Hace pocos días, en un inusual gesto, Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a representantes del Foro Cívico, una plataforma de organizaciones de la oposición venezolana en la cual estaban incluidos importantes miembros de sociedad civil que le cuestiona.
En el encuentro, sus representantes, activistas de Derechos Humanos, académicos, sindicalistas y empresarios, todos de línea moderada, hicieron solicitudes para la recomposición institucional del país. Entre ellas estaban incluidas proposiciones para el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y reclamos sobre los múltiples trastornos de los mecanismos republicanos de la nación.
Acompañado de su esposa, Cilia Flores, y de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea chavista, Nicolás Maduro tomaba nota de las observaciones.
“Hemos decidido reactivar el diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, sociales. El diálogo de México recibió un duro golpe, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo tenemos que dar el ejemplo. Vamos a un diálogo más amplio e inclusivo en el país”, dijo Maduro.
Para el 21 de abril, el régimen de Maduro, se dispone a instalar el Foro de Diálogo Social, con presencia de miembros de la Organización Internacional del Trabajo, una mesa de intercambio con sindicatos y empresarios cercanos a su causa, así como también miembros de la patronal empresarial Fedecámaras, tradicional bestia negra de la narrativa chavista.
Asediado desde todos los frentes hace unos tres años, desconocido por parte importante de la sociedad venezolana durante muchos meses, sancionado internacionalmente, Maduro inicia una ofensiva para adelantar una apertura política —que también es económica— que le permita recuperar autoridad ante sus adversarios y conjurar definitivamente los intentos por sacarlo del poder.
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