó para cometer los delitos. Pero la versión del menor, que se encuentra en prisión, es que el extraditado está vinculado a una facción de la organización trasnacional criminal Tren de Aragua, llamada Los Piratas, que operarían en Calama y parte de Santiago de Chile.
El sospechoso, que no tenía antecedentes penales antes del crimen de Ojeda y llevaba siete años con residencia legal en Chile, trabajaba como jefe de una bodega y vivía en el municipio de La Granja, en la Región Metropolitana. Su abogada defensora aseguró que el imputado no tenía necesidad de delinquir y que le habría dicho que estaba “en su mejor momento”.
El rastro que involucró a Villegas con el delito fue que dio sus datos en una estación de combustible, para acumular puntos de descuentos, en el municipio de San Ramón, en la zona sur de la capital chilena. Fue en ese momento que pagó con su tarjeta de crédito e introdujo su número de cédula de identidad en Chile y fue rastreado por las autoridades. Desde entonces apagó su teléfono celular, y solo lo encendió nuevamente el 25 de marzo en Colchane, en el extremo norte del país, una vez que estaba cruzando ilegalmente la frontera entre Chile y Bolivia. Ya, en ese momento, tenía una orden de captura por el crimen de Ojeda.
No hubo rastros de él hasta el 12 de julio, cuando autoridades migratorias de Costa Rica detectaron que intentó atravesar el cruce fronterizo Paso Canoa, limítrofe con Panamá, y fue arrestado por detectarse que estaba solicitado por delitos en Chile.
