Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas… A mitad de semana se conoció una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estremeció a Venezuela y a quienes siguen de cerca la crisis que golpea a ese país, bajo el dominio del régimen de Nicolás Maduro.
Por eltiempo.com
Aunque su canciller, Jorge Arreaza, salió a descalificar la investigación, que se inició desde 2014 y que documentó al menos 223 casos de violaciones de los derechos humanos, autoridades de al menos dos países creen que aún falta por explorar un capítulo clave: las labores de penetración y espionaje de hombres de Maduro para desestabilizar a Colombia y otros gobiernos.
En menos de 10 meses, las autoridades colombianas, incluidas inteligencia militar y Migración Colombia, han ubicado y expulsado a al menos 20 miembros de las temibles Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Maduro (Faes) y del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebín).
Según fuentes oficiales, ingresaron para atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización.
Ante la ofensiva, Colombia avanza en la posibilidad de cambiar la expulsión por judicialización. Pero la inteligencia del régimen desarrolló otro mecanismo para seguir actuando.
EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a un documento secreto que revela la nueva ofensiva de varios de los mejores elementos (hombres y mujeres) del Sebín contra Colombia.
Oficiales de inteligencia colombianos empezaron a detectar que miembros de ese servicio de inteligencia, adscritos a la base territorial de San Cristóbal, comenzaron a cruzar la frontera con Colombia con frecuencia y facilidad. El trasiego se inició en 2019, e inicialmente se creyó que se trataba de casos puntuales y esporádicos. Pero luego se detectó un modus operandi. Además, no se traba de simples oficinistas.
Foto: Archivo particular
Los 29
Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del Sebín San Cristóbal, es uno de ellos. También se detectó la presencia de Felipe José Bustamante Pérez, con su mismo rango, y de Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández, Gilbert René Vivas Colmenares… La lista se fue ampliando a otros miembros de ese cuerpo de inteligencia que incluían desde inspectores jefe hasta detectives y hoy están plenamente detectados 29 de ellos.
“Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal-estado de Táchira, a la que pertenecen, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”, se lee en el documento, con el rótulo de confidencial.
El denominador común es que todos tramitaron y obtuvieron la llamada tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) que Colombia habilitó para que venezolanos residentes en el país vecino y permite su libre movilidad por las zonas de frontera.
Este sistema de identificación empezó a funcionar en mayo de 2017, y alcanzó a registrar un total de 1’637.778 extranjeros. Pero se suspendió por primera vez durante el gobierno Santos, tras el hallazgo de 90.222 tarjetas falsificadas con fines extorsivos.
Su expedición se reanudó temporalmente. Pero, en febrero, Migración Colombia anunció una nueva suspensión y alertó sobre la judicialización de quienes falsifiquen las tarjetas.
Para leer la nota completa pulse Aquí
