La situación de los derechos humanos ha empeorado drásticamente en Nicaragua, que este martes 10 despojó de su nacionalidad y bienes a 135 ex presos políticos, advirtió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre ese país y el cual actúa en el marco de las Naciones Unidas.
El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo, afirmó que “las continuas violaciones a los derechos humanos están dejando a sectores enteros de la población en un estado de indefensión”.
“Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, dijo Simon en esta ciudad suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por cuyo mandato actúa el Grupo de Expertos.
La declaración del grupo expresó que el poder se concentra cada vez más en las manos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, “y los ciudadanos no tienen a quién recurrir en busca de justicia y rendición de cuentas”.
Eso “agrava el ya generalizado clima de impunidad”, y el Gobierno “sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos contra los derechos humanos”.
De acuerdo con la declaración “continúan las detenciones arbitrarias, torturas y los malos tratos, y la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición, real, potencial o percibida como tal. Las víctimas se ven obligadas a elegir entre la cárcel y la salida del país”.
El 5 de septiembre fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala 135 opositores que estaban tras las rejas, mediante un acuerdo entre los gobiernos de ese país y Estados Unidos con el de Nicaragua. En febrero de 2023 hubo otra expulsión masiva de presos políticos, esa vez llevados directamente a Washington.
Este martes el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó despojar de la nacionalidad a los 135 expulsados hacia Guatemala, argumentando que se trata de personas que “atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación”, y promovieron “violencia, odio, terrorismo y desestabilización económica”.
El comunicado divulgado por la Corte Suprema de Nicaragua indicó que además se decidió “el decomiso de todos los bienes de los condenados”, en respuesta por “los severos daños materiales e inmateriales” que habrían causado.
El Grupo de Expertos sostuvo que “los derechos civiles están bajo amenaza masiva”, y recordó que en agosto de este año, el Estado obligó a cerrar a 1800 organizaciones sin fines de lucro y confiscó arbitrariamente sus bienes.
Expuso que la toma forzosa de las universidades por parte del Estado y las violaciones cometidas contra líderes estudiantiles y profesores han afectado inmensamente a la educación superior de miles de estudiantes y a sus proyectos de vida, con graves repercusiones en las perspectivas y el desarrollo del país.
Los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes “sufren continuas violaciones graves de los derechos de libre autodeterminación y de derechos territoriales. Sus líderes y activistas son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos”, destacó Simon.
“El Estado, por falta de prevención e investigación, también es responsable de violaciones originadas por abusos graves de privados, particularmente, violencia de género y asesinatos”, agregó el experto.
Familiares de personas opositoras al Gobierno, incluidos niñas y niños, también siguen siendo victimizados únicamente por sus lazos de familia.
Simon informó al Consejo de que su grupo ha documentado continuas olas represivas contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.
“Estas olas represivas también implican violaciones del derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su religión, y afectan el goce de otros derechos como las libertades de conciencia, expresión y opinión”, expresó finalmente.
El Grupo de Expertos independientes sobre el tema Nicaragua fue establecido por mandato del Consejo en marzo de 2022, con la tarea de realizar investigaciones sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
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