Para Nicolás Maduro la oferta de Nayib Bukele de liberar a 252 venezolanos encarcelados en la megacárcel de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), fue una puñalada en el Domingo de Resurrección. “Dos meses después de no saber de ellos, por primera vez, cuando los católicos estamos celebrando que Cristo resucitó, mete la puñalada y reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio y sin derecho a la defensa”, declaró el presidente venezolano este lunes en su programa de televisión Con Maduro +, desde donde ha tachado al mandatario centroamericano de “violador serial” de derechos humanos. “¡Póngase a derecho! Dé una fe de vida de los secuestrados, permita acceso de abogados y familiares y abandone el camino de la desaparición forzada”.
El País | Florantonia Singer
Las declaraciones de Maduro se unen a las del fiscal general Tarek William Saab, que también ha exigido a El Salvador información sobre los detenidos y pidió al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, intervenir por su situación. El Gobierno venezolano inició gestiones con un bufete en El Salvador para la defensa de los migrantes, pero con los canales diplomáticos rotos entre los dos países, solo se da una sucesión de mensajes en redes sociales, declaraciones y comunicados.
Maduro ha acusado a la oposición, específicamente a la dirigente en la clandestinidad María Corina Machado y al exiliado en Madrid Leopoldo López de apoyar la deportación de venezolanos a El Salvador. “¿Quién salió a apoyar que los venezolanos se mantengan secuestrados? María [Corina] Machado y Leopoldo López, ellos son los asesores y manos derecha de Bukele, que han legitimado todas esas cosas”. El líder chavista ha comparado lo hecho por Bukele con el nazismo. “Nayib Bukele es un violador serial del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos, por el secuestro y desaparición forzosa de los migrantes venezolanos”, agregó.
Los funcionarios venezolanos no se han referido a los presos políticos en Venezuela, sobre los cuales Bukele sugirió un canje por los migrantes deportados desde Estados Unidos. Después de las elecciones del pasado 28 de julio, el número de encarcelados por motivos políticos superó las 1.800 personas, la mayoría manifestantes en protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, el mayor número registrado durante el chavismo, una situación sobre la que también han alertado los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. A finales de 2024, el Gobierno venezolano inició una revisión de los casos y excarceló a decenas de ellos. La ONG Foro Penal aún registra más de 800 presos políticos, entre ellos activistas, dirigentes políticos y periodistas y, según la organización, 62 están en paradero desconocido.
Hace unas semanas las familias firmaron documentos en la sede Naciones Unidas en Caracas para autorizar gestiones. Desde la Vicepresidencia se contrató un bufete de abogados que introdujo un habeas corpus en la Corte Suprema de El Salvador. Pese a eso, las familias siguen en incertidumbre un mes de después de que algunas de ellas pudieron ver por última vez a sus parientes en el video difundido por Nayib Bukele durante el operativo de ingreso al CECOT.
La orden judicial para regresar al salvadoreño Kilmar Abrego García, también enviado “por error” con los venezolanos a la megacárcel, sembró algunas esperanzas entre las familias venezolanas, al menos entre las que todavía no se han enterado de la negativa que dio el propio Bukele durante su visita a la Casa Blanca a cumplir con el mandato del tribunal. Washington le paga a El Salvador para mantener a los deportados en su publicitada cárcel de máxima seguridad en la que han ocurrido muertes de decenas de presos por tortura, según organizaciones de derechos humanos salvadoreñas como Cristosal. A los venezolanos los han enviado bajo acusaciones de supuestamente pertenecer a la pandilla del Tren de Aragua.
Hace unas semanas, Mercedes Yamares estaba más confiada en las gestiones que podían hacerse por su hijo Mervin, de 29 años. Ahora dice que está muy preocupada. “Estamos metiendo un papel para pedir una prueba de vida, una llamada. Pero nadie responde nuestras preguntas. Todo está en silencio”. Las familias se movilizarán una vez más en Caracas esta semana para insistir por sus deportados. Cada viaje a la capital implica un gasto para Mercedes, que está a cargo de su nieta -la hija de Mervin- y sobrevive con un trabajo como maestra y cuidadora de niños. Junto a Mervin, otros dos hijos de Mercedes también habían emigrado a Estados Unidos. Uno de ellos decidió irse a México hace dos semanas por temor a terminar en El Salvador como su hermano. Desde ahí intentará tomar uno de los vuelos que organiza el Gobierno de Venezuela para repatriar a venezolanos. “No tienen ningún interés en rectificar. Y el presidente ese dice que puede deportar más gente”.
En Capacho Viejo, un pequeño pueblo agrícola del estado fronterizo de Táchira, en el occidente venezolano, lo que pueden hacer por ahora es rezar por la liberación de Andry Hernández, mientras esperan las gestiones de abogados y conocidos de la familia. En Semana Santa lo hicieron durante un viacrucis organizado por los grupos culturales al que el joven de 31 años pertenecía. Andry es actor y maquillador. En cada obra de teatro en su pueblo, en cada celebración de una quinceañera o una novia estaba Andry con su estuche de pinturas, recuerda por teléfono Jorge Cárdenas, director de las agrupaciones culturales. También estuvo en Bogotá y en Caracas trabajando con reinas de belleza y modelos, pero en mayo de 2024 decidió irse a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades. Apenas cruzó desde México, ya con su cita hecha en la extinta aplicación CBP One, lo detuvieron. Era otra Administración, pero ya discriminaban por los tatuajes. Él tiene dos coronas que representan a sus padres y a la tradición de Los Reyes Magos de Capacho de la que es cultor. “Esto es algo muy injusto”, dice Cárdenas, quien aseguró que seguirán haciendo protestas para exigir a los presidentes Bukele y Trump liberar al muchacho y quien está convencido de que el destino de los deportados está en medio de las diferencias políticas entre los gobiernos.
