El acceso a uno de los medicamentos de uso más común en los abortos médicos, la mifepristona, ha quedado en entredicho en Estados Unidos este viernes, en la mayor amenaza a los derechos reproductivos en este país desde la sentencia del Tribunal Supremo que canceló Roe contra Wade.
Dos dictámenes judiciales federales, y dos órdenes opuestas. La primera, la del juez del tribunal de Amarillo (Texas) Matthew Kacsmaryk —un nombramiento de Donald Trump—, ha paralizado provisionalmente la administración de esta píldora, que combinada con mifoprostol, se emplea en alrededor de la mitad de las interrupciones de embarazos que se llevan a cabo en el país. Pero casi de inmediato otro magistrado, en el estado de Washington, Thomas O. Rice, ha ordenado al Gobierno mantener el suministro del fármaco en los 17 estados que lo han solicitado.
En su dictamen de 67 páginas, Kacsmaryk ha opinado que la aprobación por parte de la agencia del medicamento estadounidense (FDA) de esta píldora, utilizada desde hace dos décadas, violó normas federales que permiten la aprobación rápida de determinadas medicinas.
“Este tribunal no altera las decisiones de la FDA a la ligera”, escribe Kacsmaryk en el documento. “Pero en este caso la FDA renunció a sus legítimas preocupaciones de seguridad -en violación de su deber legal- basándose en un razonamiento llanamente infundado y estudios que no apoyaban sus conclusiones”. Este juez ha aplazado siete días la entrada en vigor de su prohibición para permitir al Gobierno presentar una apelación.
En Spokane, en el estado de Washington, el juez Rice daba parcialmente la razón a 17 estados y el Distrito de Columbia. Todos ellos habían presentado una demanda para ampliar el acceso al fármaco. El magistrado no llegó tan lejos, pero sí ordenó al Gobierno que mantenga el acceso a la mifepristona en esos estados, todos ellos bajo control demócrata.
El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha declarado en un comunicado decidido a “combatir” la decisión del juez texano, que califica de intento “sin precedente de privar a las mujeres de libertades fundamentales”. La vicepresidenta Kamala Harris también se ha sumado a la condena: “Estamos con las mujeres de Estados Unidos”. “Permitir que los tribunales y los políticos digan a la FDA qué tiene que hacer es contrario a una buena política de salud pública”, ha indicado a su llegada a Tennessee para un viaje oficial. La mifepristona, recordó, recibió la aprobación de las autoridades sanitarias hace veinte años y desde entonces “ha demostrado ser segura”. La orden del juez texano, subrayó, representa “un precedente peligroso”.
La orden de este magistrado tiene, por el momento, carácter preliminar, a la espera de que se celebre el juicio sobre la demanda de un grupo antiabortista de Texas que ha dado origen al caso y se llegue a una decisión permanente -muy probablemente, a tenor del contenido del documento, para confirmar la prohibición. O bien que una instancia superior -el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito- dé la razón al Gobierno, si éste opta por apelar.
El grupo antiabortista de Texas Alianza por una Medicina Hipocrática, de reciente creación, había demandado a la FDA por haber aprobado el uso de esa pastilla, habitualmente distribuida con el nombre comercial de Mifeprex y disponible también como principio activo, hace más de 23 años. La querella acusaba a la FDA de eliminar “la mayoría de las salvaguardas que protegen a las mujeres y las niñas de los peligros de la mifepristona”. Eso, se podía leer en la demanda, “ha hecho que el aborto químico esté más disponible y con menor supervisión médica, lo que hace que más mujeres y niñas experimenten complicaciones, lo que aumenta las situaciones de emergencia”.
La decisión de Kacsmaryk no puede haber sorprendido a quienes escucharon las cuatro horas de la vista en la que escuchó los argumentos de ambas partes. En ella, dio la impresión de inclinarse por la opinión de quienes consideran que la FDA aprobó a la ligera el uso de la mifepristona. Desde su aprobación, la agencia calcula que unas 3,7 millones de pacientes han acudido a la mifepristona, y no constan reacciones adversas más graves que las de medicamentos de uso tan extendido como el paracetamol o la penicilina.
“Deberíamos estar todos furiosos porque un juez pueda de manera unilateral rechazar evidencia médica y cancelar la aprobación de la FDA de una medicina que se lleva utilizando de manera segura y efectiva más de dos décadas. Esta decisión puede amenazar el papel de la FDA en el sistema de salud público”, advierte la presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, que señala que la decisión podrá tener “consecuencias que vayan mucho más allá del aborto”. Planned Parenthood Federation of America es la mayor organización proaborto de Estados Unidos, que gestiona en torno a la mitad de los centros que ofrecen esos servicios en el país.
La FDA permite desde 2000 la administración de la mifepristona con receta médica durante los primeros 70 días (10 semanas) desde el momento de la concepción. En 2021, la Administración de Joe Biden convirtió en permanente la posibilidad de recibir la prescripción por correo, tras ensayar esa práctica durante la pandemia para evitar visitas innecesarias al médico. En su página web, se puede leer que la agencia “no recomienda comprar mifepristona por internet”
El medicamento detiene la producción de progesterona e interrumpe el embarazo. El misoprostol sirve para evacuar el útero de la paciente. En algunos países de América Latina, los abortos químicos se llevan a cabo solo tomando la segunda píldora, pero su efectividad se reduce (de más de un 95% si se toma un combinación de ambos a una horquilla entre el 88 y el 95%, si no).
Kacsmaryk proviene del activismo conservador cristiano y su elección como magistrado en el Distrito Norte de Texas se topó en 2019 con la oposición de importantes asociaciones en defensa de los derechos civiles. La senadora Susan Collins, republicana de Maine, protestó durante su confirmación por su historial, que, dijo, demuestra “un prejuicio alarmante contra los colectivos LGTBI, así como desprecio por los precedentes del Supremo”. Su praxis es conocida por la escasa elaboración de sus argumentos, lo que da esperanza a los grupos en el caso de que su decisión acabe recurrida en el Supremo.
Los críticos con Kacsmaryk aseguran que la demanda la pusieron en su jurisdicción, donde él ve el 95% de los casos, buscando un perfil favorable a las aspiraciones de los querellantes. Esa práctica en inglés se conoce como “court shopping”, o ir de compras en busca del juez deseado. La apelación de la sentencia corresponde al tribunal del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, Luisiana, y poder de decisión sobre ese Estado, además de sobre Texas y Misisipi. Al Gobierno federal aún le quedaría la opción de llevar el caso al Supremo, donde aguarda una supermayoría conservadora, de seis contra tres, inédita desde los años treinta.
“La decisión de sacarlo [el medicamento] del mercado carece de precedentes, y obedece a una motivación política de enormes consecuencias para el acceso al aborto a escala nacional”, explica la abogada Carrie Flaxman, directora de litigación de políticas públicas y leyes de Planned Parenthood.
La Administración de Joe Biden dijo hace un par de semanas que ya está trabajando en la respuesta al peor de los escenarios. La vicepresidenta Kamala Harris prometió por su parte que la Casa Blanca rechazaría la prohibición del medicamento. Harris, que ha hecho de la salud sexual y reproductiva uno de los campos de acción de su criticada gestión, se reunió entonces con una docena de médicos y defensores del derecho al aborto para discutir la mejor reacción. “Abundan los ataques políticos y partidistas que intentan cuestionar la legitimidad de un grupo de científicos y médicos que han estudiado la importancia de estas píldoras”, dijo Harris.
