Venezuela acaba de recibir un serio revés con la sentencia dictada el pasado día 18 por la Corte Internacional de Justicia que resolvió declarar que sí tiene competencia para conocer el caso de la controversia entre nuestro país y Guyana acerca de la validez o nulidad del laudo de París de 1899 que amputó una importante e histórica porción de nuestro territorio al este del río Esequibo.
Reconociendo lo perjudicial y lamentable de la decisión de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas –organización de la que Venezuela es miembro cofundador (1945)–, es menester asumir que en el mundo civilizado las personas aceptan las sentencias judiciales aunque no les gusten y lo mismo es válido para los Estados.
No es la primera vez que en nuestra América Latina un Estado litigante ha tenido que acoger con dolor una decisión desfavorable de la Corte Internacional. Ejemplos sobran y todos han sido acatados.
1) Nicaragua solicitó a la Corte abocarse a resolver su controversia de delimitación marítima con Colombia en aguas del Caribe. Colombia –igual que Venezuela ahora– objetó la jurisdicción del Tribunal y este –en 2012– resolvió que sí tenía jurisdicción. El siguiente paso fue la sentencia –en 2016– según la cual Nicaragua obtuvo gran parte de lo que solicitaba a expensas de la pretensión colombiana. Con dolor y natural desilusión Colombia (Santos) “se la tuvo que calar” como nación respetuosa del derecho internacional que estima ser.
2) En 2014 se produjo la sentencia de la misma Corte en el litigio por delimitación marítima entre Chile y Perú por la cual este último (Perú) obtuvo un resonante triunfo que con dolor y resignación Chile “se la tuvo que calar”.
3) En 2018 el mismo Tribunal emitió sentencia en el litigio entre Bolivia que aspiraba se decrete la obligación de su vecino –Chile– de continuar renegociando un tratado de delimitación que un siglo atrás la había despojado de su litoral marítimo. El fallo favoreció a Chile con la particularidad de que el mismísimo presidente Evo Morales estuvo presente en la sede de la Corte durante la sesión en la que fue leído. Con igual decepción y respeto por la ley Bolivia “se la tuvo que calar”.
Como venezolanos es perfectamente natural que estemos descontentos con una sentencia que no nos favorece y que anuncia difícil evolución para la hora en que deba litigarse el fondo del asunto que es la validez o nulidad del laudo de 1899 que sin duda Guyana activará más temprano que tarde. El fallo dado a conocer el día 18 es inapelable, lo cual significa que no hay ningún otro recurso legal. Con lágrimas en los ojos y rechinando los dientes “nos la tenemos que calar” y prepararnos lo mejor posible para la etapa que sigue aun sabiendo que nuestra posición se ha debilitado tanto por el transcurso del tiempo, como por la omisión culposa de los gobiernos de Chávez y Maduro que prefirieron privilegiar su proyecto político con vocación de influencia internacional en el Caribe antes que atender un reclamo que desde 1962 venía adelantando Venezuela durante todos sus gobiernos. Irónico y trágico es constatar que hoy, después de dejar llover millones de dólares en Petrocaribe y otras dádivas, todos (repito “todos”) los vecinos del “mare nostrum” (Caribe), incluida Cuba, abrazan la causa de Guyana y no la nuestra.
Quien lea estas líneas debe saber o enterarse de que en la etapa que acaba de culminar Venezuela optó por no comparecer ante el tribunal, lo cual está permitido dentro de las reglas procesales vigentes que además indican que ello no implica que el tribunal no deba atender los argumentos del no compareciente, los cuales –en efecto– fueron tenidos muy en cuenta – y ocupan varias páginas– a la hora de emitir la decisión, pero… no estar a la pata del mingo cuidando el negocio no es igual que sí estar.
También el lector debe saber que el gobierno (que antes de marzo de 2019 no era “usurpador”) contrató a un eminente jurista español (Antonio Remiro Brotons) para que lo asesorara. No se consultó ni pidió opinión a ningún especialista venezolano en la materia, que los hay y muy reconocidos. La soberbia y talante excluyente les hizo creer que quienes aparte de su experticia no compartieran el “ideal revolucionario” nada pudieran ni debieran aportar. Así y todo, por vías extraoficiales, se consiguió preparar un resumen de nuestros argumentos y distribuirlos a los magistrados sin que hayamos podido saber si fueron o no tenidos en cuenta. Allí no manda Maikel Moreno ni el PSUV, bien lo sabe este columnista que en sus años de formación hizo pasantía allá.
En definitiva, este es el momento de abrazar una causa nacional, que a todos nos arrope sin banderas ni agendas subalternas. Aquí lo que se nos impone es la venezolanidad por encima de las etiquetas políticas y agendas personales, que desgraciadamente las hay. Parece pertinente el lanzamiento de una campaña realista de información y difusión recalcando los argumentos que sustentan nuestro reclamo, pero sin generar expectativas que puedan culminar en frustraciones como las ya muchas que llevamos sufridas.
La propia Corte Internacional ha dicho expresamente que tanto ya como a la hora de tramitarse el fondo del asunto nada obsta para que las partes recurran o continúen explorando otras vías de solución, que las hay. Obvio es que quien ostenta la posesión total del área en reclamación –Guyana– mostrará menos interés que nosotros en transitar esos caminos y también es obvio que la palabra “negociar” significa entender que la cosa es dando y dando, por cuya razón nuestras máximas aspiraciones deberían ser reevaluadas.
La otra solución es que nuestra Fuerza Armada Nacional tome la batuta y resuelva el asunto en otros términos. Para quienes abriguen esa alternativa es bueno que tomen en cuenta que estamos en pleno siglo XXI, cuando esos estertores suelen tener consecuencias indeseadas.
Adolfo P. Salgueiro
