La decisión de Donald Trump de revocar los permisos de extracción a Repsol en Venezuela es el último hito de la carrera de obstáculos que ha tenido que afrontar la petrolera de origen español desde que empezó a operar en el país latinoamericano hace 32 años. En abril de 2024, el presidente Joe Biden revocó la licencia general que otorgaba a las compañías petroleras para operar en Venezuela y en mayo otorgó a Repsol y a otras cuatro compañías (la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries) una dispensa especial para operar en el país. Esa última es la que anuló el lunes por la mañana el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, lo que va a suponer que Repsol tendrá que renunciar a una producción media de 67.000 barriles diarios y tendrá que afrontar un riesgo patrimonial de 504 millones de euros, tal y como constataba en su último estado contable.
Pero las consecuencias de ese veto van más allá, ya que dificulta la recuperación de la importante deuda pendiente de pago por parte del Gobierno de Venezuela a través de la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela SA). La gestación de ese pasivo arrancó en octubre de 2016, tal y como reconoce Repsol en sus cuentas anuales, “con el otorgamiento por Repsol de una línea de crédito por importe de 1.200 millones de dólares [1.110 millones de euros]”, que se iría recuperando a través de pagos en especie. Hasta la decisión adoptada el lunes por Donald Trump, Repsol importaba crudo de Venezuela por dos conceptos. En primer lugar, como pago en especie por la citada deuda histórica y, en segundo, como pago en especie por la actividad que desempeña a través de su negocio de gas, que representa una mayoritaria parte de su producción y que sirve para abastecer de forma mayoritaria los ciclos combinados locales, imprescindibles para mantener un sistema eléctrico que ha hecho aguas durante los últimos trimestres.
Repsol y la petrolera estatal PDVSA firmaron en 2023 un nuevo acuerdo de gestión para la sociedad mixta Petroquiriquire con dos objetivos: aumentar la producción y facilitar la recuperación de la deuda ligada a estos activos. El informe financiero anual consolidado de Repsol, correspondiente al año 2024, apunta que a 31 de diciembre de 2024, “el saldo vivo dispuesto (sin intereses) de dicha línea de crédito ascendía a 634 millones de dólares (586 millones de euros)”, tras haber recuperado 166 millones de dólares (153 millones de euros) en 2024 como consecuencia del citado acuerdo.
En paralelo a ese pacto, Repsol acordó con PDVSA tomar una participación del 40% de los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro con el fin de desarrollar estos yacimientos, en una operación valorada en unos 1.590 millones de euros que permitiría a la española duplicar la producción de crudo a través de Petroquiriquire, con la incorporación de 20.000 barriles diarios, y facilitar la recuperación de parte de esa deuda sin incrementar su exposición financiera al país.
Ambos acuerdos provocaron que las compras de crudo desde España a Venezuela, en su gran mayoría realizados por Repsol a través de los puertos de Bilbao, Cartagena y Tarragona, se multiplicaran exponencialmente en 2024, prácticamente triplicándose y pasando de 1,3 millones de toneladas a 3 millones de toneladas, lo que supuso el 4,6% del petróleo importado por España durante el pasado ejercicio y la cifra más alta desde 2015. Ese fuerte crecimiento provocó que Venezuela, que en 2023 fue el undécimo proveedor de crudo a España, escalara cuatro posiciones superando en el ranking a Irak, Kazajistán, Canadá y Argelia.
En el nuevo contexto de endurecimiento de las sanciones a aquellos países que tengan relaciones comerciales con Venezuela, fuentes del sector consultadas por este periódico apuntan que el crudo que vendía a España podría tener como destino a algunos de los escasos aliados internacionales que le quedan al régimen chavista, como Rusia, China o Irán.
