Derechos humanos violados. Impunidad. Crímenes de lesa humanidad. Un informe de 443 páginas reseñó algunos de los casos más atroces cometidos en el país. Este documento elaborado por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela señaló como responsables a Nicolás Maduro y los principales colaboradores de su régimen.
“Este régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad, y esa es una frase que tiene mucha responsabilidad y mucho peso internacional, especialmente porque los ha elaborado de manera sistemática y ha utilizado todas las instituciones para que se lleven a cabo y encubran, es decir, se ha creado una maquinaria de impunidad permanente ante estas situaciones, para utilizar el abuso de poder como un mecanismo de control sobre la población”, dijo a El Nacional Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea.
Uzcátegui calificó al informe como “el acontecimiento más importante de este 2020 en materia de protección de derechos humanos”, ya que fue elaborado con un tono más contundente que los documentos sobre la situación del país publicados previamente.
Destacó que el grueso del informe reivindica el papel de los organismos de protección de los derechos humanos que, si bien no actúan tan rápido como quisiera la sociedad venezolana, cuando se activan con todo el peso profesional y burocrático, generan resultados contundentes.
“Esto implica que Venezuela no está sola, que los organismos de derechos humanos están actuando, que hay diferentes mecanismos activados sobre Venezuela, que la sociedad civil y el liderazgo político está trabajando de manera incesante y alimentando a estos organismos para que sigan actuando”, señaló Uzcátegui.
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen detalladamente en el informe. Adicionalmente, examinaron otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, son algunos de las violaciones a los derechos humanos que recoge el extenso documento.
Mayor presión contra el régimen de Maduro
Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional, aseguró a El Nacional que el alcance del documento es y será bastante amplio, ya que tiene un gran impacto en la opinión pública internacional, y además puede convertirse en un insumo crucial para que distintos países y organismos internacionales continúen o redoblen sus investigaciones.
Explicó que algunas naciones pueden adelantar investigaciones y eventualmente juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto dependerá de la legislación de cada país y de la voluntad política de sus autoridades.
Uzcátegui también coincidió en que la aplicación de la jurisdicción universal por parte de otros Estados es una posibilidad que se abre a partir de esta investigación.
En el ámbito internacional, el documento genera mayor presión para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance con premura, señaló De Alba.
Los expertos indicaron que el informe es un recurso que puede servir para pasar de la fase de examen preliminar de la CPI, a una fase de investigación formal, es decir que se abra un caso concreto sobre Venezuela. Esto podría convertirse en un hecho histórico, ya que sería la primera vez que se abre un proceso penal sobre un país de América Latina.
De Alba agregó que uno de los puntos que ha retrasado el proceso en la CPI es que en algunos casos no ha recibido información de calidad proveniente de Venezuela, por lo que el informe de la Misión sería un insumo de peso tomando en cuenta el organismo del que proviene.
“En cualquier caso, la decisión de avanzar o no con el examen de la situación de Venezuela, sigue dependiendo de la Fiscalía de la Corte, así que es un insumo muy importante, pero tampoco obliga a la Corte a avanzar o a darle mayor premura”, resaltó el abogado.
También precisó que esto podría suponer un proceso difícil ya que “presupone que haya un cambio de gobierno para que puedan detenerse a los responsables y sean sometidos a juicio. Pero quién puede establecer la responsabilidad de los involucrados es un tribunal nacional o internacional, después de un juicio”.
El coordinador de Provea por su parte habló sobre la posibilidad de que la Misión de determinación de hechos continúe ampliando su investigación sobre Venezuela, un punto que será discutido la semana que viene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El gobierno de Maduro intentará hacer todo lo posible para evitar que este mecanismo sea ampliado y nosotros creemos que su estrategia no solo será tratar de desprestigiar o criminalizar el trabajo de la Misión, sino también buscarán argumentar que su acuerdo de trabajo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es suficiente para mejorar la situación de Venezuela”, añadió Uzcátegui.
El papel de las víctimas
El trabajo de las organizaciones de derechos humanos, el liderazgo político, y especialmente el testimonio de las víctimas fue fundamental para la creación del informe, puntualizó el coordinador de Provea.
“Para nosotros el testimonio más importante ha sido la voz de las víctimas. A través de Provea pudimos conectar a muchos de ellos con la Misión para que pudieran rendir su testimonio. Hemos sido un granito de arena dentro del conjunto de organizaciones sociales, políticas, así como las víctimas, para que esta fotografía del horror pudiera ser lo más nítida posible”, dijo.
Explicó que en el caso de Provea, la organización se dedicó a la documentación, investigación, corroboración de patrones sistemáticos, la responsabilidad de diferentes niveles del estado en la violación de derechos humanos, el acompañamiento y asesoría a las víctimas.
Tanto las declaraciones de las víctimas, como las de muchos testigos, fueron clave para sustentar la veracidad de todo lo reseñado en el documento.
Aislamiento a Maduro
El informe podría generar un aumento en la presión internacional al régimen de Maduro, así como un mayor aislamiento de importantes aliados.
De Alba señaló que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, el país gana un argumento adicional para justificar las medidas que ha tomado y posiblemente adoptar sanciones adicionales contra presuntos responsables de los graves crímenes señalados.
“Es posible que sucedan algunos cambios aunque no sean muy visibles. El informe y sus conclusiones dificultan que varios países continúen tratando de obviar la realidad en Venezuela. Tristemente, algunos países harán la vista gorda y harán como que no ha pasado nada”, indicó.
En cuanto a la postura de la Unión Europea, que hasta los momentos ha dado una respuesta diplomática cuando se trata de Venezuela, destacó que dado la naturaleza del documento podría darse un cambio de postura. Sin embargo, recordó que estos países están enfocados en encontrar una solución política para los venezolanos, que permita el regreso de la democracia a la nación.
Sobre la representación del régimen en la ONU, explicó que quienes aprueban los miembros del Consejo son una mayoría de los 193 países de la ONU reunidos en su Asamblea General. “La lucha para que Venezuela no fuera parte del Consejo se tuvo que haber dado en 2019 y se perdió”, precisó.
Para expulsar a Venezuela como miembro de la ONU es necesario el voto favorable de dos tercios de los 193 países de la ONU, lo que De Alba cree muy difícil de obtener en este momento.
@ErikaHDelaR
