Ser niña representa un gran riesgo en el Perú, donde cerca de 9000 entre los 11 y 14 años asumieron maternidades producto de una violación sexual en lo que va de este año, afectando gravemente sus derechos.
“El Estado no hace cumplir las leyes y normas que las protegen de la violencia sexual, de embarazos obligados y de maternidades impuestas”, afirmó Elvira Angulo, directora de la organización no gubernamental Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), ubicada en el departamento de San Martín, en el norte selvático de la Amazonia peruana.
Con 39 años de trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres, la institución viene alertando sobre este grave problema. Haciendo seguimiento al Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud, evidenciaron que entre enero y la primera quincena de agosto, 637 niñas entre 11 y 14 años habían dado a luz, de las cuales 55 eran de la región San Martín.
El consolidado del 2017 a la actualidad, arroja la cifra nacional de 8910 nacimientos partos de niñas de 11 a 14 años, 662 de estos en San Martín. Tomando en cuenta los 1620 registrados en 2022, por lo menos cuatro niñas de ese rango de edad fueron madres cada día en este país sudamericano.
En Perú, con 33 millones de habitantes, la población estimada de 10 a 14 años por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) es de dos millones 700 000 aproximadamente, 1,33 millones son niñas.
En opinión de Angulo, hay una cadena de desinterés, desinformación y desidia entre los operadores estatales que impacta directamente en el bienestar de las niñas.
“Ante una denuncia de violencia sexual contra una niña, ella debe acceder al kit de emergencia para evitar un posible embarazo, pero eso no ocurre y se ven en la terrible realidad de una gestación y posterior parto, porque tampoco se garantiza su derecho al aborto terapéutico”, dijo a IPS desde la ciudad, Tarapoto, capital del municipio de San Martín, en la región del mismo nombre.
“Si tengo que interrumpir el embarazo, que es una decisión muy difícil para la mujer como para el personal de salud, tengo que tomar una decisión, no voy a esperar a que se muera como tantas mujeres “: Enrique Guevara.
Según la legislación peruana, las relaciones sexuales con una niña de hasta 14 años se consideran una violación sexual, aunque contempla agravantes según la edad. Desde que cumplen 14 años, las niñas quedan fuera de esa protección particular y entra a operar la legislación general para las agresiones sexuales contra las mujeres.
El Código Penal, en el artículo 173, establece cadena perpetua si la víctima tiene menos de 10 años. Su tuviera entre 10 años y menos de 14, la condena no será inferior a las tres décadas. La figura del consentimiento es irrelevante en estos casos pues se protege la indemnidad o incapacidad sexual de la niña en esas edades.
“Nuestra sociedad y los operadores estatales juzgan a la niña en vez de preocuparse por su bienestar, muchas no retornan al colegio por la discriminación y por las condiciones económicas, ya que deberán encargarse del nuevo nacido. A los 11 años deben estar en la etapa del juego y no renunciando a sus proyectos de vida”, afirmó Angulo.
La gubernamental Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 indicó que casi el 20 % de mujeres de 12 a 24 años que dejó los estudios lo hizo por motivos de embarazo o matrimonio. La mayoría correspondió al área rural.
Derecho al acceder al aborto terapéutico
El Estado peruano ha sido exhortado por diversos organismos de derechos humanos para que despenalice el aborto, que es causal de muerte y daños a la salud de las mujeres que lo realizan en condiciones inseguras debido a su penalización.
En Perú, la interrupción del embarazo solo es legal cuando se practica para salvar la vida de la gestante o evitarle un grave daño a su salud. Esa causal de aborto terapéutico es legal desde 1924, pero su guía técnica, necesaria para su aplicación, solo se aprobó 90 años después, en el 2014, tras intensas luchas feministas.
En junio, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas exigió al Estado peruano despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, y asegurar el acceso a servicios seguros durante y después de la intervención, en particular en los casos de riesgo a la vida y salud, violación o incesto.
Este dictamen responde al caso de “Camila”, presentado en 2020 por la organización peruana Promsex para denunciar el caso de una niña de 13 años embarazada producto de la violación de su padre, y a quien no se hizo caso en su pedido de no continuar con la gestación. Por el contrario, cuando sufrió un aborto espontáneo, fue criminalizada.
“La mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando está en riesgo la vida y la salud, entiéndase desde un concepto holístico como salud física, mental o social y no como ausencia de enfermedad. Cuando una niña es víctima de violación, es mayor el riesgo en su salud física y mental”, afirmó Enrique Guevara Ríos, vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (Spog).
