En la hacienda presidencial de Hatogrande, al norte de Bogotá, empezó a escribirse en la noche de este sábado el prólogo de la llamada ‘Cumbre de Venezuela’, que a instancias del gobierno del presidente Gustavo Petro y con la bendición de Washington se realizará este martes con la participación de cancilleres de una veintena de países y de la Unión Europea.
En Hatogrande, Petro tenía programada su primera reunión con los opositores del régimen que, aunque no lo ven neutral frente a Maduro —le ha hecho ya cuatro visitas desde agosto, cuando asumió la Presidencia— también consideran, en su mayoría, que de Bogotá saldría una oportunidad de retomar los suspendidos diálogos de México y, sobre todo, de volver a posicionar el tema de la democracia en Venezuela en la parte alta de la agenda internacional.
Las expectativas y la lectura de la realización de la Cumbre no son las mismas en Caracas, Bogotá y Washington. Así, en Casa de Nariño la presentan como una reafirmación de lo que el presidente Petro calificó, tras su visita de esta semana a su homólogo Joe Biden, como la llegada de Colombia “al centro, en un papel de liderazgo frente a los grandes problemas de la humanidad”.
Como estaba cantado y como él mismo lo reiteró en campaña, Petro posicionó a Maduro en el eje de su política internacional. En ese sentido, buena parte del discurso internacional del Colombia ha estado centrado en ‘vender’ al régimen con otra imagen, y eso pasa no solo por buscar el levantamiento de las sanciones sino por lograr que parte de los centenares de millones de dólares que cada año destina la comunidad internacional para la ayuda a los migrantes que huyen de Venezuela, incluso, sean manejados por Caracas.
La narrativa del régimen dice que la diáspora de más de 5 millones de venezolanos se debe no a la crisis política, social y humanitaria y a la represión desatada por el chavismo, sino a los efectos del bloqueo impuesto por EE.UU. y la Unión Europea. Colombia ha comprado esa historia y por eso en varios foros internacionales el canciller Álvaro Leyva ha fustigado a los que llama “enemigos de Venezuela”.
Hasta ahora, el restablecimiento de las relaciones Bogotá-Caracas ha pasado por una aún muy tibia reactivación de las relaciones comerciales y por el silencio total frente a temas críticos como la protección de Maduro al Eln y las disidencias de las Farc y, también, los nexos de fichas de ese Gobierno con los narcos colombianos y la nula cooperación judicial para combatir las bandas de delincuencia común y del narcotráfico que se mueven entre los dos países.
Ahora bien, el gobierno Petro pretende tender puentes con una oposición que, como lo destaca Catalina Lobo-Guerrero —autora del libro Los restos de la revolución: Crónica desde las entrañas de una Venezuela herida— lo ve con desconfianza, sobre todo por las “declaraciones y la actitud del embajador en Caracas, Armando Benedetti”.
Con el alto riesgo de que al final, como lo señala el internacionalista Rafael Piñeros, se termine solo en una jugada para “subirle el perfil a un régimen dictatorial para que sea admitido de nuevo en el escenario latinoamericano”, EE.UU. y los líderes de la oposición se han decidido por apostarle al pragmatismo y por eso han apoyado la Cumbre.
¿Cómo evitar que, como ya pasó, Maduro termine recibiendo oxígeno político —y esta vez económico, de entrada más de 3.000 millones de dólares— a cambio de unas nuevas elecciones amañadas, como las de 2018? Es la pregunta que se hacen los representantes de los países que han aceptado la invitación.
La bendición de Biden
Aunque la participación estadounidense se daba por descontada, la decisión de Biden de enviar a varios de los hombres fuertes de su política hemisférica a Bogotá puso de relieve el interés que le pone este gobierno demócrata a la resolución de la crisis en el vecino país, al igual que las coincidencias con el nuevo mandatario colombiano.
La delegación estará integrada por Jon Finer, asesor adjunto en el Consejo de Seguridad Nacional; Juan González, el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y el exsenador Chris Dodd, quien fue nombrado por Biden como asesor especial para las Américas. Si bien no vendrá el secretario de Estado, Anthony Blinken, sí es una delegación muy robusta y que le habla al oído al Presidente estadounidense.
De acuerdo con González, su gobierno está muy interesado en que la iniciativa prospere, pues de allí podrían surgir impactos positivos para evitar que cada día miles de venezolanos tengan que salir de su país, muchos de ellos en una larga y peligrosa travesía por tierra hacia la frontera de México con Estados Unidos.
Pero en el fondo hay mucho más en juego, y la suma incluye cálculos políticos y estratégicos. La administración Biden concluyó —y desde hace rato— que la política de máxima presión y sanciones que se adelantó contra el régimen de Nicolás Maduro durante el gobierno de Donald Trump no condujo a su salida del poder y un retorno de la democracia.
Un concepto en el que no estaban en sintonía con el gobierno del expresidente Iván Duque y que, por el contrario, ha sido defendido por Petro en múltiples escenarios.
En entrevista con este diario, González dejó claro que el levantamiento de sanciones está sobre la mesa, aunque también advirtió que su eliminación no será unilateral y depende de progresos concretos: el establecimiento de un calendario electoral definitivo, un registro de votantes confiable, verificación internacional al más alto nivel y garantías de participación para todos los partidos. “Si estas bases se dan, entonces esa es una conversación en la que queremos estar”, dijo.
