Trabajadores del sector público en Venezuela viven una desgracia, al punto que se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI. Aunque el gobierno nacional ha decretado 50 aumentos salariales desde 1999 hasta la fecha, 28 de los cuales durante la administración de Nicolás Maduro, los empleados han perdido su poder adquisitivo por la voraz hiperinflación, y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han sido víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos laborales, siendo el acoso, la persecución, los despidos forzados y las detenciones arbitrarias, una constante en 20 años de gobierno.
Para el abogado laboral Jacobo Mármol, los trabajadores que dependen del Estado venezolano además de ser explotados, están viviendo en condiciones peor que la que tenían los esclavos de la colonia. “En aquella época el patrono se hacía cargo de la alimentación de sus esclavos, pero ahora vemos como el gobierno cancela sueldos miserables que están matando de hambre a sus ciudadanos, sin garantizarle además su derecho a la salud”, expresó. Y es que, desde el 15 de octubre los trabajadores de la administración pública enfrentan un ajuste de sueldos, luego que se anunciara que el salario mínimo integral (sueldo base más cesta ticket) quedó establecido en 300 mil bolívares, que representan 15 dólares al mes.
Como una “estafa”, catalogó Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, tal medida económica porque “sacando cuentas” en la tabla salarial del magisterio universitario, el docente con más años de servicio y de estudios, es decir, el titular con dedicación exclusiva y doctorado, lo que va a cobrar a fin de mes son 725 mil 351 bolívares, que se traducen a 38 dólares, monto con el que puede cubrir sólo el 20% de la canasta alimentaria, que según el Cendas se ubicó en septiembre en 3 millones 724 mil 390 bolívares, que equivalen a 177 dólares.
“Es un irrespeto constante al trabajo honrado y a los años de servicios que le hemos dedicado a está profesión, porque otorgando salarios que son migajas para los trabajadores se está destruyendo bases del desarrollo tan importantes del país como la formación de los jóvenes”, alegó la representante sindical.
Tanto los médicos, empleados de la gobernación, alcaldías, Corpoelec, funcionarios policiales de la región, nacionales y de investigación, militares rasos y docentes, reciben remuneraciones mensuales que están por debajo de los cinco salarios mínimos, sin considerar nivel de jerarquía, años de preparación o antigüedad, aun cuando en Venezuela se requieren 93 de esos sueldos mínimos para cubrir las necesidades básicas.
Alberto Domínguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en Lara, denunció que aunque el los últimos años los empleados públicos han visto la poca capacidad de compra que tienen, argumenta que en agosto de 2018 el gobierno dio una “estocada final” a la lucha laboral.
“Acabaron con la Convención Colectiva y aplanaron las tablas salariales de cada gremio. En este país ya no existen los beneficios socioeconómicos, porque el gobierno ha vulnerado todos los convenios internacionales”, expresó.
Para Domínguez, resulta irrisorio que con menos de tres años de servicio en el sector salud, un obrero devengue 303 mil 900 bolívares mensuales, pero un profesional universitario como una enfermera con estudios de posgrado y más de 15 años de servicios, cobre 472 mil 920 bolívares al mes.
“En la tabla salarial de la administración pública no hay mucha diferencia entre los sueldos de una persona dedicada al área de mantenimiento o un vigilante de un hospital que un profesional universitario, porque al vulnerar los contratos colectivos de cada gremio, el gobierno ha dejado de pagar las primas salariales. De ocho primas establecidas en el sector salud, sólo se están cancelando cuatro y las de antigüedad con porcentajes muy bajos”, mencionó.
Impiden diálogo social
Héctor Contreras, vocero de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, indicó que el gobierno tiene dos décadas incumpliendo el convenio internacional número 144, que estable que todo incremento salarial debe ser discutido entre el Ejecutivo Nacional, empresarios y trabajadores.
“Se han aplicado 50 aumentos salariales en todo este tiempo y en ninguno se han considerado las necesidades de la clase trabajadora. El último incremento representa una bofetada a los ciudadanos que están en medio de una crisis humanitaria y que ya forman parte de los pacientes crónicos”, expresó,
Alega que los incrementos no consideran los niveles de hiperinflación del país, al punto que a los pocos días los ciudadanos pierden capacidad de compra por el encarecimiento de los precios de los productos.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara
