Un gran número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en medio del fin del Título 42 son de nacionalidad venezolana, constataron enviados especiales de la Voz de América la semana pasada.
Los especialistas atribuyen la situación a varios factores, entre ellos la crisis humanitaria en Venezuela y las dificultades de acceder a un estatus migratorio regular en EEUU.
Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), destaca que muchos venezolanos llegan desde otros países tras varios intentos de migración.
“El asunto es que las personas creen que lo que está mal es el sitio donde ellos están y por eso tratan de probar suerte. Es una situación que no está afectando solamente a la población venezolana”, explicó al ser consultada por la VOA.
En ese sentido, se refiere al impacto económico mundial de la pandemia del COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania.
Obstáculos
Cada vez más países solicitan visas e implementan medidas más restrictivas, especialmente para los venezolanos, que enfrentan dificultades para gestionar documentación esencial como cédula y pasaporte, lo que significa un importante obstáculo.
Al respecto, Laura Dib, directora para Venezuela de WOLA, sostiene que la situación impide que muchas personas puedan regularizar su situación migratoria y por lo tanto acceder a las garantías de sus derechos, lo que, de manera “desesperada” los lleva a tomar rutas peligrosas como la selva del Darién.
Además, insiste en la necesidad de que se comprenda el contexto regional y alerta que imponer medidas más duras “no disuaden a la gente de migrar” y fomentan el funcionamiento de redes de trata de personas entre otras actividades ilícitas.
“Volver al Título 8, creemos que lo que puede pasar es que compliquen más las solicitudes de asilo, pero en este momento la situación es incierta. Está la idea de que el fin del Título 42 va a crear un efecto de llamado, eso parte de una premisa de que quienes migran están informados del marco normativo y eso no es cierto. La gente va a seguir saliendo en la medida en la que se les sigan cerrando las puertas en el resto de la región y que continúe la violación masiva de DDHH en Venezuela”, dijo Dib a la VOA.
Dib, abogada con maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, destaca la necesidad de una respuesta regional de regularización migratoria pero también de la garantía del principio de no devolución.
Bolívar, socióloga especializada en DDHH, coincide en que las personas continuarán moviéndose, pero en condiciones “más riesgosas”, y reitera que la migración “no se va a detener porque se pongan barreras”.
“Lo que va a pasar es que la gente va a seguir saliendo, pero en situaciones más precarias, de mayor riesgo, expuestos a situaciones más difíciles. Lo hemos visto antes y se va a repetir con esta situación que estamos enfrentando ahora”, subraya.
Además, Bolívar recuerda que organismos como la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) dependen de apoyo de los países de acogida y actualmente observa un “agotamiento” de la comunidad internacional.
A juicio de Dib, en la región, independientemente de su posición política, existe una tendencia de incremento de gobiernos autoritarios y se refiere al “retroceso en la democracia” regional.
“La migración es causada por la incapacidad de nuestros Estados de garantizar los DDHH. Creo que en la medida en la que se mantengan estas situaciones, va a seguir existiendo migración. Siento que no hay una verdadera respuesta regional al contexto de movilidad humana desde una perspectiva de DDHH”, manifiesta.
“Prohibido olvidar”
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
La situación, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha causado que el país se haya convertido en el “más desigual” de la región desde el punto de vista de ingresos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), proyecto que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social y que se ha convertido en la mayor fuente de información “oportuna”.
El año pasado, Venezuela cerró con una inflación de 234 %, según cifras oficiales. Aunque según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) un ente independiente conformado por expertos, fue de 305,7 %.
En todo caso, el poder adquisitivo de los trabajadores está “pulverizado”. Desde marzo de 2022, el gobierno no aumenta el salario mínimo, que pasó de ser el equivalente a unos 30 dólares en ese entonces a poco más de 5 dólares actualmente.
El 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de las bonificaciones que son “insuficientes” y no acorde al artículo 91 de la Constitución, que establece que los trabajadores tienen derecho a un “salario suficiente” que les permita vivir “con dignidad” y que el Estado debe garantizar “un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
Según el centro de pensamiento independiente, Equilibrium CenDe, más de 11 millones de venezolanos perciben ingresos mensuales inferiores a 101 dólares.
De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice), el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas se ubicó en 497,5 dólares durante la segunda quincena de abril.
Para los expertos y ciudadanos de a píe, se trata de un panorama sombrío que está “lejos de evolucionar hacia una pronta salida” y, de hecho, mientras no se produzcan cambios estructurales y políticos, el escenario es y será que la migración de venezolanos no va a cesar.
“Las razones que dieron origen al flujo migratorio venezolano no han cambiado, el deterioro continúa. Hubo una especie de burbuja, pero sabíamos que era temporal, que no era sustentable y lo estamos viendo, era una situación artificial y estamos de vuelta en una situación de migración porque la gente está en condiciones muy precarias”, sostiene Bolívar.
La semana pasada, el diputado chavista y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, exhortó a los venezolanos a regresar al país y aseguró que más de 35.000 ciudadanos han vuelto a través del Plan Vuelve a la Patria, un “programa” implementado en 2018 para facilitar el retorno de migrantes en “situación económica precaria”.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la comunidad internacional, pero, aunque admiten que en algunos casos han tenido “efectos nocivos”, especialistas como Dib insisten en que tanto la emergencia humanitaria compleja como la migración comenzaron antes de la implementación las sanciones y es consecuencia de la “corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática”.