La Spog se pronunció a raíz del caso de “Mila”, otra niña de 11 años de la ciudad amazónica de Loreto, que llamó la atención de los medios nacionales en la primera semana de agosto cuando se hizo pública la negación al aborto terapéutico por el hospital local, pese a que la niña era violentada sexualmente por su padrastro.
Finalmente la niña logró acceder a la interrupción del embarazo en Lima, el caso evidenció las barreras para este derecho.
En el comunicado señalaron que el embarazo en una niña o adolescente producto de una violación sexual pone en peligro su vida o su salud física o mental, conforme lo sustentado por las principales sociedades científicas de Obstetricia y Ginecología, por lo que recomiendan su interrupción para proteger su vida, salud y dignidad, especialmente las más vulnerables y marginalizadas en el Perú.
Especialista en ginecología y obstetricia, con más de 30 años de experiencia, Guevara explicó que el proceso para el aborto terapéutico inicia con la solicitud que se dirige al director del hospital, a partir de lo cual sigue una ruta dentro de lo cual está la formación de una junta médica que determina si procede o no.
De ser afirmativa la respuesta, se firma el respectivo consentimiento informado, se realiza el procedimiento y luego se hace seguimiento a la salud física y mental de la niña. Para concretar la interrupción, el embarazo no debe ser mayor de 22 semanas.
En el Instituto Nacional Perinatal donde labora, conocido como Maternidad de Lima y donde se practicó el aborto terapéutico a “Mila”, se han atendido entre 2009 y 2021 un total de 470 mujeres por un aborto legal, de las cuales cinco eran menores de 14 años según indicó Guevara a IPS, en entrevista en su oficina del Instituto.
Cuestionó con dureza a los sectores políticos y de la sociedad que se oponen al derecho de las mujeres a acceder a un aborto caso de un embarazo producto de una violación sexual.
“Eso es tortura, es un hecho más de discriminación contra ellas. Si tengo que interrumpir el embarazo, que es una decisión muy difícil para la mujer como para el personal de salud, tengo que tomar una decisión, no voy a esperar a que se muera como tantas mujeres “, remarcó.
Un daño permanente
Sofía, un nombre ficticio para preservar su identidad, fue violada sexualmente a los 13 años. Ella vivía en una zona rural amazónica del departamento de Junín con su madre y hermanos, también menores de edad. No dijo nada en su casa, tenía miedo y vergüenza, y cuando su vientre comenzó a crecer trató de disimular lo más que pudo.
Los dolores de parto la llegaron trabajando en el campo y dio a luz con la ayuda de su madre entre hierbas y tierra. Dejó el colegio, se fue de su hogar, se casó y tuvo tres hijos antes de llegar a Lima a los 32 años. Hoy tiene 40 años, vive en situación de pobreza y labora como vendedora ambulante en un mercado del municipio de Ate, al este de Lima.
Ella confió su historia a IPS: “Yo pensé que la violación no me había afectado, quizá era más importante mi necesidad de comer, además a mi primer hijo le conté la verdad y tengo buena relación con él”, contó dentro de su hogar.
Agregó que eso ha cambiado: “Ahora siento que todo se me derrumba, que cada cosa que hago está mal, que no puedo hacer nada… me dan ganas de llorar. He hablado con la psicóloga de la posta (ambulatorio) y me dice que eso que me pasó lo tenía bloqueado por mi mente.
Su vida la siente suspendida de un hilo, en una angustia y temor permanente hasta hacer temblar su cuerpo. “Con el tiempo ha salido eso que estaba adentro, pero tengo que seguir adelante porque mis hijos están todavía pequeños y no tengo plata ni tiempo para una terapia. Además, mi esposo no sabe y no le quiero contar”, reveló.
Como Sofía, muchas niñas y adolescentes que se ven forzadas a una gestación y maternidad por una violación ven sus proyectos de vida alterados o deshechos. En el caso de ella, el Estado estuvo totalmente ausente, mientras que en otros como los de Mila o Camila fue el que perpetró la vulneración a los derechos.
“Está comprobado que el daño de la violación a la salud mental de las mujeres puede ser permanente, el síndrome de estrés post traumático va a estar toda la vida, subrayó Guevara, el vicepresidente de Spog.
Es su derecho tener información para decidir si desea o no seguir con un embarazo, y si dice que no, nadie debe culparla o pedirle un sacrificio, eso es muy malévolo”, subrayó.
ED: EG
