La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, acaba de aprobar, con un debate en segunda discusión, la denominada Ley Simón Bolívar, un instrumento que prevé penas de hasta 25 años de cárcel, inhabilitación política vitalicia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, o invocado o respaldado, la aplicación de sanciones internacionales en contra del gobierno de Nicolas Maduro.
El País | Alonso Moleiro
El proyecto fue aprobado por unanimidad, con el respaldo de algunos pequeños partidos opositores disidentes presentes en el parlamento, que han pactado con el chavismo en torno a determinados temas de interés común. Llamada formalmente Ley Orgánica Simón Bolívar en contra del bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, se trata de un proyecto que, según el propio Diosdado Cabello, número dos del régimen, es “muy severo”. Se trata de una respuesta a la Ley Bolívar que está por aprobarse en Washington, que endurecerá las sanciones internacionales a Caracas, luego de los discutidos resultados electorales del pasado 28 de julio, que Estados Unidos no reconoce como válidos.
Este proyecto legal concreta una vieja promesa, en calidad de amenaza, hecha por la plana mayor chavista hacia la oposición política venezolana en los momentos más tensos del pulso político que ambas tendencias mantienen estos años de hegemonía revolucionaria. Presenta en sus entrañas, de acuerdo a algunos de los diputados promotores, el agravante de la “traición a la patria”.
Para los medios de comunicación social también hay sanciones muy fuertes en caso de alguna transgresión. “Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela”. Hay multas millonarias similares para medios electrónicos, medios impresos y redes sociales.
En su justificación de motivos, el texto legal se propone “proteger al pueblo contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas”.
Al quedar aprobada la Ley Simón Bolívar, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminó con el resto de los integrantes de la bancada del PSUV desde el Palacio Federal Legislativo hacia la vecina Plaza Bolívar (la plaza mayor de la ciudad) para depositar la ley en la estatua ecuestre que domina el espacio público, junto a una ofrenda floral.
“Más grande que esas amenazas, vale el amor al héroe del pueblo venezolano, y nuestra determinación de ser bolivarianos para siempre”, dijo Rodríguez. “No toleraremos ninguna agresión contra los venezolanos y la patria.” En los debates, el diputado Carlos Mogollón, del PSUV, argumentaba que este un instrumento para “hacer frente a sanciones que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos”.
Al saludar la iniciativa, el presidente de la República, Nicolás Maduro -sometido en estas semanas a insistentes reclamos por diversos gobiernos de Europa y América para que enseñe las actas de votación y la correlación regional de votos de las elecciones del pasado 28 de julio, que le decretaron ganador-, comentó en su programa de televisión que la comentada ley “dotará a la institucionalidad nacional y a nuestra democracia de un arma jurídica y constitucional para defender el derecho a la paz, a la tranquilidad, a la vida y al desarrollo de Venezuela. Es ineludible que tengamos una ley de este tipo en el país”.