Por supuesto, ayudó el hecho de que el presidente Petro cambió de tono en su aproximación: de exigir “cero sanciones” a cambio de “más democracia” pasó a hablar de un proceso de dos vías en el que las sanciones se podrían levantar en la medida que se vayan cumpliendo las exigencias de EE.UU.
Eso, en gran medida, es lo que se va a discutir en la conferencia. Para la administración Biden, además, sería un gran triunfo convertirse en el gobierno que condujo a un proceso electoral reconocido por las partes y amparado por la comunidad internacional.
Aunque saben que los republicanos, especialmente los de origen cubano americano, están en contra de levantar sanciones a Maduro, también creen que el impacto político y electoral en Florida es casi un costo ya asumido, dados los resultados de las votaciones de los últimos años.
Para Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, también hay otro elemento en juego. “Biden está siendo pragmático. Saben que con el embargo al gas y el petróleo de Rusia (que va para largo) necesita el petróleo de Venezuela. Se vuelve un tema se seguridad nacional energético. Y es parte de una estrategia de más alcance que incluye hacerle contrapeso a China en la región y asegurar los recursos de Latinoamérica”, señala.
Pero que sea una jugada pragmática, dice Langer, no significa que sea la adecuada. Asegura que EE.UU. estaría legitimando un proceso que nunca será transparente, pues Maduro ha dado muestras suficientes de cómo se aferra al poder.
Kevin Whitaker, ex embajador de EE.UU. en Colombia, ahora miembro senior del Atlantic Council, cree que la administración Biden está llegando a este punto porque sus opciones estaban agotadas.
“Los diálogos estaban estancados ante la insistencia de Maduro de levantar las sanciones como precondición, algo que no podían hacer. Ese vacío lo llena el presidente Petro, que tiene credibilidad con el régimen, y de repente comienza a tomar forma un proceso que se ajusta a lo que Washington siempre ha dicho, que es levantamos sanciones pero con cuando se vean avances verificables”, afirma.
Washington, por supuesto, está entrando con cautela. De hecho, fuentes diplomáticas le dijeron a este diario que la administración estuvo reacia a enviar una delegación de buen nivel a Bogotá, pues temía que la conferencia condujera a otro fracaso. Y solo se decidieron esta semana a respaldarla cuando el gobierno Petro modificó el planteamiento de “cero sanciones”.
Aún así, la expectativa a corto y mediano plazo es moderada. De acuerdo con las fuentes, tienen muy claro que Maduro ha utilizado este tipo de iniciativas en el pasado para dilatar y ganar terreno. Y tampoco quieren ser parte de un proceso que termine legitimando a un régimen dictatorial y violador de derechos humanos. Aunque siempre tienen el poder de volver a imponer sanciones en caso de que los resultados de las elecciones no sean transparentes, el costo político sería alto.
Y si bien le están apostando a la mediación de Petro, saben que el mandatario colombiano tiene su propia agenda e ideológicamente es más cercano a Caracas que a Washington.
¿Y qué pasa en Caracas?
En Venezuela, la oposición tradicional no es el único actor contra el oficialismo. Hay al menos tres grupos: la Plataforma Unitaria –presente en el diálogo en México–, la oposición radical y la llamada Alianza Democrática.
Retomar el proceso de diálogo en México es uno de los intereses de la Plataforma, integrada por los principales partidos opositores como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Por su parte la Alianza, con partidos judicializados y arrebatados por el gobierno de Nicolás Maduro a sus integrantes originales, insiste en que sean incluidos en cualquier iniciativa de negociación al considerarse los “opositores reales”.
En otra esquina están las organizaciones más radicales, como Vente Venezuela, encabezada por la opositora María Corina Machado, quien ha cuestionado no ser invitada a la conferencia. Estas diferencias de criterios muestran la fragmentación de la oposición frente a un oficialismo liderado por Maduro, que ante la opinión pública se representa sólido.
Víctor Mijares, profesor de estudios globales de la Universidad de Los Andes de Colombia, resalta que esta iniciativa le da un aire a Maduro, quien “ha visto en la Colombia de Gustavo Petro una puerta de entrada o reingreso a la comunidad internacional”.
Para el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Rafael González, este proceso de diálogo es bastante complejo pero “cualquier ayuda en favor de Venezuela es bien recibida y por eso es importante la iniciativa”.
Maduro se ha mostrado favorable al encuentro del 25 de abril. “Todo el apoyo de Venezuela para que la Cumbre Internacional convocada por el presidente Gustavo Petro tenga un éxito rotundo”, aseguró esta semana. Pero a su vez mantiene su verbo amenazante contra EE.UU., país que además de las sanciones ofrece recompensas por el mismo presidente venezolano y varios de sus alfiles.
En la calle la gente poco sabe del encuentro. La despolitización ha hecho que el interés de los ciudadanos en el proceso de diálogo se haya perdido.
Los que tienen conocimiento del encuentro consideran que “es más de lo mismo”, sin posibilidad de reales cambios.
Y lo que muchos se preguntan es si de Bogotá saldría alguna novedad frente al caso de Álex Saab, el principal testaferro de Maduro que está preso en EE.UU. y cuya liberación exige el régimen antes de cualquier nuevo acercamiento.
