En Venezuela se observan algunas señales de sensatez, y lo anunciado por CANTV constituye una de estas.
Obviamente que la falta de cobro así como el rezago de ajustes en las tarifas han implicado falta de ingresos con que financiar tanto la ampliación de la red como su mantenimiento. Las consecuencias son públicas y notorias a lo largo de todos los servicios de red en Venezuela, desde interrupción del servicio, intermitencia en su prestación, baja calidad, hasta la desconexión involuntaria o forzada, así como la pérdida de capital humano. Lo anterior asoma un escenario complejo.
Ahora bien, dado el nivel de deterioro en la infraestructura, su obsolescencia y la baja calidad de los servicios por un lado y la falta de recursos para invertir y revertir la situación actual por el otro, nos encontramos ante un dilema del tipo Chicken-egg.
¿Cobrar un servicio que se ha prestado con deficiencia o mejorar el servicio para poder cobrarlo?.
El hecho cierto es que una cosa no impide la otra, hasta cierto punto. Por ejemplo, resulta innegable el principio de la corresponsabilidad tarifaria que los usuarios deben enfrentar para hacer viable el servicio. Sin embargo, quedará la pregunta si resultó más costoso dejar deteriorar la infraestructura y el servicio para luego intentar recuperarlo únicamente vía financiamiento tarifario.
En la medida que el deterioro fue más que proporcional al ahorro en pagos de tarifas, aún ponderando eventuales tasas de descuento del valor del dinero a lo largo del tiempo, la situación resultó socialmente indeseable.
En el mismo sentido del principio de corresponsabilidad de los usuarios, cabe preguntarse, siendo que CANTV-MOVILNET son empresas públicas, si sus propietarios deben financiarla, por ejemplo vía tributos, para recuperar el servicio.
La economía como disciplina asomaría que resulta siempre preferible que bienes y servicios de naturaleza privada -susceptible de rivalidad y exclusión en su consumo- y ante ausencia de fallas como externalidades -fundamentalmente positivas- resulten provistos y pagados privadamente, es decir sin financiamiento público vía tributos. Otro tema, dentro del mismo principio es la carga intergeneracional que se haga sobre los usuarios a lo largo del tiempo; un tema nada menor.
El hecho cierto es que nos encontramos donde nos encontramos, y existe la necesidad de una renovación y despliegue de nueva infraestructura y nueva tecnología -pasar de ADSL a fibra óptica- lo que implica costos incrementales más allá del mantenimiento de la infraestructura pre-existente.
Un desafío importante para reconstituir las fuentes de financiamiento de las inversiones requeridas en el sector telecomunicaciones lo constituye la destrucción del poder adquisitivo del venezolano. Sin embargo, la creciente demanda de datos y el alto valor que otorgan los usuarios a los servicios OTT -por ejemplo, contenido de video streaming– evidenciado en su suscripción y uso, muestra una demanda que puede perfectamente comprender y asumir el costo de la conectividad.
Sin conectividad no hay valor materializable de ecosistema alguno, servicios OTT, Apps, y plataformas digitales.
Venezuela muestra uno de los niveles más bajos del índice de penetración de los servicios de Internet Fijo a escala regional. Esto podría asomar un potencial de crecimiento, a pesar de la crisis macroeconómica y del poder adquisitivo que debe, asimismo, ser resuelta.
Conscientes de que existe responsabilidad en la gestión de la operadora pública, la empresa ha informado sobre un protocolo de notificación de fallas para evitar el corte del servicio si ha existido ausencia del mismo, así como un protocolo para que los usuarios se pongan al día con sus deudas.
Así las cosas, la señal enviada por CANTV sobre la importancia de pagar por el servicio es sensata y necesaria.
El diagnóstico referido a los errores de politizar la economía existe y resulta claro pero no puede imposibilitar que se avance hacia empezar a utilizar el sentido común en la gestión pública y en la visión pública hacia los servicios de red en Venezuela.
