De acuerdo con el reciente informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2021), publicado por Transparencia Internacional, Venezuela se encuentra entre los países más corruptos del mundo.
El patrón de Gran Corrupción, instaurado en el país durante las dos últimas décadas, ha empujado a cerca de 7 millones de connacionales a buscar mejores condiciones de vida fuera de nuestras fronteras, y se ha convertido en el principal obstáculo para el crecimiento económico, político y social de la nación, señala un informe del think tank liberal venezolano Cedice-Libertad.
Los efectos perniciosos de este fenómeno se sienten de forma particular en el sector privado. Para ayudar a comprender la dimensión del entramado de actos ilícitos, los actores que participan y su alcance en las actividades económicas, Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción, a través de se Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento, preparó el documento Impacto de la corrupción en las empresas privadas.
El informe permite conocer la posible corrupción y sus secuelas en sectores esenciales de la economía nacional, que se traducen en mayores penurias para los ciudadanos como consumidores y usuarios de los productos, obras y servicios que generan las empresas.
Además, las actividades productivas y comerciales no están exentas de ser afectadas por prácticas corruptas, que exponen a las organizaciones a riesgos de reputación y eventuales daños a su valor en el mercado.
Ante esta realidad, instancias internacionales y organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de promover la transparencia y la lucha anticorrupción en las empresas, y de actualizar el marco legal que regula los principales ilícitos que ocurren en el ámbito privado.
En el caso de Venezuela, el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizado en junio de 2021, dictaminó que la legislación sobre el soborno y la extorsión en el país se encuentra retrasada.
A su vez, instaron al Estado, a las empresas y a la sociedad civil a desarrollar iniciativas para prevenir y erradicar las irregularidades e ilícitos en que pudieran incurrir los distintos actores que forman parte de este sector: personal, directivos, socios o agentes que operan en su nombre.
Por ello, en concordancia con los preceptos del artículo 12 de dicha Convención, el Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento de la Coalición Anticorrupción, también elaboró una propuesta de 25 Buenas Prácticas para una gestión empresarial transparente, a ser implementada por el sector, tanto productivo como el de comercio y servicios, con el objeto de promover la transparencia y el correcto ejercicio de sus actividades comerciales.
El Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento es una iniciativa estratégica de la Coalición Anticorrupción, movimiento ciudadano promovido por Transparencia Venezuela, que suma 923 organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil venezolana. Su objetivo es hacer seguimiento al impacto de la corrupción en el área de su competencia, así como impulsar el desarrollo de acciones para erradicar este flagelo y visibilizar su impacto en la sociedad.
