Las policías de Venezuela son de los organismos que más violan derechos humanos. Sus prácticas de terror y la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se le atribuyen hacen que sean altamente temidas por la población. En lugar de generar tranquilidad producen inseguridad.
LUNA PERDOMO // TAL CUAL
En 2020 al menos 2.853 personas fueron asesinadas en el país por diferentes cuerpos armados del Estado, de acuerdo con las estadísticas de Provea.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), por medio de su grupo élite, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo que acumula la mayor cantidad de muertes con 672 asesinatos, seguido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos. En tercer lugar están las policías de los estados, siendo responsables de 721 presuntas ejecuciones, mientras que la Fuerza Armada Nacional acumuló 359 casos.
El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dedicó un capítulo especial a las FAES y desde 2019 recomendó de forma inmediata al régimen de Nicolás Maduro disolver ese cuerpo de seguridad por las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha la solicitud ha sido ignorada.
Sin embargo, lo más parecido que se le ha ocurrido al régimen es la orden de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dada por Nicolás Maduro a mediados de abril, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.105 con fecha del 13 de abril de 2021.
¿Qué hay detrás de la reforma policial?
Según el decreto para la reforma policial, esta busca reimpulsar la doctrina original de la policía “eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad, protección y autoridad para garantizar la seguridad y la paz del pueblo”, así como contribuir con los fines del Estado “en el marco de los parámetros del respeto a los derechos humanos”.
Para el abogado penalista Luis Izquiel esta supuesta transformación de la PNB surge tras la ola de denuncias nacionales e internacionales de violación de derechos humanos por parte de este organismo, buscando “enviar una señal a la Corte Penal Internacional (CPI) de que acá se están corrigiendo los errores que hubiesen podido haber cometido las FAES y (diciendo) que no van a suceder porque el organismo va a ser reestructurado”.
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