A menos de un mes de que en Caracas se cumpla el plazo para llevar a cabo el traspaso de poderes tras la celebración de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, en España, el Congreso y el Senado elevan la presión sobre el Gobierno para que adopte una posición nítida en favor del líder opositor Edmundo González Urrutia, reconociéndolo como ganador de los comicios y presidente electo de Venezuela; solicitando al Tribunal Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y reclamando el diseño de un «plan de respuesta» ante la eventualidad, muy probable, de que Maduro trate de emprender el 10 de enero un nuevo mandato en contra de lo expresado por los venezolanos en las urnas.
La iniciativa que pide la elaboración de este plan B ha sido registrada por la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, y será aprobada por la mayoría absoluta que estos tienen en la Cámara Alta. La propuesta en concreto plantea trazar un plan de respuesta frente a la negativa del régimen venezolano a reconocer el resultado electoral de la convocatoria celebrada el 28 de julio pasado y su pretensión de mantener a Nicolás Maduro al frente del país. Igualmente pide al Gobierno que se posicione a favor del traspaso de poderes el próximo 10 de enero y haga efectivo el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones tal y como ya aprobaron el Congreso y el Senado en sendas resoluciones los días 11 y 18 de septiembre. La moción que aprobará la Cámara Alta también insta a Pedro Sánchez a implicar a las instituciones de la UE y a la comunidad de Estados iberoamericanos a defender la necesidad de actuar en Venezuela para recuperar las libertades, la democracia y el Estado de derecho.
Además, este jueves en el Congreso se aprobó la proposición que insta al Ejecutivo a solicitar la detención de Maduro. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PP -el partido autor-, Vox y UPN y la abstención del PNV, Junts y Coalición Canaria. En contra se posicionaron el PSOE y sus aliados de izquierda: Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG. El resultado de la votación en este punto fue de 171 votos a favor, frente a 161 en contra y 13 abstenciones.
De los tres puntos restantes de la proposición no de ley -todos aprobados-, dos de ellos también obtuvieron el respaldo de los socialistas. Son los que reclaman al Gobierno emitir un comunicado dirigido a Maduro exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y el que pide respaldar los informes de la ONU que recogen las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El punto que no obtuvo apoyo del PSOE fue el que exige presentar al Congreso, en el plazo de un mes, un informe sobre las actuaciones realizadas por la embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Los populares acusan al Gobierno, tanto en la iniciativa del Congreso como en la del Senado, de mantener una «postura de complacencia» con el régimen venezolano, y sostienen que la «falta de acción no sólo traiciona los principios fundamentales que España debe representar, sino que también perjudica a los más de 150.000 españoles residentes en Venezuela y a los cientos de miles de venezolanos que han buscado refugio en nuestro país».
«Es la hora», señalan en la propuesta del Senado, «de que España lidere, no retroceda» porque «la historia no perdonará a quienes, teniendo la capacidad de actuar, optaron por el silencio y la complicidad pasiva».
