Los acuerdos firmados por las delegaciones del gobierno y la Plataforma Unitaria en Bridgetown, Barbados, generan opiniones encontradas. Especialmente el referido a la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos.
Los críticos destacan que las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos no están contenidas expresamente en el texto suscrito.
Mientras que los partidarios celebran el establecimiento de un plazo para la convocatoria de las presidenciales de 2024 y la incorporación de garantías como la observación internacional y la actualización del Registro Electoral.
Efecto Cocuyo consultó al doctor en ciencias políticas por la Universidad de Columbia, Michael Penfold; y al doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Martínez Meucci, para analizar el alcance del acuerdo político.
“Lo que se garantiza es un acuerdo de mínimos; es decir, se acuerda una elección que todavía es muy precaria de cara a 2024, pero que representa un avance importante”, expresa Penfold.
Sin acuerdo sobre inhabilitaciones
Destaca que las inhabilitaciones “son la manzana de la discordia” y que las interpretaciones “dramáticamente diferentes” de los jefes de las delegaciones evidencian que no han alcanzado un acuerdo sobre la materia.
“Este acuerdo es resultado de múltiples conversaciones que se han dado entre Estados Unidos y Miraflores, entre Nariño y las dos delegaciones, entre Bruselas y las dos delegaciones y termina aterrizando en estos dos acuerdos parciales. Es indudable que hay un esfuerzo de todas las partes de poder plasmar algunas cosas elementales que en el contexto venezolano son importantes”, argumenta.
Si bien el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, reiteró que los políticos que estén inhabilitados no pueden ser candidatos presidenciales; su contraparte, en voz de Gerardo Blyde, destaca el punto 11 del acuerdo político.
Este apartado establece que: “se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.
Lo que deja abierta la puerta, en opinión de Penfold, para explorar avances en ese punto.
No obstante, mientras continúan las negociaciones, la favorita de la primaria, María Corina Machado, sigue impedida de ejercer cargos de elección popular.
En este sentido, el experto señala que después del 22 de octubre, el reacomodo de la oposición, con una victoria casi segura de Machado, “es inevitable”.
“La oposición, para poder ganar una elección presidencial va a requerir apoyos más amplios, si no hay un reacomodo que garantice una coordinación estratégica dentro de la oposición se va a arrancar muy débil”, advierte.
“Si se cumpliera lo suscrito en el acuerdo, podría considerarse como un avance, incluso si son aspectos consustanciales a un orden constitucional”, señala Martínez Meucci.
“El acuerdo será un avance en la medida en que comiencen a darse señales concretas de que será cumplido. Ahora bien, de momento, en este documento no se precisan los términos de cumplimiento de los puntos acordados, no están claros los plazos ni los procedimientos y tampoco quedan fijadas garantías al respecto. Se habla de un mecanismo de seguimiento, pero no se precisa quiénes lo integran ni cómo va a funcionar”, cuestiona.
El hecho de que no se mencione explícitamente el asunto de las inhabilitaciones, a pocos días de celebrarse unas primarias de la oposición, “implica que uno de los aspectos fundamentales para despejar la vía electoral no ha sido objeto de ningún acuerdo explícito y sigue siendo un problema”, subraya el doctor en conflicto político.
A su juicio, los puntos discutidos, tales como la actualización del RE y otros tienen un impacto menos concreto en el corto plazo, ya que su cumplimiento puede irse viendo diferido e incluso diluido en el tiempo.
Liberación de presos políticos
Martínez Meucci aclara que la liberación de presos políticos suele ser asumida en negociaciones de este tipo como un gesto de buena voluntad y compromiso.
“El hecho de que nada similar tenga lugar en estos momentos (liberaciones) es lamentable y siembra dudas con respecto a la voluntad del gobierno de cumplir con la apertura de la ruta electoral”, manifiesta.
El profesor no está de acuerdo con la definición anticipada de un mecanismo de sucesión para el candidato presidencial opositor pues, considera que sería una forma de “facilitar prematuramente el desconocimiento de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas”.
“El asunto de las inhabilitaciones no registra demasiados cambios luego de este acuerdo. Si las partes se comprometen a respetar los términos de la Constitución en sentido estricto, la inhabilitación de Machado, por ejemplo, no debería proceder. Pero justamente estamos ante un sistema político autoritario que evade la Constitución y que ha irrespetado los acuerdos que ha firmado en ocasiones anteriores”, expone.
“Si finalmente se produce un resultado como ese (María Corina Machado gana la primaria), la primera labor de la dirigencia opositora es reflexionar en torno a su significado. Obviamente sería una demanda de cambios importantes y estaríamos ante una nueva fase en la evolución de nuestro sistema político y posiblemente implique también la necesidad de trabajar más conjuntamente con la ciudadanía en la búsqueda del cambio político””, agrega.
