La ley fue recurrida por el conservador Partido Popular poco después de entrar en vigor en el año 2010.
En España el Tribunal Constitucional ha avalado este martes de forma definitiva la ley aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.
La norma entró en vigor en 2010 y fue poco después cuando el conservador Partido Popular (PP) presentó ante el alto tribunal un recurso de inconstitucional que ha tardado 13 años en solventarse, debido, entre otros motivos, a la falta de renovación que sufre el Poder Judicial en el país. Se trata de la mayor demora en la historia de este tribunal.
Ahora, desde el pasado enero, tras su renovación, el Tribunal Constitucional cuenta con mayoría progresista, que se ha visto reflejada en el resultado de la votación que se ha conocido esta jornada: 7 votos a favor y cuatro votos en contra.
El sentido de la sentencia ya se conocía desde el pasado mes de febrero, después de que la ponencia presentada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo fuera rechazada por la mayoría progresista. Arnaldo avalaba el grueso de la ley, pero defendía que se debía informar por escrito, como ya recogía la norma, y también de manera verbal de otras alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo y de ayudas a la maternidad.
En los 13 años transcurridos desde la aprobación de la norma, así como desde la presentación del recurso, se han aprobado varias reformas de la ley. La primera tuvo lugar en 2015. Entonces el ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón introdujo el permiso paterno para abortar para las menores de 16 y 17 años, si bien había planeado una remodelación mucho más restrictiva, pero el rechazo social acabó abocándolo a la dimisión.
El último cambio legislativo se produjo este mismo año, en febrero, cuando se eliminó de nuevo esa obligatoriedad del permiso paterno para las mujeres de 16 y 17 años y se introdujo otras novedades, como la eliminación de los tres días de reflexión o garantizar el acceso al aborto en los hospitales y centros de la red pública.
