Desde Nicolás Maduro a todo el chavismo en el poder han calificado de traición una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. La medida acerca a los acreedores de la enorme deuda externa venezolana la posibilidad de cobrar con el remate de las acciones de Citgo, la refinería de PDVSA basada en Estados Unidos, el activo de más valor que tiene Venezuela en el exterior. El mandatario venezolano ha dicho que se trata de “una bofetada” a la reunión que el presidente colombiano, Gustavo Petro, organizó en Bogotá con otros países para hablar de la crisis del país. Este paso judicial, sin embargo, viene de un largo camino que empezó con Hugo Chávez, que durante los años de mayor bonanza petrolera realizó más de 5.500 expropiaciones de empresas y bienes y contrajo una pesada deuda que pesa ahora y pesará en el futuro.
Esta semana, la OFAC dijo que no actuará “contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo que sirven como garantía”, una medida que allana la subasta de acciones de la petrolera para el pago de deuda y podría ser un primer paso para resolver el enorme problema de la deuda externa venezolana que no para de crecer. La cancillería venezolana respondió, a través de un comunicado, que esta “acción rapaz y criminal” tiene el objetivo de causar daños a los ciudadanos. “No se atrevió Donald Trump, para que lo vendiera cómo y cuándo les diera la gana, y este Gobierno se ha atrevido», añadió Maduro esta semana. El chavismo, en una vuelta de la historia, lo ha calificado de “expropiación”.
El Departamento de Justicia ya había dicho que no “bloquearía la subasta forzosa de las acciones de Citgo”, en una respuesta al juicio por la demanda de la canadiense Cristallex, que en 2008 fue despojada por el Gobierno chavista de la mina de Las Cristinas, en el sur del país. Esta compañía ganó una demanda ante el Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) que le permite cobrar a Venezuela 1.400 millones de dólares, de los cuales Maduro ya pagó 400 millones de dólares. Pero para cobrar el resto, Cristallex introdujo una demanda en la Corte de Delaware que en 2018 decidió que PDVSA y el Gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de PDVSA.
