El Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania (ICPA) empezó este lunes a operar en la sede de Eurojust, en La Haya, con el papel de facilitar el proceso de construcción y preparación de casos judiciales para procesar la invasión de Rusia al territorio ucraniano.
La guerra en Ucrania es “la más documentada de la historia y, por primera vez, se están llevando a cabo investigaciones activas” sobre el crimen de agresión con el conflicto armado aún en curso, siendo este un tipo de crimen que “rara vez ha sido perseguido y para el que no existe una práctica estándar”, recuerda Eurojust.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción para perseguir el crimen de agresión, pero solo podría hacerlo si ambos países afectados han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, y ni Rusia ni Ucrania lo han hecho, lo que ha complicado la situación y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear un nuevo tribunal especial.
“Este día es una prueba de que el establecimiento de un tribunal especial para el crimen de agresión es ahora inevitable. Se establecerá. Porque empezamos nuestro trabajo hoy”, advirtió el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, durante el lanzamiento del ICPA.
UN CENTRO INTEGRADO
En un evento internacional en La Haya, lanzaron oficialmente el ICPA el comisario europeo de Justicia Didier Reynders; el presidente de Eurojust Ladislav Hamran; el fiscal ucraniano Kostin; el fiscal de la CPI, Karim Khan; y la ministra neerlandesa de Justicia, Dilan Yeşilgöz-Zegerius. También ha estado el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth A. Polite, cuyo país no reconoce a la CPI, pero sí colabora con esta investigación a Ucrania.
Reynders señaló que el ICPA “funcionará como una pieza esencial para garantizar la rendición de cuentas, de forma complementaria a los marcos ya existentes”.
Con el ICPA, los fiscales independientes de diferentes países podrán trabajar juntos en el mismo lugar todos los días, “intercambiar pruebas de manera rápida y eficiente y acordar una estrategia común de investigación y persecución” y su trabajo “preparará y contribuirá de forma efectiva para cualquier juicio futuro al crimen de agresión, independientemente de la jurisdicción ante la cual se presenten”, señala Eurojust.
Es una plataforma de coordinación que no tendrá la jurisdicción de emitir órdenes de arresto ni a investigar por sí mismo como centro, reiteró Hamran. Ucrania, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, Eslovaquia y Rumania, los siete socios del equipo conjunto de investigación (JIT) que ya opera desde Eurojust, han participado en la puesta en marcha del ICPA.
También se facilitará la participación de otros países y organizaciones en la ICPA, como la Misión Consultiva de la UE en Ucrania, y aquellos que posean información o pruebas relevantes para la investigación de la agresión pueden solicitar su participación.
Aprovechando el lanzamiento oficial, Eurojust también firmó un acuerdo de contribución, con una cantidad inicial de 8,3 millones de euros, con el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea, que financia el ICPA en su totalidad.
UN TRIBUNAL ESPECIAL
La ICPA no es un tribunal o un órgano judicial independiente. Es un centro único integrado en la estructura existente de Eurojust para apoyar las investigaciones nacionales sobre el crimen de agresión relacionado con la guerra en Ucrania, y los países se beneficiarán del apoyo “operativo, técnico, logístico y financiero” personalizado de esta agencia europea.
“Lamentablemente, existe un gran vacío en la rendición de cuentas por el crimen de agresión en la arquitectura de la justicia penal internacional. El ICPA es uno de los componentes básicos para reforzar la prohibición de la agresión, completando y fortaleciendo así esta arquitectura”, señaló Kostin.
Agregó que este centro es “una señal clara de que el mundo está unido e inquebrantable en el camino para responsabilizar al régimen ruso por todos sus crímenes” y presionó para crear un tribunal especial porque “si el crimen de agresión no hubiera sido cometido, no habría otros 93.000 casos de crímenes de guerra”.
Ucrania ha identificado a 347 sospechosos de crímenes de guerra y 600 de agresión.
La CPI emitió en marzo dos órdenes de detención, una contra el presidente ruso Vladimir Putin, y la otra contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra.
EFE
